Ex carabineros traficaron 118 pistolas, escopetas y fusiles al crimen organizado: ninguno pisará la cárcel

15 de diciembre de 2022

Publicado originalmente el 14.12.2022

DESAPARECIERON DOCUMENTOS DE LA COMISARÍA DESDE DONDE OPERABAN

A pesar de que los cinco ex funcionarios policiales fueron condenados por la justicia, no deberán cumplir sus condenas tras las rejas. La Fiscalía solo les imputó delitos hasta 2015, por lo que les aplicaron las penas asociadas a la legislación antigua. El fiscal a cargo de la indagatoria aseguró que cuando allanó la 23º Comisaría de Talagante, donde trabajaban los ex uniformados, la mayoría de la documentación asociada había desaparecido. Esta es la reconstrucción de los hechos, la que revela cómo operaba la banda dedicada a suministrar armamento al crimen organizado. Las armas de fuego terminaron siendo utilizadas en homicidios y portonazos. La mayoría de ese armamento no ha sido recuperado.

La máquina que operaba el tráfico de armas al interior de la 23º comisaría de Talagante estaba aceitada y funcionaba casi como un reloj suizo. Cinco funcionarios policiales conspiraban para vender en el mercado negro pistolas, escopetas y fusiles. Uno de ellos estaba en servicio activo, y los otros cuatro habían sido recontratados por Carabineros luego de que pasaran a retiro. Todos ganaron dinero suministrando armas al crimen organizado. Y aunque el desparpajo con el que actuaron le abrió una ventana a la Fiscalía para imponer justicia, el modus operandi del grupo es un mapa que alumbra las fallas del sistema.

36 personas fueron imputadas por el Ministerio Público en un proceso judicial que comenzó a fines de 2018 y que ahora presenta sus últimos capítulos. Además de los cinco ex carabineros, desfilaron ante los tribunales un psiquiatra -encargado de firmar los informes que servían para inscribir las armas que después eran vendidas a bandas criminales-, cinco civiles a cargo de la distribución del armamento, y 25 testaferros que recibían dinero para inscribir a su nombre las pistolas y escopetas traficadas.

El método era siempre el mismo: un prestanombre realizaba los trámites para comprar un arma en el comercio establecido, la inscribía, recibía su pago y la entregaba a los ex carabineros, los que la vendían a grupos de criminales a través de los cinco civiles distribuidores. La ganancia por cada arma traficada era jugosa. Si, por ejemplo, una pistola Glock la compraban en las armerías a $600.000, ya legalizada la transaban por más de $2 millones en el mercado informal.

Un dato relevante: una unidad de la 23º comisaría de Carabineros de Talagante funcionaba como una autoridad fiscalizadora del sistema de control de armas en Chile. Y en esa unidad trabajaban los cinco ex uniformados que protagonizan esta trama. Traficaban y corrompían desde el núcleo del sistema. Y a pesar de que la Fiscalía logró acreditar los hechos -al menos 118 armas de fuego traficadas entre 2013 y 2015-, ninguno de los involucrados cumplirá su condena en la cárcel.

CIPER reconstruyó esta historia y detectó varios cabos sueltos. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público allanó la comisaría de Talagante, buena parte de los documentos relacionados con la inscripción de armas no existían.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Heriberto Reyes, subraya ese episodio: “Hay un periodo oscuro entre el 2013 y el 2015. Yo hice un allanamiento a la autoridad fiscalizadora e incauté toda su documentación, y misteriosamente estaba la mayoría extraviada. Se hizo un sumario en la 23º Comisaría para determinar los hechos, pero nunca dieron con el paradero de toda esa documentación”, aseguró a CIPER.

Al respecto, desde Carabineros le dijeron a CIPER que en esa oportunidad fueron incautados permisos de transportes, rendición de cuentas de 2015 y armas extraviadas, inscripciones y transferencias del mismo año. Agregaron que, conforme a una resolución de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN, dependiente del Ministerio de Defensa y encargada de fiscalizar las armas en manos de civiles), el tiempo de permanencia de la documentación relacionada a la inscripción y transferencia de armas de fuego, “debe permanecer cinco años en el archivo y posteriormente la documentación debe ser triturada o incinerada”.

Pero la incautación se realizó el 29 de octubre del 2018, no habían pasado cinco años. Así, en esa fecha solo podrían haberse destruido los archivos anteriores a octubre del 2013.

LA RUTA DE LOS TESTAFERROS

Los protagonistas de esta historia son cinco ex carabineros. Uno de ellos, el sargento segundo (r) Cristián Arriaza Arriaza (46 años) era el único que estaba en servicio activo cuando el Ministerio Público comenzó la indagatoria. Los otros cuatro ya habían pasado a retiro, pero la institución los había re contratado, ahora como civiles, cargo que en el diccionario policial se conoce como “civiles contratados por resolución” (CPR).

Esos cuatro CPR eran Marcelo Catalán García (47), Fernando Alvial Soto (55), Rodrigo Rojas Cortés (38), y Marcos Garrido Sánchez (62). Catalán es el más mencionado en los testimonios judiciales, los que lo ubican al centro del tablero.

En la banda integrada por los ex carabineros las funciones estaban bien definidas. Según la investigación de la Fiscalía, Marcelo Catalán era quien reclutaba a personas mayores de edad y sin antecedentes penales para adquirir un arma e inscribirla en el registro oficial. A cambio les ofrecía entre $80.000 y $160.000. Uno de los prestanombres reclutados por Catalán inscribió 20 armas, a pesar de que la normativa permite un máximo de dos para defensa personal. Ese antecedente no hizo saltar las alarmas.

Cuando los testaferros ya estaban reclutados, acudían a la 23º comisaría de Talagante y eran atendidos por Fernando Alvial Soto, quien les tomaba las pruebas de conocimiento -aunque era él quien respondía las preguntas-, y les daba el dinero para pagar la inscripción del arma. En este proceso también participaban el carabinero que estaba en servicio activo y uno de los CPR: Cristian Arriaza y Marcos Garrido.

Luego Marcelo Catalán los llevaba a la consulta del médico Alberto Martínez Amurrio (76 años), en el sexto piso del edificio ubicado en Lord Cochrane 30 (Santiago Centro), quien firmaba el certificado psiquiátrico necesario para la tenencia de un arma de fuego. Los testaferros nunca se quedaban con ese documento. Según la acusación realizada por la Fiscalía Local de Talagante, el doctor le entregaba directamente a Catalán el certificado. Quienes aceptaban participar del negocio solo recibían los padrones de las armas que inscribían, y uno o dos meses después, presentaban una denuncia ante Carabineros por el robo o el extravío de estas.

Las armas que compraban en las armerías tampoco quedaban en manos de los testaferros. Según la investigación del Ministerio Público, estas eran entregadas por Catalán a los civiles que formaban parte de la banda y que ejercían el rol de distribuidores: Yimmy Lastra (36) y Patricio Concha (28), quienes se las pasaban a Carlos Venegas (47) y José Chorizola (43), quienes finalmente las vendían en sumas que superaban los $2 millones.

En septiembre de 2020 uno de los distribuidores, Yimmy Lastra, declaró ante el fiscal Heriberto Reyes, que “en cuanto al psiquiatra, yo hice el trámite la primera vez, y tuve la oportunidad de conocerlo; me lo recomendaron en la armería Armaquet, y cuando fui fue un trámite regular. Seguimos visitando al mismo psiquiatra; se le pagaba la consulta con el dinero que daba Carlos Venegas, y no preguntaba nada”.

De las 118 armas de fuego que la banda traficó entre 2013 y 2015, 82 fueron pistolas Glock. El fiscal Heriberto Muñoz, que encabezó la indagatoria, explicó a CIPER porque eran las preferidas: “Es la pistola más usada por las policías de todo el planeta, por calidad, porque tiene una munición compatible. Por las mismas razones es apreciada por los delincuentes, porque es un arma muy poderosa”.

Una de las sorpresas de la investigación judicial fue que los prestanombres inscribían más de un arma por día. Por ejemplo, uno de ellos, Mirko Palominos, inscribió 12 pistolas Glock en junio de 2014. Fue un verdadero rally: hubo días en que inscribió tres al mismo tiempo. Pero ese antecedente no levantó sospechas en el sistema de control a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Otro de los testaferros, Nicolás Tapia, puso a su nombre ocho pistolas Glock entre mayo y junio de 2014. José Ríos, otro de los involucrados, inscribió 14 armas entre enero de 2012 y mayo de 2014. Además de cinco pistolas Glock, también registró dos pistolas Beretta, una carabina Colt, una pistola Taurus, una de Famae, una escopeta Safir, dos rifles Mossberg y un fusil sin marca. En el caso de Ríos la falta de alarma por la masiva inscripción de armamento puede explicarse porque figuraba en los registros como “deportista” y como “coleccionista”, dos condiciones que permiten saltarse el límite de dos armas de fuego inscritas por persona.

Uno de los principales argumentos que desplegó en tribunales la defensa de estos dos imputados, es que solo habrían registrado personalmente algunas de esas armas, y que en otras ocasiones los funcionarios involucrados habrían falsificado sus firmas para proceder con las inscripciones.

Pero el caso de José Ríos deja en evidencia el problema que hay con la fiscalización. Porque las 14 armas que registró no eran para hacer deporte ni para coleccionarlas, sino que para venderlas en el mercado negro a bandas criminales  (vea el listado completo de las 118 armas que inscribió la banda).

Entre los prestanombres quien lidera las inscripciones es Yimmy Lastra, con 20 armas de fuego inscritas entre agosto de 2013 y junio de 2014. Él, además de inscribir armamento que luego era traficado, también ejercía un rol como distribuidor de las pistolas, escopetas y rifles. Actualmente está en prisión preventiva esperando sentencia. Su defensa acordó un juicio abreviado con la Fiscalía.

Buena parte de las 118 armas traficadas no han sido recuperadas. Eso sí, la Policía de Investigaciones (PDI) ha detectado que varias de ellas han sido utilizadas en homicidios y asaltos violentos.

ARMAS PÉRDIDAS

La mañana del viernes 25 de septiembre de 2020, hace dos años y cuando la investigación de la Fiscalía estaba en pleno desarrollo, la PDI realizó tres allanamientos simultáneos. Eran casi las 09.20 y a 109 kilómetros de Santiago, al interior de una casa en la Región de O’Higgins, Carlos Díaz Marincovich (46) fue detenido. Él es uno de los hilos que une a la banda compuesta por los ex carabineros con las bandas del crimen organizado que compraron el armamento traficado.

En su casa la policía halló lo más parecido a un arsenal que se podría encontrar en un pueblo como Doñihue: una escopeta artesanal, tres armas de fantasía, dos rifles a poston, silenciadores, 536 cartuchos de distintos calibres, ropa de Carabineros, dos placas falsas de identificación de la PDI, un arma taurus, 16 plantas de marihuana y, en una mochila negra, 20 explosivos de alta peligrosidad, rotulados como Enaex Y Emultex.

Lo que no figuraba en el listado de especies halladas, es una escopeta Safir T14 inscrita irregularmente el año 2013 en la 23º comisaría de Talagante. La banda donde participaban los ex carabineros le vendió esa arma a Carlos Díaz Marincovich, la que había sido inscrita por José Ríos, el prestanombres que tenía permiso como deportista y coleccionista.

El mismo día que Díaz Marincovich fue allanado, la PDI también irrumpió en dos domicilios de la comuna de La Pintana. En la casa de Carlos Venegas, uno de los distribuidores, la policía encontró dos pistolas Taurus y dos Glock -ambas inscritas a nombre de su hijo-, pero la lista continúa: un cañón de pistola, 13 cargadores de distintos tiros, fundas tácticas para pistola y su cargador, múltiples accesorios de pistola y 1.714 tiros de múltiples calibres. La Ley 17.798 permite por razones de defensa propia, y tras la debida inscripción de un arma, la compra de un máximo de 100 balas al año por persona. Los antecedentes de Venegas tampoco le habrían permitido inscribir un arma de forma legal. El hombre de 47 años fue condenado en 2018 por el delito de tenencia ilegal de municiones, y según argumentó la Fiscalía en su formalización, este también tiene antecedentes por lesiones menos graves por violencia intrafamiliar en 2012 y 2017.

La tercera casa allanada ese viernes 25 de septiembre de 2020 fue la de José Chorizola, también en La Pintana, otro de los distribuidores. Allí la PDI no encontró armas. El comerciante ambulante ya había aprendido la lección. En junio del 2015 fue sorprendido por funcionarios de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI manteniendo en su poder una pistola Llama junto a cuatro cargadores y cartuchos compatibles con el arma, todo eso, sin contar con la autorización competente. Chorizola también tenía antecedentes; había sido condenado en 1998 por tenencia de un arma de fantasía, en el 2010 por tenencia de arma de fuego y nuevamente en septiembre de 2019 -por los hechos de 2015-, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Según los requisitos que establece la propia Ley de Control de Armas, ninguno de los allanados aquel 25 de septiembre en 2020 -Marincovich, Venegas y Chorizola-, podría tener un arma a su nombre legalmente. No haber sido condenado por crimen o simple delito, así como no haber sido sancionado en procesos relacionados con la Ley 19.325 sobre violencia intrafamiliar son requisitos necesarios al momento de inscribir un arma.

Ninguna de las 118 armas de fuego que la banda tráfico al mercado negro fueron encontradas en esos allanamientos. ¿Dónde están?

El fiscal Reyes sostiene que “el grueso de las armas fue a parar a todo el sector sur de la capital y en ese lugar nosotros incautamos muchísimas municiones, armas, explosivos, pero ni cerca de la cantidad que se habían reducido”.

–¿Y de las 118 armas cuántas se han encontrado?

–Hasta el momento solamente dos–, dice el fiscal, pero duda. –– A esta altura, para serte bien sincero han salido más de dos, lo que pasa es que yo no puedo estar eternamente pidiendo que comparen las armas que van saliendo en distintos delitos. Si yo hago un barrido a nivel nacional, ya habrían saltado más.

CIPER realizó la misma pregunta a la PDI. Al respecto, la subprefecta Daniela Abarca, jefa subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Peñaflor, sostuvo que “varias de esas armas fueron encontradas en operativos de Carabineros y de la PDI, antes y después de la investigación que se menciona. Se tiene conocimiento de cuántas armas han sido encontradas; sin embargo, esa información es materia de la presente investigación, la cual se encuentra bajo reserva en la Fiscalía Local de Talagante”.

De lo que no hay ninguna duda es que las armas traficadas se utilizaron para cometer delitos graves.  Según la acusación realizada por el Ministerio Público, varias de ellas estuvieron en poder de personas involucradas en homicidios y robos con intimidación y violencia, como portonazos. Al consultar a la PDI al respecto, comentaron que “efectivamente la mayoría de esas armas sí registraron denuncias”.

LAS CONDENAS

CIPER consultó en distintas armerías de la capital y confirmó que entre 2013 y 2015 los precios de las  pistolas Glock rondaban los $600.000. Esas armas de fuego fueron las preferidas de la banda, que inscribió y luego vendió a criminales 82 pistolas de ese tipo por más de $2 millones. Las ganancias que dejaba el tráfico permitían pagarle a los ex carabineros cerca de $400.000 por cada arma inscrita de manera fraudulenta.

No siempre el pago se hacía en dinero. En 2020 Yimmy Lastra (el mismo que inscribió 20 armas y que ejercía como distribuidor), declaró ante la Fiscalía que en 2014 la operación comenzó a tener problemas por la falta de discreción de uno de los funcionarios de Carabineros involucrado:

– (La operación) se dificultó porque empezaron a sospechar de Fernando Alvial, debido a que él había recibido un automóvil a cambio de inscripciones fraudulentas de armas. En esa ocasión, Alvial contó que tenía un auto Chevrolet Cavalier que le daba panas y luego le compramos un Fiat Punto Rojo, y cuando se lo fuimos a entregar un oficial (de Carabineros), nos vio y sospechó de la situación, aseguró Lastra.

No fue el único descuido. En la indagatoria se determinó que 43 armas se registraron en una misma dirección de la comuna de Padre Hurtado. La unidad fiscalizadora de la 23º comisaría de Talagante está a cargo de supervisar las armas inscritas en esa comuna aledaña, al surponiente de la Región Metropolitana. En esa dirección vivían los padres de José Ríos, el testaferro que tenía permiso para inscribir armas como deportista y coleccionista.

Uno de los testigos que declaró en el proceso judicial del caso, comentó a CIPER que fueron ese tipo de situaciones las que levantaron las alarmas de algunos funcionarios de la misma autoridad fiscalizadora: “A nosotros nos salió en una oportunidad una persona que tenía un domicilio más al norte y cuando nosotros llegamos a fiscalizar nadie lo conocía, y después vimos los antecedentes de él y el tipo no era de ahí. Para efectos de la inscripción lo hicieron figurar con domicilio en la comuna de El Monte, pero esas armas obviamente nunca estuvieron ahí y él tampoco”.

Fueron otros funcionarios de la Comisaría de Talagante los que le avisaron a la Fiscalía de las irregularidades, y así comenzó la indagatoria judicial que ahora llega a su fin.

El 30 de junio de 2020 fue reformalizado el médico boliviano Alberto Martínez Amurrio, que era quien suministraba los certificados psiquiátricos que le permitieron a la banda inscribir las 118 armas que traficaron. Además de los delitos de tráfico de armas y asociación ilícita, se le imputó el de ejercicio ilegal de la profesión. El 11 de mayo pasado fue sobreseído por el Tribunal de Garantía de Talagante respecto de ese delito.

Los archivos de la causa dan cuenta de cómo su abogado defensor, Omar Abuid, insistió en que Martínez “tan solo fue el doctor de más de 450 personas que concurrían hasta su consulta, recomendados por las armerías, dentro de las cuales solo 20 resultaron vinculadas a una presunta organización, pero respecto a la cual no tuvo conocimiento y malamente podría haberlo tenido”.

La Fiscalía ya había decidido no perseverar respecto del delito de asociación ilícita, entonces todo quedó listo para que en octubre pasado se le suspendiera condicionalmente el proceso al doctor Martínez. El único requisito fue que le informe periódicamente su domicilio al Ministerio Público durante tres años, y que done $500.000 a la Fundación Las Rosas de Isla de Maipo.

El rol de Martínez como médico preferido de las armerías no era nuevo. Ya en 2014 un reportaje de CIPER reveló que la mayoría de los armeros del Barrio Bulnes, centro de Santiago, lo recomendaban: “Yo sé por qué se lo recomiendo, es rápido y no complica”, señaló uno de ellos (vea el reportaje “Así llegan las armas inscritas a los arsenales del hampa”).

La Fiscalía también decidió suspender el procedimiento contra el ex funcionario de Carabineros Cristian Arriaza y el particular Carlos Venegas. Este último, además, quedó con expresa prohibición de inscribir y solicitar autorización para el porte o tenencia de un arma de fuego.

En octubre de este año, se condenó a Carlos Díaz Marincovich por tenencia ilegal de arma de fuego, uso y almacenamiento del uniforme de Carabineros a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, respectivamente. A José Chorizola se le sentenció como autor de tráfico de armas y fue condenado a tres años de presidio menor en su grado máximo, pena que fue sustituida por la de remisión condicional.

Los ex carabineros Marcos Garrido y Fernando Alvial fueron condenados como autores del delito de tráfico de armas y sentenciados a cinco años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación perpetua para derechos políticos y para ostentar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Ambos pudieron optar a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo presentarse periódicamente al Centro de Reinserción Social de Gendarmería más cercano a su domicilio.

A otro de los ex CPR de Carabineros, Rodrigo Rojas Cortés, también se le suspendió condicionalmente el proceso, a cambio de que entregue $300.000 a Bomberos. Él fue imputado por inscribir a su nombre una de las armas traficadas luego de recibir $80.000 como pago.

A la fecha, solo el ex funcionario de la autoridad fiscalizadora Marcelo Catalán y Yimmy Lastra -quien se encuentra en prisión preventiva-, no han sido condenados. Su juicio abreviado fue reprogramado para este mes, pues sus abogados defensores no contaban con los informes necesarios para solicitar la libertad vigilada u otra pena sustitutiva.

Al respecto, el fiscal Heriberto Reyes afirma que debido a que el principal periodo incriminado solo incluyó los delitos cometidos hasta 2015 lo “agarró con una ley que era más benévola, con penas hasta la mitad de lo que son hoy”. Justo en enero del 2015, se promulgó la Ley 20.813 que modifica la Ley de Control de Armas, y, entre otras cosas, endurece las penas asociadas al tráfico de armas. “Pero a mí me agarró la ley antigua, justo donde las penas eran más blandengues. Sí esos mismos delitos fueran cometidos hoy, las penas serían el doble de elevadas. En ese momento eran ridículas”, sostuvo Reyes a CIPER.

Y aunque el mismo fiscal aseguró que la banda donde participaban ex carabineros siguió operando hasta 2017, solo le imputó delitos cometidos entre 2013 y 2015. Cuando le preguntamos por qué, no obtuvimos respuesta.

Desde Carabineros aseguraron que, si bien la inscripción fraudulenta se realizó hasta 2015, a raíz de fiscalizaciones posteriores a ese año “el personal a cargo de las fiscalizaciones de armas domiciliarias pudo detectar otras anomalías, hechos que fueron denunciados entre los años 2017 y 2018”. Desde la institución no aclararon a qué corresponden esas anomalías.