José Aylwin: Este es resultado del silencio y complicidad del Gobierno

Codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas aseguró que aunque existe pesar por el deceso de un comunero en Vilcún, precisó que no se trata de una sorpresa, ya que las políticas de Estado y la militarización de la zona hacían prever un desenlace como éste.

Aunque existe dolor, no hay sorpresa entre las organizaciones de derechos humanos y defensoras de los pueblos indígenas ante la muerte del joven comunero mapuche en un predio de la Región de la Araucanía ocurrida durante la madrugada del jueves.

El incidente coincidió con una conferencia en la sede de Aministía Internacional, donde diversos representantes de ONG e instituciones ligadas al mundo de los derechos humanos e indígenas tenían previsto manifestar su preocupación por el deterioro de la salud de la activista Patricia Troncoso -en huelga de hambre hace 85 días- y la falta de respuesta del Gobierno, por lo que hicieron un llamado a que se termine dicho silencio y se apliquen medidas efectivas y no discriminadoras, además de poner fin a la militarización de la zona.

Y como para reforzar esta postura, el fallecimiento de Matías Catrileo Quezada, de 22 años, cayó como un bombazo que dio aún más fundamento a estas declaraciones.

“Es un hecho lamentable, un hecho condenable, pero un hecho predecible, porque la violencia de la policía y la violencia excesiva del Estado en comunidades indígenas en particular en comunidades mapuches, es un hecho constatado y ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos a lo largo de la última década….Este es el resultado del silencio y complicidad del actual Gobierno con carabineros”, aseguró José Aylwin, abogado y codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

El profesional agregó que este exceso de violencia ha sido constatado también a nivel internacional, citando el informe del relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe sobre el incumplimiento del pacto de derechos civiles y políticos por el Estado de Chile en marzo de 2007, donde se recomienda adoptar medidas tanto preventivas como correctivas a fin de que cese la violencia policial.

Además, explicó que han presentado en innumerables oportunidades la situación al Ministerio del Interior y al director general de Carabineros, Alejandro Bernales- con quien se reunieron hace tres semanas- llamando la atención sobre la necesidad de que Estado instaure políticas de investigación de casos de uso desproporcionado de la fuerza en contra de las comunidades mapuches.

"En el día de hoy, que haya fallecido un integrante de una comunidad mapuche no es un hecho casual, responde a una política de Estado de la cual el Gobierno de Bachelet es responsable. Se han hecho planteamientos desde organismos de derechos humanos en los últimos años, tendientes a poner término a esta situación de violencia policial en comunidades. Esos llamamientos no han sido escuchados y este es el resultado de este silenciamiento y complicidad del actual Gobierno con la policía de carabineros que reprime indiscriminadamente a los integrantes de pueblos indígenas”, enfatizó.

En tanto, el presidente de Amnistía Internacional Chile, Karl Bohmer, manifestó que dentro de su organización, “nuestra preocupación mayor es que agentes de estado chileno hacen uso de fuerza en excesiva en la represión de la expresión de intereses políticos, sociales de pueblos originarios, específicamente de mapuches. Esto lo hemos presentado en reiteradas ocasiones, así que lamentamos que otra vez la represión y el uso excesivo de la fuerza policial tenga consecuencias fatales sobre las personas”.

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán sostuvo que “la violencia engendra la violencia. Pienso que no ha habido una política ni una estrategia para acercarse a los pueblos originarios. Todo lo contrario, se les hostiliza permanentemente mediante esta política de fuerzas policiales que están alrededor de sus predios para criminalizarlos por la menor excusa. Muchas veces se les incrimina por hechos que ni siquiera han perpetrado”.

Por ello, recalcó, que “estamos acá para pedirle al Gobierno valentía, que se pronuncie ante los derechos que están solicitando los comuneros mapuches de Angol, particularmente Patricia Troncoso… Se les aplicó una ley de conductas terroristas y ahora que existe la oportunidad legal de otorgarles los beneficios carcelarios que merecen no se pronuncia el Gobierno con respecto a esto. Se llama la atención por desidia, lentitud y justicia retardada”.