Documento secreto prueba que Ejército volvió a mentir a ministro de la Corte de Apelaciones

Dentro del libro “La guerra de Harvey”, que será lanzado durante este semestre a través de editorial Ceibo, el capitán de Ejército Rafael Harvey revela su historia desde que ingresó a la institución, los primeros hallazgos de corrupción y luego otros eventos que, de a poco, lo fueron transformando en un problema para la rama castrense.

Siguiendo la espiral, Harvey narra su detención durante veintiún días con la solicitud del Ejército de encarcelarlo por diez años producto de un cargo de sedición que luego se comprobaría, no era tal. Según él, se trató de un montaje elaborado para “liquidarlo” producto de sus denuncias de corrupción. A partir de ese momento, relata que fue víctima de una persecución sin cuartel, llevada a cabo por el Ejército tanto por la vía legal, administrativa y más allá, a través de seguimientos y escuchas telefónicas, que lo tuvieron al borde de “ser anulado” de la sociedad.

Pocos días atrás, Ciper publicó una solicitud secreta de interceptación telefónica que en 2017 hizo el Director de Inteligencia, Shafik Nazal Lázaro, al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, encargado de visar las órdenes de interceptación, con el fin de intervenir las comunicaciones telefónicas de una supuesta espía extranjera. Su número, sin embargo, resultó ser del periodista Mauricio Weibel, quien denunció el “Milicogate”. La situación, ventilada ampliamente a través de la prensa como un engaño, hasta ahora no ha generado ningún tipo de declaración de parte del Ejército.

Pero tan grave como aquello es otro conjunto de interceptaciones telefónicas solicitadas por el director de Inteligencia, Shafik Nazal, al ministro Juan Poblete, a través de la misma forma de operar: el engaño y la mentira. Según el documento secreto de la DINE 2417/9, el 10 de marzo de 2017, Nazal solicitó al ministro interceptar las comunicaciones del exfuncionario del Ejército (y denunciante de corrupción), Carlos Andrés Farías Ramírez, quien habría sido descubierto “filtrando documentos de carácter reservado o secreto”, para divulgarlos a través de redes sociales, “utilizando diferentes teléfonos móviles.” Nazal solicitó interceptar las comunicaciones de varios números telefónicos supuestamente utilizados por Farías.

Como se observa en el documento de carácter “Secreto”, la solicitud de interceptación de comunicaciones es para cinco números telefónicos de Farías. Sin embargo, fue posible comprobar que el número +56972147314 es realmente de Rafael Harvey, denunciante de corrupción y personaje del libro de Rebolledo. Y que el +56991335849 es del cabo Sergio Tudesca Órdenes, actualmente en servicio activo y denunciante del “Milicogate”.

Entre la información para las intervenciones se solicitó “textos enviados y recibidos, tráfico de llamadas entrante y salida nacional e internacional, los números de teléfono con que registren contacto (…)”.

El 17 de marzo de 2017, mediante Oficio Secreto 609, el ministro Poblete autorizó “La intervención de las comunicaciones telefónicas, es decir, el monitoreo y registro de toda comunicación efectuada hacia y desde el teléfono celular No +56972147314, número utilizado por ciudadano Carlos A. Farías Ramírez (…)”, sin saber que en realidad este es el número de Harvey.

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A pesar de que la Ley de Inteligencia 19.974 es expresa en señalar que el período de intervención de un número telefónico es de 90 días, prorrogable fundadamente solo en una oportunidad por igual período de tiempo, el Oficio Secreto Número 45-2018, emitido y firmado por el ministro Poblete, indica que el número de Harvey dejó de ser intervenido a partir del 16 de febrero de 2018, es decir casi once meses después de que se aprobara su intervención.

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La primera noticia de espionaje telefónico fue conocida a través de Radio Bío Bío y La Tercera el 10 de agosto de 2019. Ahí se denunciaba el espionaje del Ejército a Mauricio Weibel y a cuatro denunciantes de corrupción: el capitán Rafael Harvey, el sargento Juan Pablo Díaz, el cabo primero Sergio Tudesca y el exteniente, Carlos Farías. Producto de esto, el diputado Leonardo Soto (PS) presentó una querella por interceptaciones ilegales. Esa acción judicial dio origen a una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, que logró liberar el secreto de las solicitudes del DINE a la Corte de Apelaciones, entre otros documentos reservados.

Hace pocos días Ciper denunció que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Centro Norte acreditó que funcionarios de la DINE solicitaron al registro civil antecedentes de Mauricio Weibel, los ex funcionarios del Ejército Rafael Harvey y Carlos Farías y de los periodistas, Juan Cristóbal Peña, Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic, Danae Fuster y Javier Rebolledo, todos ellos con algo en común: investigaban situaciones vinculadas a corrupción y violaciones a los derechos humanos al interior del Ejército.

*Fuente: El Mostrador