Rechazo al nombramiento de Rubén Ballesteros

Lamentamos que se permita ascender a la Corte Suprema a un magistrado que en su actividad jurisdiccional ha instado pertinazmente por la impunidad de los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la Dictadura de Pinochet, faltando con ello a claras normas constitucionales y legales vigentes y desconociendo la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y su avance en los últimos 60 años.

Nuestro reproche y oposición a su nombramiento atiende a la primacía en esta clase de decisiones del más profundo sentido ético y cultural de la función profesional de los jueces en el mundo contemporáneo y que se ven comprometidos en la defensa de valores que hoy la Humanidad considera mínimos universales, como son la defensa de las personas ante el exterminio, la desaparición forzada y la tortura, así como la necesidad de la sanción de los culpables, a fin de prevenirlos y asegurar el NUNCA MAS. Nuestro reproche es, por tanto, a una trayectoria profesional que ha menospreciado y desprotegido, con sus decisiones, el derecho a la vida e integridad física y síquica de las personas. Tal actitud lo inhabilitaba y lo inhabilita para aspirar a ejercer tan altas y delicadas funciones públicas en un país que todavía se encuentra gravemente lacerado por las consecuencias de tales crímenes masivos y por los importantes grados de impunidad que aún los acompañan.

Protestamos pública y formalmente ante el Ministro de Justicia por colocar al Presidente de la República en la inmerecida posición de tener que responder ante el país y la Comunidad de Naciones Civilizadas, así como ante el movimiento nacional e internacional de defensa de los derechos humanos, por haber formulado dicha propuesta al Senado, inconveniente y dañina para la salud moral y para el prestigio internacional de las más altas instituciones del país. Declaramos que, si como consecuencia de esta designación, se perjudica o revierte el lento pero constante avance jurisprudencial, de acogida del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Corte Suprema registrado en sus fallos de los últimos 10 años, el principal responsable de ello será: el actual Ministro de Justicia, Sr. Bates. 

Felicitamos a los senadores que instaron por el rechazo a esta designación, instando porque primara un criterio ético que es hoy universal y básico para legitimar las designaciones para tan altas funciones judiciales. Lo anterior, a diferencia del actuar de la Derecha frente a la anterior proposición presidencial de la Ministra Herreros, cuyo rechazo fue absolutamente infundado y arbitrario.

Llamamos la atención sobre la necesidad de modificar el actual sistema de designación de los Ministros de la Corte Suprema, que ha dado claros síntomas de agotamiento, retomando la aspiración democratizadora en orden a establecer un Consejo Nacional de la Magistratura que, de un modo trasparente, objetivo y pluralista decida la integración de todos los tribunales del país, incluyendo a los integrantes de la Corte Suprema.