Chile bajo el Corolario Trump: patrioterismo y protectorado

25 de septiembre de 2026

Aunque el gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast no quiera reconocerlo, lo que Chile está haciendo con sus lineamientos y acciones, poco transparentes, en política exterior es retroceder al siglo XIX, cuando América Latina era reclamada por Estados Unidos como su patio trasero ^[1]. En esos años, su objetivo era advertir a las potencias del Viejo Mundo que el continente americano ya no estaba abierto a nuevas colonizaciones ni debían intervenir en los gobiernos independientes de la región. Para eso estableció el principio resumido en la famosa frase “América para los americanos”, según el cual cualquier intento europeo de controlar naciones soberanas del hemisferio occidental se consideraría una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

Hoy, más de doscientos años después, el gobierno de Kast, su presidente y su canciller formalizaron el 22 de septiembre de 2026 el ingreso de Chile al Escudo de las Américas^[2], la coalición militar y de seguridad establecida por Estados Unidos en marzo de ese año con una finalidad similar a la Doctrina Monroe, hoy modernizada bajo el “Corolario Trump”, que establece que el hemisferio occidental debe estar controlado por EE.UU. política, económica, comercial y militarmente.

Lejos de ser una decisión soberana y deliberada, la propia Cancillería reconoció internamente que la adhesión era difícil de evitar por la presión directa de Washington ^[3], lo que revela que no se trató de una alianza entre iguales sino de una subordinación impuesta. Con esto no solo se compromete la soberanía y el principio de autodeterminación de Chile, sino que nos ubica bajo la condición de un protectorado estadounidense, que condiciona su apoyo a que rechacemos la influencia externa de quienes considera una amenaza a su seguridad nacional. Es decir, el protectorado norteamericano nos subordina a sus intereses, exigiéndonos ceder parte de nuestra autonomía en seguridad, economía y política exterior a cambio de una “protección” que se otorga en sus propios términos imperiales. Todo esto, evidentemente, apunta contra China, que es el principal socio comercial de Chile y de varios países de la región.

¿Qué vemos entonces en esta ofensiva imperialista y en la subordinación de la ultraderecha? Que ya no hablamos propiamente de hegemonía, sino de dominación. Las visiones hegemónicas clásicas abren espacios de créditos, inversión y acuerdos con las élites locales; en cambio, bajo la dominación del imperio norteamericano se nos propone acceso a nuestros recursos sin compensación, coerción mediante aranceles y recortes de ayuda, y amenaza de intervención militar.

Esta subordinación no se sostiene solo en hechos: también se sostiene en un discurso. El patrioterismo, a diferencia del patriotismo, no es un aprecio genuino por la nación y su pueblo, sino una exaltación retórica y superficial de símbolos patrios —la bandera, el orden, la “seguridad nacional”— utilizada como instrumento político para movilizar emociones y legitimar decisiones que, en los hechos, no defienden el interés nacional. Es un nacionalismo de vitrina: se agita hacia adentro, contra enemigos internos o migrantes, mientras hacia afuera se cede terreno sin resistencia.

Esta contradicción quedó al desnudo en las propias palabras del presidente. Tras formalizar el ingreso de Chile al Escudo de las Américas, Kast insistió una y otra vez en que “aquí no hay un tratado, para que nadie crea que estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional” ^[4], y que el país “resguarda siempre su soberanía”^[5]. Sin embargo, sus propias palabras contrastan con la definición que el propio Trump dio de la iniciativa en marzo de 2026, cuando la presentó como una “nueva coalición militar” y llamó a que las fuerzas armadas de los países participantes actuaran contra los cárteles ^[5]. Más revelador aún: la declaración conjunta suscrita en la cumbre de Nueva York contempla la eventual convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que habilita el uso de la fuerza militar conjunta ante lo que se considere una amenaza a “la paz de América”^[6], una cláusula que el propio gobierno no mencionó al momento de defender la adhesión ante la opinión pública.

El caso del ministro de Defensa, Fernando Barros, ilustra mejor que ningún otro esta doble cara. En agosto de 2026, Barros había declarado públicamente que “Chile no es el patio trasero de ningún país”^[7], en un gesto de aparente firmeza soberanista frente a las presiones de Washington. Sin embargo, el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, reveló días después que ese mismo ministro había firmado, el 12 de marzo de 2026 —un día después de asumir el cargo—, la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles ^[8], el documento fundacional que Washington usa como prueba de que Chile ya era, desde entonces, miembro de la coalición. El Ministerio de Defensa intentó restarle valor a la firma, calificándola de simple “declaración de buenas intenciones” ^[8], pero el episodio expone el patrón exacto que define al patrioterismo: la retórica de “no somos el patio trasero de nadie” para el consumo interno, y el compromiso firmado en privado, sin debate público, para satisfacer a la potencia extranjera.

El patrioterismo no defiende la autodeterminación; la reemplaza por lealtad a una potencia extranjera, siempre que esa potencia hable el mismo lenguaje ideológico. Es un nacionalismo que repite la palabra “soberanía” puertas adentro, mientras puertas afuera firma su renuncia. Así, el patrioterismo de Kast y su gabinete resulta contrario al principio de soberanía y autodeterminación que dicen defender: mientras enarbolan símbolos patrios y promesas de “resguardo institucional” para consolidar apoyo interno, entregan en los hechos las decisiones de seguridad, economía y política exterior del país a los términos que impone el Corolario Trump.

Este mismo patrón —la subordinación disfrazada de soberanía— no es nuevo en la historia de Chile; solo cambia de forma. Por eso resulta iluminador revisar las razones por las que la ultraderecha, con el presidente a la cabeza, defiende a los condenados por su participación en las atrocidades de la dictadura, bajo el argumento de que fueron patriotas que liberaron al país del comunismo en 1973. Quienes participaron del golpe, o quienes hoy aún lo justifican, sostienen el mismo relato de siempre: que las Fuerzas Armadas actuaron por voluntad propia para “salvar a la patria” del comunismo.

Ese relato exige ocultar un hecho que lo desmiente: la subordinación de los mandos militares chilenos a una potencia extranjera que en 1970 planificó, financió y armó el secuestro del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider —operación que terminó en su asesinato—, con el objetivo de impedir por la fuerza la asunción constitucional de Salvador Allende. Documentos desclasificados por el Church Committee del Senado de EE.UU. muestran, además, que la CIA pagó dinero de silencio a los responsables del secuestro para ayudarlos a huir del país tras el hecho^[9].

No hubo, entonces, una decisión enteramente soberana de “salvar a Chile”; hubo un adoctrinamiento sostenido durante años —a través de tratados militares, agregados, equipamiento, misiones y cursos en escuelas especializadas— que preparó a una parte de las Fuerzas Armadas para actuar en función de un objetivo trazado desde fuera: impedir que un gobierno socialista llegara al poder por la vía electoral, y menos aún que se consolidara en el tiempo.

Los militares que derrocaron a Allende y refundaron el país sirvieron, en los hechos, a un diseño que no era enteramente suyo. Durante los tres años de la Unidad Popular, la figura de un enemigo comunista común sirvió para cohesionar a la tropa, polarizar el debate público y movilizar a la sociedad a través del miedo. Se repetía así una historia conocida en el continente: cuando algún país de América Latina decide organizarse y elegir soberanamente sus formas de gobierno y desarrollo —como lo hizo Allende—, surge la reacción de una potencia que desde hace dos siglos considera a la región su patio trasero.

El paralelo con el presente, entonces, no es una licencia retórica sino una continuidad de fondo. En 1970 la subordinación se impuso con dinero, armas y un secuestro; en 2026 se impone con aranceles, presión diplomática y coaliciones de seguridad diseñadas en Washington. Cambian los instrumentos —de la conspiración armada a la declaración conjunta, del agregado militar al Escudo de las Américas—, pero no cambia la lógica: un país que decide, aunque sea parcialmente, alinear su seguridad, su política exterior o su acceso a recursos con los términos que dicta una potencia extranjera, cede soberanía, aunque lo llame cooperación. La diferencia es que en 1970 esa subordinación se ejerció contra la voluntad de un gobierno democrático, mediante la violencia; hoy se ejerce con la complacencia activa de un gobierno que la disfraza de patriotismo. Setenta años después de iniciada la Guerra Fría, ese disfraz —cambiar de nombre, pero no de lógica— sigue siendo, para muchos, más cómodo que la verdad.

Con estos argumentos patrioteros, la ultraderecha busca ahora extender a los criminales de la dictadura el mismo indulto retórico que hoy le concede al propio Kast por su alineamiento con Washington: llamar patriotismo a lo que fue, en ambos casos, subordinación. El gobierno ya ha confirmado que evaluará indultar “caso a caso” a los condenados de Punta Peuco ^[10], entre ellos a responsables de más de mil años acumulados de condena por crímenes de lesa humanidad. Como ya se ha dicho, la edad o la enfermedad no deberían proteger a los asesinos. Llegar a los 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa, y el reclamo de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares es justo y necesario. Liberarlos solo por edad o enfermedad sería una afrenta al país que reclama paz y justicia, y una traición a quienes padecieron ese brutal sufrimiento.

Que el mismo gobierno que hoy cede soberanía a Washington bajo el lenguaje de la “cooperación” sea el que evalúa indultar a quienes hace cincuenta años sirvieron a los intereses de esa misma potencia extranjera, no es una coincidencia menor. Es la misma lógica, operando en dos direcciones: hacia afuera, subordinación disfrazada de soberanía; hacia adentro, impunidad disfrazada de justicia humanitaria. Los indultos, de concretarse, no serían solo un acto de clemencia discutible: serían la confirmación de que el relato que protegió a los responsables del golpe de 1973 —“actuaron para salvar a la patria”— sigue vivo y sigue siendo, para el patrioterismo actual, más cómodo que la verdad.

Enrique Villanueva M.

Notas:

[1] La Doctrina Monroe fue presentada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente estadounidense James Monroe durante su mensaje al Congreso de los Estados Unidos.

[2] El Escudo de las Américas (Shield of the Américas) fue constituido formalmente el 7 de marzo de 2026 en Doral, Miami. Chile, que hasta entonces participaba solo como observador, se incorporó oficialmente el 22 de septiembre de 2026 durante la Asamblea General de la ONU.

[3] Según relataron excancilleres presentes en una reunión previa con el canciller chileno, este señaló que “era muy difícil para Chile no suscribir” la iniciativa, debido a que “Estados Unidos estaba presionando” (La Tercera, 23 de septiembre de 2026).

[4] Declaraciones de José Antonio Kast en Nueva York, recogidas por 24horas e Infobae, 23 de septiembre de 2026.

[5] Resumen Latinoamericano, “Kast formaliza alineamiento con Trump”, 24 de septiembre de 2026.

[6] La Tercera, “Declaración del Escudo de las Américas… incluye intención de convocar al TIAR y abre opción de cooperación militar”, 23 de septiembre de 2026.

[7] The Times Latino, “Embajador Judd revela firma de Barros en Declaración Américas”, 22 de agosto de 2026.

[8] T13 y La Tercera, “Embajador de EE.UU. revela que el ministro Barros firmó la Declaración de las Américas el 12 de marzo”, 21 de agosto de 2026.

[9] National Security Archive, “The CIA and Chile: Anatomy of an Assassination”, basado en documentos desclasificados del Church Committee (Informe sobre Presuntos Complots de Asesinato Involucrando a Líderes Extranjeros, 1975) y en registros de la Operación FUBELT desclasificados durante la administración Clinton.

[10] Biobío Chile, “Kast confirma que aplicará indultos y no descarta beneficiar a condenados por Derechos Humanos”, 31 de marzo de 2026; La Tercera, “Gobierno evalúa plazo para concretar indultos…”, junio de 2026.