La certeza jurídica del “establishment” chileno

Büchi, que inició su carrera profesional en 1975 ocupando diversos cargos en la administración pública hasta el final mismo de la dictadura, afirmó en una entrevista a la revista Capital que “creo que fui muy útil en darles a los chilenos oportunidades para que progresaran”, pero que había llegado el momento de partir aguas. “He tenido mucha lealtad a Chile, pero tomé la decisión de centrar mis intereses fuera, principalmente porque cuando veo que las leyes se hacen difíciles de cumplir, porque las cambian o las reinterpretan… no hay seguridad jurídica”.
El momento que el ex regalón civil de Pinochet y del mundo corporativo local ha escogido para irse es curioso. En los últimos meses se ha cuestionado su papel como director de Soquimich y, además, aparece vinculado a una empresa mencionada en los Panama Papers. Pero, más allá de estas circunstancias, parafraseando a Camilo Escalona uno se puede preguntar: ¿qué está fumando Büchi?
Porque lo cierto es que la certeza jurídica que tienen los grandes empresarios, los grandes privatizadores de los años 80 y 90, los ex funcionarios civiles de la dictadura convertidos en estrellas de directorios corporativos (como el propio Büchi), los creadores y defensores de la Constitución de 1980 o los administradores de las AFP, es prácticamente a prueba de balas.
La prueba viviente de ello es nuestro Tribunal Constitucional que la semana pasada declaró que la titularidad sindical es inconstitucional, matando con ello en los hechos cualquier reforma laboral medianamente seria. Lo cuasi-cómico de ese fallo es que La Moneda no lo haya visto venir.
En este mismo Análisis Semanal ya se había advertido de ello hace cinco meses. El 14 de diciembre se publicó un artículo titulado “Tribunal Constitucional: la retroexcavadora de la derecha”, donde se decía:
“Aquí se va a frenar todo”, afirma un abogado muy familiarizado con el funcionamiento interno de ese organismo autónomo del Estado. “Si alguien en la UDI interpone una queja por la reforma laboral, será pan comido”, explica esta persona. “Por ejemplo, la titularidad sindical atenta en contra del principio de la libertad de negociación de los trabajadores, es decir, eso se puede parar fácilmente”.
No había que ser adivino para preverlo.
Por ello, las actuales quejas del oficialismo parecen ser lágrimas de cocodrilo. Después de todo, en enero de 2015 el Senado controlado por la Nueva Mayoría designó a dos nuevos miembros de ese tribunal, aplicando la sempiterna lógica del duopolismo criollo: un cupo fue para un militante socialista y el otro para un ex diputado de la UDI. Por cierto, ninguno de los dos tiene credenciales profesionales en materia constitucional. Hoy los dos bloques del duopolio se reparten en partes iguales los 10 escaños de esa corte (para más antecedentes sobre el peculiar historial de varios de sus integrantes, vuelva a leer ese análisis de diciembre de 2015).
Así las cosas, todo parece indicar que la falta de seguridad jurídica a la que se refiere Büchi, haciendo de vocero de facto para muchos de sus correligionarios, se refiere más bien a que ya no podrá hacer negocios como antes y que, probablemente, tenga que pagar más impuestos. Porque el modelo económico y social que él contribuyó a moldear está todavía muy bien resguardado por los amarres institucionales y también por la complicidad histórica y actual de poderosos sectores concertacionistas de la Nueva Mayoría.
Si bien los grandes poderes permanentes de Chile aún cuentan con la certeza jurídica del sui generis régimen local, hay señales de fisura. El hecho de que la semana pasada los empresarios más ricos de Chile, y entre los más acaudalados del mundo, se sintieran en la obligación de defenderse y quejarse de ya no ser celebrados unánimemente como los forjadores del país, es una señal positiva.
Tal vez haya que aprender de Büchi y aplicar una dosis de locura y hacer lo siguiente: vámonos todos de Chile y dejemos a los grandes empresarios, a los políticos ideológicamente vendidos y económicamente corruptos, a los militares codiciosos, a los obispos cínicos y a los dirigentes corruptos del fútbol solos. Vámonos todos, a Argentina, a Perú, a Tailandia o donde sea. Y los dejamos solos. Y ahí veremos que harán sin nuestros aportes obligados a las AFP, sin nuestro trabajo y nuestras horas extras no remuneradas, sin que paguemos por las autopistas porque ya no las usamos, sin que paguemos por una educación escolar y superior de pésima calidad, porque preferimos irnos a países con educación pública y gratuita (y probablemente mejor que la nuestra)… en fin. Si ellos son los dueños de Chile, dejemos que se queden con el país… pero sin nosotros. A ver qué tan bien les va.
*Fuente: Radio UdeChile
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