Categoría: Análisis

Con motivo de la aparición del virus ISA en planteles de salmones cultivados intensivamente en la X Región de Los Lagos, el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) estableció en el año 2007 áreas de restricciones sanitarias denominadas “Zonas de Vigilancia” en varios sectores ocupados por concesiones salmoneras en las X, XI y XII Regiones del país. Estas “Zonas” aumentaron en número a medida que avanzada la enfermedad y que, sin embargo, en menos de un año se manifestaba entre el Seno del Reloncaví (X R) y Puerto Natales (XII R) afectando a 2.200 kilómetros lineales de las Aguas Interiores del Mar Territorial Austral.

Por lo que toca a Monseñor, don Pedro Casaldáliga poco después de su muerte habló por muchos: “América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini… San Romero de América, pastor y mártir nuestro: nadie hará callar tu última homilía”. En el centro de la fachada de la abadía de Westminster, pusieron una imagen de Monseñor entre Martin Luther King, de la Iglesia bautista, y Dietrich Bonhoeffer, de la Iglesia luterana. En Africa, al arzobispo del Congo, Christophe Munzihirwa, asesinado en 1996 por defender a centenares de miles de refugiados, hoy le llaman el “Romero de Africa”. A Noam Chomsky, defensor de causas nobles, atacado por el establishment, un periodista le preguntó al cumplir 80 años: “a su edad, ¿qué le hace seguir luchando?”. Le contestó: “Imágenes como ésa”. Y apuntó a un cuadro en su despacho en el que se ve al arzobispo Romero y seis intelectuales jesuitas.

Estamos ante una demostración clara de cretinismo, una búsqueda obsesiva y que a veces se vuelve obscena de acuerdos cupulares a todo trance que deja de lado o « tiende a bajar el perfil » de la necesaria movilización popular. La actual dirección del PC, corre así el riesgo de « cortarse » de un vasto sector del pueblo, en el que prima a pesar de todo una lógica unitaria que excluye todo entendimiento programático con la Concertación, mientras ésta aplique el continuismo neoliberal. Esto es, acuerdos bajo tabla a espaldas de sus militantes y no conversaciones, puesto que estas últimas un revolucionario debe mantenerlas hasta con el diablo en persona.

La pena de muerte tiene hoy cercado a EEUU. En el mes de julio de 2000, las cortes de este país tienen ordenada y aprobada la ejecución de más de tres mil personas [7]. Cuando este texto sea leído, el calendario de Internet que da las ejecuciones del mes tendrá nuevos nombres. Los condenados, suficientes como para llenar más de 80 buses, serán muertos posiblemente en condiciones higiénicas y discretas. Fuera de algo inesperado, nada los salvará, ya que la pena es legal (no constituye "un castigo cruel e inusual" prohibido por la Constitución).

En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan  Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.

A pesar del Estado de Sitio y el toque de queda, aumenta cada día el número de los que han llegado hasta El Ocotal, en Nicaragua, a sumarse al campamento de quienes apoyan al presidente Zelaya, que se encuentra ahí, después de haber ingresado a territorio hondureño. El mandatario solicitó a las Naciones Unidas que le diera el estatus de refugiados y la ayuda correspondiente a quienes están allí acompañándolo, porque si regresan a Honduras, están amenazados con una condena a 6 años de prisión por “traición a la patria”, la que por lo visto sólo le pertenece a los golpistas.

Quien se precie de ser un observador sereno del panorama político nacional dominado estas semanas por una campaña presidencial de muy baja estofa, tendrá necesariamente que concluir que los auténticos decadentes siguen predominando en la política chilena.    Es que los temas de debate se perdieron y la pugna presidencial cayó a un área pantanosa.

El 21 de abril del 2009 informábamos esto:
El año 1982 Eugenio Silva Risopatrón, representante de la SBIF, entabló demanda criminal en contra de Sebastián Piñera, a la sazón Gerente General del Banco de Talca, y algunos ejecutivos de esa entidad por los delitos de defraudación (estafa), infracción a la Ley de Bancos y otros cargos dañosos contra Piñera. En el 2º Juzgado del Crimen de Santiago se abrió la causa Rol Nº 99.971-6 El juez a cargo los declaró reos. Los otros encausados eran Miguel Calaf y Alberto Danioni, socios de Piñera, ya encarcelados por resoluciones del juez 2º del crimen y el ministro de la Corte de Apelaciones Luis Correa Bulo. Correa ordenó el arresto de Piñera. Los socios cumplieron penas de tres años de prisión pero el cabecilla se escondió por 24 días, hasta que la Suprema de la época acogió su recurso de amparo.

América Latina, pero también los EEUU, son las zonas que corren mayores riesgos. "Hay 200 millones de armas de fuego en circulación en los EEUU y la violencia social ya se manifiesta a través de pandillas", advierte Franck Biancheri, quien preside la asociación.
De cualquier manera, y a la luz de los datos económicos, un escenario de huelgas y conflictos sociales en el Imperio USA no está sacado de una novela de Julio Verne sino (además de la crisis global) de una proyección lógica y emergente  de la desocupación desatada por la recesión industrial y empresarial estadounidense, para la cual ni la administración saliente de Bush ni la administración  de Obama han conseguido  soluciones concretas.

Frente al avance de los movimientos indígenas, se recurre a la criminalización de sus protestas.
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.