Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela: “Las sanciones económicas matan”

Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo: visita a Venezuela y Ecuador

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy, 30 de agosto de 2018, el demorado informe del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas (Estados Unidos de América, Suiza) en su visita a Venezuela y Ecuador del 26 de noviembre al 9 de diciembre de 2017.

Puede bajar y leer el Informe completo, en formato PDF, en idioma castellano:  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1823934.pdf

o en idioma inglés: https://dezayasalfred.wordpress.com/2018/09/10/report-of-the-independent-expert-on-the-promotion-of-a-democratic-and-equitable-international-order-visit-to-venezuela-and-ecuador/

El profesor de Zayas fue el primer relator de la ONU en visitar Venezuela desde 1996. También es uno de los pocos relatores que visitó Ecuador recientemente. La misión tuvo como objetivo examinar los modelos sociales y económicos prevalecientes en los países del ALBA a fin de formular propuestas constructivas para mejorar la situación de los derechos humanos y formular recomendaciones pragmáticas sobre cómo resolver las tensiones económicas y políticas. Dirigió la misión de conformidad con los términos de referencia del mandato del orden internacional. Teniendo en cuenta que el experto no es un “súper relator” o un plenipotenciario, su misión no pudo centrarse en las violaciones de la libertad de expresión, la independencia del poder judicial o el derecho de reunión y asociación pacíficas. Sin embargo, el experto recibió y transmitió las peticiones pertinentes a los relatores involucrados y recomendó al gobierno venezolano que se invite a otros relatores.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han publicado informes sobre ciertos déficits democráticos y de derechos humanos, problemas constitucionales y para-institucionales, llamando la atención sobre la situación de la crisis económica que afecta a Venezuela, caracterizada por hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas y emigración masiva.

En su informe, el experto independiente expresa la opinión de que la razón de ser del Consejo de Derechos Humanos y de los relatores de las Naciones Unidas es ayudar a todos los pueblos para hacer valer sus derechos humanos en una libertad más amplia. Por lo tanto, su tarea consistía en evaluar objetivamente la situación con miras a ayudar a todos los pueblos interesados, sin discriminación, ofreciéndoles los servicios de asesoramiento y asistencia técnica de los organismos de las Naciones Unidas y el apoyo efectivo mediante la asistencia humanitaria. Su prioridad no era ni podría haber sido “nombrar y avergonzar”, sino más bien escuchar y mediar.

Antes de su visita, el experto independiente estudió todos los informes relevantes y verificó de nuevo sus fuentes. Durante la visita, con la asistencia profesional del PNUD, se esforzó por reunirse con todas las partes interesadas a las que pudo llegar, recibiendo toda la información y escuchando a todas las partes de conformidad con el principio audiatur et altera pars. Se reunió con miembros de la oposición, la Asamblea Nacional, la Cámara de Comercio (Fedecámaras), ONG de oposición y de gobierno, iglesias, diplomáticos, profesores, académicos, estudiantes, familias de detenidos y víctimas de la violencia durante las “guarimbas”.

El informe busca las causas de la crisis económica, teniendo en cuenta la prueba presentada por el principal argumento de la oposición de que el modelo socialista ha fallado y que actualmente hay demasiados ideólogos y no suficientes tecnócratas en el gobierno. El experto propone una visión más matizada, observando que entre los múltiples factores que afectan la crisis también se debe considerar 1) la dependencia centenaria de la venta de petróleo y el efecto devastador de la fuerte caída de los precios del petróleo, 2) el efecto acumulativo de 19 años de guerra económica llevada a cabo contra el régimen socialista, comparable a las medidas adoptadas 1970-73 contra el gobierno de Salvador Allende en Chile y en la década de 1980 contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, 3) el bloqueo financiero, comparable al sufrido por Cuba desde 1960, y 4) los efectos de las sanciones económicas impuestas desde 2015, que han agravado enormemente la escasez de alimentos y medicinas, han causado serias demoras en la distribución y han desencadenado el fenómeno de la emigración masiva a los países vecinos.

En el párrafo 34 del informe, el experto independiente escribe: “Si bien los embargos de venta de armas pueden justificarse contra algunos países, especialmente para facilitar el diálogo y la paz, las sanciones económicas que afectan a poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas. Durante décadas, los organismos de las Naciones Unidas han condenado las medidas coercitivas unilaterales, especialmente en el histórico estudio de 2000 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que documenta los efectos adversos de esas medidas en los derechos humanos”.

En el párrafo 35, continúa: “El 23 de marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos condenó las medidas coercitivas unilaterales por 28 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, porque las sanciones económicas demostrablemente causan la muerte, agravan las crisis económicas y perturban la producción y distribución de alimentos y medicinas, constituyen un factor de empuje que genera emigración y conduce a violaciones de los derechos humanos. La negativa de Colombia a entregar medicamentos contra la malaria que se ordenó para combatir un brote en noviembre de 2017, así como la ausencia de condena por parte de la comunidad internacional, implica una responsabilidad conjunta para agravar la crisis. En ese caso, el medicamento contra la malaria tuvo que ser importado de la India”.

En el párrafo 36: “Los efectos de las sanciones impuestas por los Presidentes Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la medida en que las sanciones económicas han causado demoras en la distribución y han contribuido a muchas muertes, las sanciones contravienen las obligaciones de derechos humanos de los países que las imponen. Además, las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una investigación de ese tribunal sería apropiada, pero la sumisión geopolítica de la Corte puede evitar esto”.

En el párrafo 37: “Las sanciones y los bloqueos económicos modernos son comparables con los asedios medievales de las ciudades con la intención de obligarlos a rendirse. Las sanciones del siglo XXI intentan poner no sólo a una ciudad, sino a los países soberanos de rodillas. Una diferencia, quizás, es que las sanciones del siglo XXI van acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de “noticias falsas”, relaciones públicas agresivas y una retórica seudo-humana para dar la impresión de que el “final” de los derechos humanos justifica los medios criminales. No solo hay un orden jurídico horizontal gobernado por la Carta de las Naciones Unidas y los principios de igualdad soberana, sino también un orden mundial vertical que refleja la jerarquía de un sistema geopolítico que vincula a los Estados dominantes con el resto del mundo de acuerdo con los criterios militares y poder económico. Es este último, el sistema geopolítico que genera crímenes geopolíticos, hasta ahora con total impunidad… ” Concluye: ” Las sanciones económicas matan”.

En el párrafo 40, el experto independiente pide una renovación del diálogo entre el gobierno y los partidos de la oposición. No hay nada más acorde con la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas que la mediación. Durante dos años, el ex primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero (citado en su totalidad en el anexo IV), con el apoyo de El Vaticano, encabezó un equipo de negociación en la República Dominicana que facilitó las conversaciones entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición. Las negociaciones avanzaron hacia un documento equilibrado titulado “Acuerdo de coexistencia democrática” (citado en su totalidad en el anexo III) que debería haber sido firmado por todas las partes el día 7 de febrero de 2018. El Gobierno firmó, pero, como se informó, una llamada telefónica de Colombia frustró el proceso de negociación de dos años con la instrucción: “No firmar”. Algunos creen que ciertos países no quieren ver una solución pacífica del conflicto venezolano y prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano, esperando que la situación alcance el umbral de la “crisis humanitaria” y desencadene una intervención militar”.

El experto independiente está preocupado por el nivel de polarización y desinformación que rodea cada narración sobre Venezuela. En el párrafo 42 señala: “Una inquietante campaña mediática busca forzar a los observadores a una visión preconcebida de que hay una ‘crisis humanitaria’ en la República Bolivariana de Venezuela. Un experto independiente debe desconfiar de la hipérbole, teniendo en cuenta que la “crisis humanitaria” es un término técnico que puede utilizarse indebidamente como pretexto para la intervención militar… ”

En el párrafo 43: “La solidaridad internacional con el pueblo venezolano debe facilitar el libre flujo de alimentos y medicinas para aliviar la escasez actual. La ayuda debe ser genuinamente humanitaria y no perseguir propósitos políticos ulteriores. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Caritas y otras organizaciones podrían ayudar a coordinar la importación y distribución de la ayuda; la Fundación Bill y Melinda Gates pueden ayudar a eliminar la malaria en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias al PNUD, el experto independiente pudo convocar una reunión con todos los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela con miras a coordinar la asistencia, una iniciativa que dio sus frutos poco después.”

En el párrafo 45: “La “crisis” en la República Bolivariana de Venezuela es una crisis económica, que no puede ser comparada con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Libia, la República Árabe Siria, Iraq, Haití, Mali, la República Centro Africana, Sudán del Sur, Somalia o Myanmar, entre otros. Es importante cuando en 2017, la República Bolivariana de Venezuela solicitó ayuda médica de Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la tuberculosis y la malaria, la solicitud fue rechazada, porque ‘es todavía un país de altos ingresos… y como tal no es elegible’. Durante su misión, el experto independiente discutió los asuntos de la escasez de comida y medicinas con expertos de la FAO y obtuvo datos pertinentes de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. El informe de la FAO en diciembre de 2017 y el informe de marzo 2018 enumeran las crisis alimentarias de 37 países. La República Bolivariana no está entre ellos.”

El informe recuerda en el párrafo 29 que la “Carta de las Naciones Unidas se basa en la filosofía del multilateralismo, un compromiso con la cooperación internacional y la igualdad soberana de los Estados. Los países no deben ser aislados y boicoteados, sino que deben ser ayudados para fortalecer sus instituciones democráticas. En los últimos 60 años, guerras económicas no convencionales han sido libradas contra Cuba, Chile, Nicaragua, la República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela para que sus economías fallen, facilitar el cambio de régimen e imponer un modelo socioeconómico neoliberal. Con el fin de desacreditar a los gobiernos seleccionados, son maximizadas las fallas en el campo de los derechos humanos a fin de que el derrocamiento violento sea más agradable al paladar. Los derechos humanos están siendo ‘armados’ contra los rivales. Sin embargo, los derechos humanos son la herencia de cada ser humano y nunca deben ser instrumentalizados como armas de demonización. En cambio, las medidas de inclusión son necesarias, como la confianza en la experiencia de las organizaciones internacionales…

En el párrafo 30 las notas del experto: “Los principios de la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos pertenecen al derecho internacional consuetudinario y han sido reafirmados en las resoluciones de la Asamblea General, notablemente en 2625 (XXV) y 3314 (XXIX), en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993. El artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada en la Asamblea General de 1974, estipula que ningún Estado puede utilizar o alentar el uso de la economía, la política o cualquier otro tipo de medida para coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.” En el párrafo 31 resalta el capítulo 4, artículo 19, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que estipula que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

El experto independiente concluye en el párrafo 62 que: “La solución a la crisis venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el Gobierno y la oposición, un fin a la guerra económica y el levantamiento de sanciones. En concordancia con el principio de la solidaridad internacional (ver A/HRC/35/35), los organismos de las Naciones Unidas deben proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica al Gobierno. El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, tal vez desee abordar la interacción entre el crimen de Estado y el orden internacional, ambos desde la perspectiva de la ley natural como positiva, y formular las recomendaciones concernientes a las reparaciones debidas a las poblaciones afectadas por las sanciones y la guerra económica. Los Estados ricos deben facilitar la asistencia humanitaria en coordinación con las organizaciones neutrales como la CICR, la prioridad es cómo ayudar eficazmente a los venezolanos respetando la soberanía del Estado.”

Entre sus recomendaciones, el experto anima a las autoridades venezolanas a “(a) continuar los esfuerzos al diálogo con las partes opositoras, reanimar las negociaciones sostenidas en la República Dominicana por el Primer Ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y promover la reconciliación nacional liberando detenidos y otorgando conmutaciones de sentencia; (b) Invitar a otros titulares de mandatos de procedimientos especiales a visitar el país, además de los Relatores Especiales sobre medidas coercitivas unilaterales y sobre el derecho al desarrollo, que ya han sido invitados. Los Relatores Especiales en alimentos, salud, vivienda adecuada, en independencia de jueces y abogados, el experto independiente en deuda extranjera, los Relatores Especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y sobre el derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y otros expertos deberían ofrecerían su valiosa experiencia…

Teniendo en cuenta que el experto independiente estuvo sujeto a considerables ataques ad hominem, antes, durante y después de la misión, recomendó en el párrafo 68 que el Consejo de Derechos Humanos: “(a) Refirmar el Código de Conducta para los titulares de mandatos de procedimientos especiales, particularmente párrafo 3 y 6 en relación a su independencia y el compromiso a evaluar toda la información en buena fe…; (b) Defender a los expertos contra ataques ad hominem, intimidación y amenazas.”