Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales

2013/9/13
[ENGLISH VERSION BELOW]
[VERSÃO EM PORTUGUÊS ABAIXO]

COMUNICADO CONJUNTO

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección

y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

Relatora Especial para la Libertad de Expresión

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales

13 de septiembre de 2013 – El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, han observado con preocupación la forma en que algunas autoridades estatales han reaccionado frente a las protestas sociales ocurridas en las Américas en los últimos meses. En general, los participantes de las protestas se han manifestado en forma pacífica, aunque se han reportado hechos de violencia. En ese contexto, los relatores especiales han sido informados sobre decenas de detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas contra periodistas, comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre las manifestaciones.
Los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.
Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.
El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. Como se afirmó en el pronunciamiento sobre las agresiones y detenciones cometidas contra periodistas por ocasión de las protestas de Occupy en Estados Unidos, la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.
Los relatores especiales observan que para hacer su trabajo de manera efectiva, los periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. De lo contrario, los periodistas pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes. En situaciones de especial conflictividad social, la percepción de que pueden ser forzados a declarar no solo limita la posibilidad del periodista de acceder a fuentes de información, sino que también incrementa el riesgo de que se convierta en un blanco para grupos violentos. Por otra parte, las autoridades no deben exigir a los periodistas que demuestren que las declaraciones de testigos divulgadas sobre los hechos son exactas o que prueben ante un juez la veracidad de las denuncias reportadas.
El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información a través de Internet y demás plataformas de comunicación. Asimismo, las autoridades no deben estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al comportamiento de grupos particulares o hechos aislados. En ese sentido, las autoridades deben tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden constituirse en formas de injerencia directa o indirecta en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de información. Este deber se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas.
A este respecto, los relatores especiales señalan que es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra los periodistas y comunicadores y actúen con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables. Asimismo, los relatores especiales observan que instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en situaciones de conflictividad social.
Los derechos de reunión y libertad de expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.
 

JOINT STATEMENT

United Nations (UN) Special Rapporteur on the Protection

and Promotion of the Right to Freedom of Opinion and Expression

Special Rapporteur for Freedom of Expression

of the OAS Inter-American Commission on Human Rights

Joint declaration on violence against journalists and media workers in the context of protests

September 13, 2013 – The United Nations (UN) Special Rapporteur on the Protection and Promotion of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, and the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the OAS Inter-American Commission on Human Rights, Catalina Botero, have observed with concern the manner in which some State authorities have reacted to protests in the Americas in recent months. The protesters have by and large demonstrated peacefully, although acts of violence have been reported. In this context, the Special Rapporteurs have been informed of dozens of arrests, threats, and assaults committed against journalists, media workers, protesters, and users of social networks who were reporting on the demonstrations.
The Special Rapporteurs note that in the context of demonstrations and situations of social unrest, the work of journalists and media workers, as well as the free flow of information through alternative media such as the social networks, is essential to keeping the public informed of the events. At the same time, it plays an important role in reporting on the conduct of the State and of law enforcement authorities toward the protesters, preventing the disproportionate use of force and the abuse of authority.
Attacks against journalists who cover these events violate both the individual aspect of freedom of expression—insofar as they prevent journalists from exercising their right to seek and disseminate information, and creates a chilling effect—as well as its collective aspect —in that they deprive society of the right to know the information that journalists obtain. The Offices of the Special Rapporteurs have thus acknowledged that, given the importance of the work done by journalists who cover these events, the State must afford them the highest degree of protection in order for them to perform their duties. This obligation is not limited to granting specific protective measures to journalists; it also includes the duty to create the necessary conditions to mitigate the risks of practicing their profession in such situations.
The State has the duty to ensure that journalists and media workers reporting on public demonstrations are not arrested, threatened, assaulted, or limited in any manner in their rights as a result of practicing their profession. Their work materials and tools must not be destroyed or confiscated by the authorities. As affirmed in the statement concerning the arrests and assaults against journalists at the Occupy protests in the United States, the protection of freedom of expression requires authorities to ensure the necessary conditions for journalists to be able to cover noteworthy events of interest to the public, such as the social protests mentioned. The disproportionate restrictions on access to the scene of the events, the arrests, and the criminal charges resulting from the performance of professional duties by reporters violate the right to freedom of expression. It is incumbent upon the authorities to reestablish the affected guarantees and ensure full respect for the right to freedom of expression.
The Special Rapporteurs note that in order to do their jobs effectively, journalists must be perceived as independent observers and not as potential witnesses for the courts. Otherwise, the safety of both journalists and their sources could be threatened. In situations of social unrest, the perception that journalists can be forced to testify not only limits their ability to access sources of information but also increases their risk of being targeted by violent groups. In addition, the authorities must not require journalists to demonstrate that statements from eyewitnesses are accurate or to prove before a judge the veracity of complaints reported.
The State must not prohibit or criminalize live broadcasts of events, and must abstain from imposing measures that regulate or limit the free circulation of information via the Internet, and other communications platforms. Moreover, the authorities must not stigmatize or stereotype demonstrators and their demands. They must refrain from making generalizations based on isolated events or the conduct of particular groups. In this respect, the authorities must bear in mind that public servants are meant to be guarantors of the fundamental rights of individuals, and therefore, their statements cannot interfere directly or indirectly in the rights of those who aim to contribute to public debate through the expression and dissemination of information. This duty is particularly accentuated in situations of social unrest, disturbances of public order, or social or political polarization, precisely because of the set of risks they can entail for certain individuals.
In this regard, the Special Rapporteurs maintain that it is essential for authorities to vigorously condemn assaults against journalists and media workers and to act with due diligence and swiftness to establish the facts and punish those responsible. The Special Rapporteurs also note that properly educating State security forces on the role of the press in a democratic society is an important step in preventing violence against journalists and media workers in situations of social unrest.
The rights of freedom of assembly and freedom of expression, guaranteed by the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, are fundamental, and guaranteeing them is a vital condition to the existence and proper functioning of a democratic society. A State may impose reasonable limitations on demonstrations for purposes of ensuring that they are conducted peacefully, or to disperse those that turn violent, provided that such limits are governed by the principles of legality, necessity, and proportionality. In addition, the breaking-up of a demonstration must be warranted by the duty to protect individuals, and authorities must use the measures that are safest and least harmful to the demonstrators. The use of force at public demonstrations must be an exception, used under strictly necessary circumstances consistent with internationally recognized principles.
 
 

COMUNICADO CONJUNTO

Relator Especial das Nações Unidas (ONU) para a Proteção

e Promoção do Direito à Liberdade de Opinião e de Expressão

Relatora Especial para a Liberdade de Expressão

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA

Declaração conjunta sobre violência contra jornalistas e comunicadores

no contexto de manifestações sociais

 13 de setembro de 2013 – O Relator Especial das Nações Unidas (ONU) para a Liberdade de Opinião e de Expressão, Frank La Rue, e a Relatora Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Catalina Botero, observaram com preocupação a forma pela qual algumas autoridades estatais reagiram frente aos protestos sociais ocorridos nas Américas nos últimos meses. Em geral, os participantes dos protestos se manifestaram de forma pacífica, embora tenham sido relatados atos de violência. Nesse contexto, os relatores especiais foram informados sobre dezenas de detenções, ameaças e agressões que teriam sido cometidas contra jornalistas, comunicadores, manifestantes e usuários de redes sociais que cubriam as manifestações.
Os relatores especiais observam que no contexto de manifestações e situações de alta conflitividade social, o trabalho de jornalistas e comunicadores e o livre fluxo de informação por meios alternativos como as redes sociais são fundamentais para manter a população informada sobre os acontecimentos; e cumprem ao mesmo tempo um importante papel ao informar sobre a atuação do Estado e da Força Pública ante as manifestações, prevenindo o uso desproporcional da força e o abuso de autoridade.
Os ataques contra jornalistas que cobrem essas situações violam tanto o aspecto individual da liberdade de expressão — pois a eles se impede o exercício do direito de buscar e divulgar informação, além de se provocar um efeito de amedrontamento— como seu aspecto coletivo — pois se priva a sociedade do direito de conhecer a informação que os jornalistas obtêm. Por esse motivo, as relatorias reconheceram que, em virtude da importância do trabalho realizado pelos jornalistas que cobrem essas situações, compete ao Estado oferecer-lhes o máximo grau de garantia para que cumpram sua função. Esse dever não se limita a outorgar medidas concretas de proteção para os comunicadores, mas também inclui a obrigação de criar as condições necessárias para reduzir o risco do exercício da profissão nessas situações.
O Estado tem o dever de garantir que os jornalistas e comunicadores que estejam realizando trabalho informativo no contexto de uma manifestação pública não sejam detidos, ameaçados, agredidos ou limitados de qualquer forma em seus direitos por estar exercendo sua profissão. Seu material e ferramentas de trabalho não devem ser destruídos ou confiscados pelas autoridades públicas. Como se afirmou no pronunciamento sobre as agressões e detenções cometidas contra jornalistas nos protestos de Occupy nos Estados Unidos, a proteção do direito à liberdade de expressão exige que as autoridades assegurem as condições necessárias para que os e as jornalistas possam cobrir fatos de notório interesse público como os que se referem aos protestos sociais. As restrições desproporcionais quanto ao acesso ao local dos fatos, as detenções e a imputação de acusações pelo cumprimento dos trabalhos profissionais dos repórteres violam o direito à liberdade de expressão. Cabe às autoridades restabelecer as garantias afetadas e assegurar o pleno respeito do direito à liberdade de expressão.
Os relatores especiais observam que, para realizar seu trabalho de maneira efetiva, os jornalistas devem ser vistos como observadores independentes e não como potenciais testemunhas para os órgãos de justiça. Do contrário, os jornalistas podem sofrer ameaças à sua segurança e à segurança de suas fontes. Em situações de especial conflitividade social, a percepção de que podem ser forçados a declarar não só limita a possibilidade do jornalista de ter acesso a fontes de informação, mas também aumenta o risco de que se converta em alvo de grupos violentos. Por outro lado, as autoridades não devem exigir de jornalistas que demonstrem que as declarações de testemunhas divulgadas sobre os fatos são exatas ou que provem perante um juiz a veracidade das denúncias veiculadas.
O Estado não deve proibir nem criminalizar as transmissões ao vivo dos fatos, e deve abster-se de impor medidas que regulamentem ou limitem a livre circulação de informação pela Internet e demais plataformas de comunicação. As autoridades tampouco devem estigmatizar ou estereotipar os manifestantes e suas reivindicações, evitando fazer generalizações com base no comportamento de grupos específicos ou fatos isolados. Nesse sentido, as autoridades devem levar em conta que os funcionários públicos têm uma posição de garante dos direitos fundamentais das pessoas e que, portanto, suas declarações não podem constituir formas de ingerência direta ou indireta nos direitos daqueles que pretendem contribuir para a deliberação pública mediante a expressão e a divulgação de informação. Esse dever se vê especialmente acentuado em situações de maior conflitividade social, alterações da ordem pública ou polarização social ou política, precisamente pelo conjunto de riscos que podem implicar para determinadas pessoas.
A esse respeito, os relatores especiais salientam que é fundamental que as autoridades condenem energicamente as agressões contra jornalistas e comunicadores e atuem com a devida diligência e celeridade no esclarecimento dos fatos e na punição dos responsáveis. Os relatores especiais também observam que instruir adequadamente as forças de segurança do Estado sobre o papel da imprensa em uma sociedade democrática constitui um passo importante para prevenir a violência contra jornalistas e trabalhadores de meios de comunicação em situações de conflitividade social.
Os direitos de reunião e liberdade de expressão, garantidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, são fundamentais, e sua garantia é uma condição necessária para a existência e o funcionamento de uma sociedade democrática. Um Estado pode impor limitações razoáveis às manifestações com o objetivo de assegurar sua realização pacífica, ou dispersar aquelas que se tornem violentas, desde que tais limitações sejam regidas pelos princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade. Além disso, a dispersão de uma manifestação deve justificar-se no dever de proteção das pessoas, e devem utilizar-se as medidas mais seguras e menos lesivas para os manifestantes. O uso da força em manifestações públicas deve ser excepcional e em circunstâncias estritamente necessárias, em conformidade com os princípios internacionalmente reconhecidos.
CIDH – Relatoria para la Libertad de Expresion <cidh_rele@lists.oas.org>