El insuficiente «perdón» del Estado chileno al pueblo mapuche

En el mismo acto pidió perdón a las víctimas de la violencia en el sur de Chile, por no haber sabido defender la integridad de ese pueblo. «En mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades».

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Simultáneamente la presidenta presentó los puntos centrales de su programa para la Araucanía que se resumen en una lista de medidas simbólicas y de reparación. Propone «políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas y nuevas formas de participación», entre las cuales destaca la defensa de los derechos colectivos del pueblo mapuche y «oficializar el uso del mapuzungun en la región de La Araucanía».También propone declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, fecha que marca el año nuevo indígena en América Latina. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, también anunciada, fue una de las decisiones más polémicas ya que supone un crecimiento del aparato burocrático.

Finalmente, Bachelet propuso inversiones en infraestructura educativa, caminos y obras para garantizar el agua potable, ya que las enormes plantaciones de pinos y eucaliptus están secando las fuentes de las comunidades.

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Sin embargo, ninguna de estas medidas supone un cambio de fondo en la situación del millón y medio de mapuches (un 10% de la población de Chile). El primer problema que enfrentan las comunidades es la militarización de sus territorios al sur del río Bio Bio. En los días previos al pedido de perdón, fueron muertos dos jóvenes mapuche por un terrateniente de ultraderecha, ex Carabinero, que les disparó porque ingresaron a su campo a recuperar un caballo.El 14 de junio, apenas una semana antes del lanzamiento del Plan Araucanía, el cuerpo de Carabineros ingresó en una escuela de la comunidad Temucuicui, en Ercilla, disparando gases lacrimógenos que se colaron en las aulas donde decenas de niños y niñas asistían a clase. Este tipo de actitudes son habituales en un Estado chileno que mantiene 37 presos políticos mapuche en diversas cárceles del país y considera a los indígenas como enemigos. Amnistía Internacional recordó que hay antecedentes de acciones similares de Carabineros y pidió investigación y sanción a los responsables.

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El dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que el perdón de Bachelet «no tiene efecto alguno», porque omite la responsabilidad del Estado chileno en «el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo mapuche y la confiscación de su territorio y recursos».

En opinión del dirigente de una de las mayores organizaciones indígenas mapuche, «un perdón efectivo y sincero debió ser resultado del esclarecimiento histórico de la Araucanía y del pueblo mapuche. Paralelamente, debió haber incluido un programa de resarcimiento e indemnización a las víctimas por el daño causado».

El dirigente también criticó el anunciado Ministerio de Asuntos Indígenas, ya que «no será más que una burocracia para mediar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche», que busca «entretener a los pueblos indígenas alejados del poder».

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El calvario mapuche comenzó con la Pacificación de la Araucanía (1860-1883), la guerra de ocupación del territorio que supuso la confiscación del 90% de las tierras de las comunidades. Para el historiador José Bengoa, autor de una obra pionera sobre la historia mapuche, fue «una guerra de exterminio». La nueva y vigorosa camada de historiadores mapuche, asegura que la ocupación implicó la muerte violenta del 20 al 30% de la población de la Araucanía.La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas, pero al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia, por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en 2011 cada familia mapuche contaba con sólo 3 hectáreas.

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En la actualidad el mayor problema que enfrentan las comunidades es la masiva forestación de sus territorios con las plantaciones de pinos y eucaliptos que arrasan con los bosques nativos. Las tierras mapuches no llegan a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de árboles. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41% de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65% electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50% a la media nacional.

A los agravios históricos y socio-económicos, se suma el doble estándar legal que se aplica al pueblo mapuche. Como señala el politólogo José Marimán, «Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles el trato de seres de segunda categoría o colonizados». Según Marimán, «se les aplica la ley antiterrorista por actos que en otras partes del mundo no pasan por tal, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez».

Poco antes de las elecciones de 2014, la entonces candidata Bachelet se comprometió a dejar de aplicar la ley antiterrorista (promulgada por la dictadura en 1984) a miembros de pueblos indígenas y aseguró que la modificaría para adecuarla a los estándares internacionales.

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En efecto, la ley es cuestionada por la comunidad internacional, al punto que el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson, dijo que el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuche al aplicarle la legislación antiterrorista «de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia».El próximo domingo 2 de julio se realizan Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias. El pueblo mapuche, que cuenta cada vez con más amplios apoyos en la sociedad chilena, sospecha que el pedido de «perdón» de la presidenta es una nueva jugada electoralista destinada a mejorar la pobre imagen de los gobernantes.

*Fuente: Mundo Sputnik

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