Legalidad (neo)liberal chilena: ni tan pareja, ni tan dura

Esta semana se conoció el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de
cinco de los siete imputados por revelar y/o utilizar información
privilegiada en la fallida fusión que años atrás se intentó entre
Falabella-D&S (los otros dos son MARÍA LUISA SOLARI y MARCEL
ZAROUR). Se trata de PETER STUDER, VICENTE ARESTI, ALEJANDRO IRARRÁZABAL
y EUGENIO EBEN (por "delito consumado de uso de información
privilegiada"), y ANA MARÍA LAGUNA (por "delito consumado de revelación
de información privilegiada").

La defensa de los citados cinco
violadores de la ley logró una salida alternativa al proceso penal:
"Bajo esta fórmula, los imputados no aceptan los hechos, no son
sometidos a un proceso penal y no se deja registro en sus antecedentes,
si cumplen tres condiciones: primero, fijar su domicilio; segundo,
realizar una firma mensual; y tercero, efectuar una donación benéfica
como compensación a la sociedad" (El Mercurio, 08.02.11).

Un proceso
administrativo anterior de la Superintendencia de Valores y Seguros ya
los había multado con altas cifras de dinero. No obstante, el proceso
penal es de un cariz diferente y de mucha mayor importancia. De donde el
acuerdo entre la Fiscalía (representante del Estado, el pueblo o el
"soberano") y la defensa de los imputados, toma un cariz de una gravedad
que en general parece haber sido pasada por alto en la sociedad
(neo)liberal chilena.

En términos simples el proyecto liberal
persigue la supremacía de la autonomía individual, la cual en la
búsqueda de objetivos personales conseguiría al mismo tiempo beneficios
sociales. Estos se lograrían por un ajuste o equilibrio automático de
esas diversas y numerosas autonomías, el cual se posibilita SÓLO si no
se las interviene. Para la consecución de dicho fin y a la vez en tanto
escenario que lo hace posible, se desarrolla la idea de un "orden
[económico, social y político] espontáneo" como propusiera Adam Smith en
el siglo XVIII y que Friedrich Hayek reitera con el mismo concepto en
el XX. A la fecha la representación dominante de tal concepción es la
del mercado autorregulado. Pero los sistemas autorregulados son
concebidos incluso antes de Smith (es el caso del republicanismo de John
Locke en el siglo XVII) y son comunes entre los ilustrados.

El
Liberalismo necesita materializar primero y preservar luego la autonomía
individual: resguardarla de intervenciones y/o violaciones al
equilibrio autosustentado a que da a lugar. En otras palabras, la propia
existencia y reproducción de una sociedad liberal requiere que se
mantenga el "orden espontáneo", sostenido en un marco legal promulgado
por el soberano o pueblo a través del legislativo. Quien viola ese
marco, como diría Locke, se hace enemigo natural de los demás y merece
que le caiga todo el peso de la ley.

En dicha lógica liberal y
respecto a las violaciones a la ley, hay algunas que por su gravedad el
Estado no puede dejarlas en manos de los privados. Su duro reproche
legal es tan evidentemente indispensable para la existencia de la propia
sociedad, que la justicia PENAL (no la civil) se encarga de ellos.
Dentro de esas gravísimas violaciones, que conllevan penas de privación
de libertad, está el uso de información privilegiada.

La amenaza que
aquel delito representa radica en que entrega ventajas -ilegítimas e
ilegales- a ciertos individuos por encima de los demás competidores en
un libre mercado. Se pierde así la igualdad primaria y básica que
debería existir en el ámbito económico, el más relevante de una sociedad
liberal. Tal crimen termina siendo una amenaza al equilibrio del propio
sistema. Es una distorsión que podría llevar a un devastador efecto
dominó en el mercado y por ende en la sociedad toda (además de la
acumulación de poder económico, que daría lugar a acumulación de poder
político, en unas pocas manos). Es decir, es uno de los actos más
antisociales que se puedan perpetrar en una sociedad (neo)liberal…
como la nuestra.
Mas, ya se indicó, al Estado (neo)liberal chileno
ese crimen, aunque de carácter penal, no le parecería tan grave. Lo
mismo que con otras trasgresiones que violan el sacrosanto libre mercado
(concentración económica o concertación de precios por ejemplo), las
penas son bajas. Y lo son a pesar de tratarse de delitos que implican
ganar ilegalmente cifras millonarias y perjudicar a la inmensa mayoría
de la ciudadanía. En el caso Falabella-D&S la privación de libertad
no hubiera ido más allá de los cinco años… De hecho, ese fue uno de
los argumentos sostenidos para llegar a un acuerdo con los imputados.
Pero
aquí se cree que en realidad lo más relevante, desde el punto de vista
(neo)liberal que hoy domina Chile, es que esos crímenes atentan contra
el mismísimo corazón teórico-práctico del sistema de mercado
autorregulado… ¡El que no es resguardo debidamente por sus propios
incondicionales!

Esa incoherencia queda aún más de manifiesto cuando
se la compara con las penas estipuladas para otros crímenes; como es el
caso de los distintos tipos de robo. Lo extremadamente delicado es que
al hacer ese ejercicio comparativo, la ciudadanía puede sacar dos
conclusiones inapelables: en Chile por lejos es mejor violar la ley que
acatarla y por lejos es mejor delinquir a lo grande que andarse con
lanzazos, cogoteos, cuentos del tío y otras ordinarieces por el estilo.
La singular legislación (neo)liberal chilena deja abierta la puerta
ancha a la insociabilidad… Locke, ¡sacúdete en tu cripta!
Además, a
esa extraña legalidad (neo)liberal, debe sumarse la extendida y
aceptada cultura clasista nacional. Pues, para nadie es un misterio que
en Chile no todos somos iguales ante la ley, ni ante los ojos de
nuestros conciudadanos y conciudadanas. Mientras los crímenes de los
delincuentes de "cuello y corbata" quedan en una especie de limbo o
pseudoimpunidad, algo muy diferente ocurre con los perpetrados por los
delincuentes "comunes". Ningún cogotero, lanza o mechero lograría el
acuerdo de lujo al que llegaron los ejecutivos de una "irreprochable
conducta anterior" citados: no se les permitiría quedarse con el 90% de
un botín, ni que sus papeles de antecedentes quedaran inmaculados.

Claramente
ese clasismo ha implicado que la majadería de TODA la clase política
por la seguridad ciudadana, NUNCA se haya enfocado en esas asociaciones
ilícitas de altos ejecutivos y/o grandes empresarios que consiguen
millones fuera de la ley… Mismo clasismo que de seguro haría
incomparable la espantosa muerte de delincuentes comunes quemados vivos,
con una hipotética calcinación de reos VIP.

Chile es tan clasista y desigual que hasta en el delito los pobres se la llevan peor, mucho peor en lo legal.
Así
las cosas, al final se puede especular que: 1. No hay liberales en
Chile; 2. Los neoliberales no tienen idea de la ideología que deberían
sostener y defender; 3. A los neoliberales les acomoda una legalidad que
dé manga ancha a sus manejos turbios… E incluso se podría agregar una
cuarta reflexión: con penas más duras para castigar el uso de
información privilegiada hoy no tendríamos presidente.

Tenía toda la razón Violeta Parra cuando cantaba que en estas tierras el "refinado ladrón" actúa "a la sombra de las leyes".