Deportación de banda musical es arbitraria

Ayer expulsó el gobierno a cinco jóvenes españoles y un francés, miembros de una banda punk llamada 'Puente Romano' que actuó en el acto conmemorativo del asesinato de los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia, Santiago, el 29 de marzo de 2008. Después del acto los jóvenes se marcharon, siendo seguidos y detenidos en la proximidad del Metro Las Rejas. Según un redactor de La Nación, "al parecer su apoyo a las comunidades mapuches en conflicto y a otras causas locales, molestó a las autoridades".

En efecto, no se ve que hayan cometido ningún delito. Ciertamente no participaron en las protestas nocturnas.

Lo peor de la arbitrariedad y arrogancia de las autoridades concertacionistas es que en su ánimo de mostrar el poder de que disponen, expulsaron no solamente a los jóvenes de la banda, sino además a las personas que viajaban con ellos y que se habían acercado a la comisaría a preguntar por sus compañeros después de enterarse que estaban siendo retenidos. ¿De qué puede el gobierno acusar a estas personas? Sólo buscaban indagar sobre los suyos.

Muchas personas que se acercaron a comisarías a preguntar por los suyos durante la dictadura militar sufrieron un destino similar y peor. Fueron también detenidas. Algunas desaparecieron. Ya se ve lo bien aprendida que tienen la lección las autoridades de este gobierno.
La misma estupidez, la misma injustificada arrogancia. Y los motivos son parecidos. Políticos. O presuntamente políticos. A las autoridades les puede molestar que entren extranjeros que no son de su mismo credo.

No sé si efectivamente los miembros de la banda apoyan la causa mapuche. Espero que sí. No es un delito.

Algunos han insinuado que el motivo real es que los extranjeros no pueden participar en política. Vaya qué sorpresa. Al embajador norteamericano que le pagó a Pinochet no lo expulsó nadie nunca. A los diplomáticos extranjeros que manejaron el destino de Chile y los chilenos hasta el fin de la dictadura y después no los ha expulsado tampoco nadie. A los empresarios extranjeros que opinan sobre Chile tan a menudo en la prensa escrita y en televisión tampoco se les expulsa.

Durante la campaña electoral la señora Bachelet invitó a actos de campaña a connotados músicos extranjeros, como Miguel Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel.
Bosé y los otros participaron en un evento llamándonos nada menos que a votar por la señora Bachelet. ¿Por qué puede meterse en política Bosé y los otros, probablemente a costas del propio gobierno chileno, y no pueden hacerlo unos punks españoles que apoyan o no a los mapuches?

¿Es pura irracionalidad y autocracia? ¿O hay algún mensaje?
Considérese que hace un tiempo muchos políticos chilenos clamaron al cielo porque, según ellos, el presidente Chávez había impedido un concierto de Alejandro Sanz, atentando contra la libertad de expresión.

No se ve a estos políticos pidiendo explicaciones al gobierno. Ni protestando por la evidente arbitrariedad de su decisión.

Los abogados que defendieron infructuosamente a estos músicos han anunciado que interpondrán una denuncia o una demanda contra el estado chileno ante la Corte Internacional Derechos Humanos. Deben hacerlo.
También está la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como en los peores tiempos de la dictadura, cuando Chile era prácticamente un país ocupado por una potencia extranjera, los chilenos deben recurrir a la comunidad internacional en busca de ayuda. Hoy, similarmente, la única esperanza de poner coto a la arrogancia y brutalidad del gobierno es la intervención, y ojalá la amenaza de sanciones, de la comunidad internacional.[*]

La decisión del gobierno chileno es impresentable e indefendible, toda vez que los músicos no se hicieron culpables de ningún acto de violencia ni participaron en las manifestaciones. Y lo que piensen sobre los mapuches ciertamente es algo que les compete sólo a ellos.

La Tercera informó también sobre el incidente. Según su interpretación, que difiere de la de La Nación, no fueron expulsados por su apoyo a la causa mapuche sino "por participar en un acto de homenaje a dos hermanos que murieron en 1985 durante protestas con el régimen militar". Y confirma que las dos españolas expulsadas fueron detenidas "cuando acudieron a las dependencias policiales a visitar a sus compañeros".

Según parece, a la señora Bachelet le queda chica la talla de presidenta. Ahora quiere una talla más grande. Quiere traje de mandarina, como su infeliz predecesor.

Pero me digo de inmediato, claro: ¿Qué se puede esperar de una presidente que se negó a recibir al juez Garzón, que tanto ha hecho por Chile, pero acogió gozosa al ex presidente Aznar, responsable de la guerra de Iraq y por ello, sin ninguna duda, uno de los peores criminales de nuestra época?

[*] No exagero nada. Desde hace un tiempo muestra el gobierno chileno una actitud sospechosamente terca en un sinnúmero de situaciones turbias. Permite que carabineros se muevan en tierra mapuche como soldados enemigos, allanando ilegalmente las casas de los mapuches y destruyendo sus enseres, herramientas de cultivo, y cosechas. Permite que se les detenga, hostigue y robe por miembros de carabineros.
Defiende un orden de cosas producto de la violencia y la rapiña con la pretensión de que los mapuches lo acepten sin más. Permite que carabineros use armas de guerra y de grueso calibre para reprimir manifestaciones mapuches.

Todas cosas por las que el gobierno chileno ha sido encarado en tribunales e instituciones internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos. Y el gobierno persiste impertérrito en sus decisiones injustas y contraproducentes, envuelto en un mutismo severo e inexcusable que parece convenir siempre más a los criminales que al resto de los chilenos.

El gobierno se lava las manos en casos de atroces violaciones a los derechos humanos, escudándose en la autonomía del poder judicial -de un poder judicial que el gobierno sabe que es patentemente parcial, moralmente corrupto e incompetente y cuyos miembros deberían estar, muchos de ellos, en prisión por grave denegación de justicia, interpretación torcida de la ley y encubrimiento.

Tampoco hace nada frente a las aberrantes decisiones de los llamados tribunales militares, que absuelven y dejan en libertad a carabineros implicados en asesinatos de civiles en casos flagrantes de abusos, maltratos, torturas y muerte.

Nada tampoco hace el gobierno en torno a las sospechosas muertes de detenidos en calabozos y los persistentes malos tratos y apremios.

Así, los chilenos se encuentran en una situación de abandono y atropello de sus derechos por las propias autoridades, de modo que, como antaño, no se ve otra salida que pedir ayuda en el extranjero y a las instituciones pertinentes para que dobleguen al gobierno chileno y le obliguen a respetar el derecho internacional e incluso sus propias leyes. Y esto nada menos que a petición de sus propios ciudadanos.

[mérici]