Los intentos de algunos militares (r) y Civiles para asesinar a Salvador Allende

Mientras explotaban bombas en Santiago para acusar a la izquierda, el mayor Arturo Marshall –que había participado de la intentona golpista en marzo de 1970 – con el general (r) Horacio Gamboa, se disponía incluso a asesinar a Allende. Korry, sin embargo, temía que cualquier “aventura” para obstaculizar el acceso de Allende al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, pudiese desencadenar una campaña internacional para culpar a los Estados Unidos y la CIA; y los ciudadanos americanos en Chile correrían peligro.

En telegrama fechado el 12 de septiembre, él informó al Departamento de Estado no creer que los militares chilenos se moviesen para impedir la asunción de Allende. Los propios militares americanos habían hecho contactos con sus colegas chilenos y estos “rechazan de forma unánime la posibilidad de una intervención militar significativa en la situación política previo al 24 de octubre”, fecha en que el Congreso debería ratificar la elección de Allende. Según él, “los militares, en su estado actual y habitual de irresolución flácida no tienen ningún papel que desempeñar en este escenario hasta el orden final”.

El embajador Korry, desinformado en cuanto a la Track II, aparentemente confiaba en el éxito de la Track I; esto es, que el Congreso no ratificase la elección de Allende, sino la de Alessandri, lo que provocaría un levantamiento popular, obligando al Ejército a intervenir para reprimirlo, obedeciendo las órdenes de Frei, hasta entonces presidente constitucional. Pero la preparación del golpe de Estado ya había comenzado y el coronel Paul Wimert, agregado militar en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, estaba articulado con los generales (r) Roberto Viaux y Camilo Valenzuela.

El día 7 de octubre, David A. Philips, director de la Western Hemisphere Division, había trasmitido a la estación de la CIA en Santiago la directiva de su director, Richard Helms, dando instrucción para que los militares chilenos fuesen contactados, haciéndoles saber que el gobierno de los Estados Unidos quería “una solución militar, y que los apoyaremos ahora y después”. La instrucción era en el sentido de que golpe de Estado fuese culminado para el 24 de octubre, fecha en que el Congreso se reuniría, en un “clima de incertidumbre económica y política”.

El 10 de octubre, Henry Heckscher, jefe de la estación de la CIA en Santiago, escribió al cuartel general, en Langley: “la carnicería será considerable y habrá una prolongada guerra civil… Nos has pedido provocar el caos en Chile… nosotros te proveeremos de una fórmula para el caos que es improbable que no sea sangrienta. Disimular la intervención de EE. UU. será claramente imposible”.

Heckscher había sido realista en su previsión. Él podría ejecutar la fórmula para el caos, pero era improbable que el golpe de Estado ocurriese sin derramamiento de sangre, y difícil de disimular la participación de los Estados Unidos. Él informó, entre tanto, que el golpe planeado para aquella semana había sido suspendido, y que el general Roberto Viaux tensionaba el “aumento de niveles de terrorismo” en Santiago durante el fin de semana, con el objetivo de provocar a la UP para que promoviese una represalia violenta junto a desórdenes públicos.

El embajador de Brasil en Santiago, Antônio Cândido de la Câmara Canto – íntimamente articulado con los que conspiraban contra la asunción de Allende a la presidencia de Chile – conocía la puesta en marcha de la Track I, ejecutada por la CIA. En telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que Jorge Alessandri, teniendo en vista no haber conseguido la primera mayoría, aunque el Congreso lo elija en octubre; renunciará y no será candidato a la nueva elección que sería convocada. “Esta actitud está siendo explotada por sus partidarios con finalidad política para, amparados en el precepto constitucional, evitar la toma de mando del sr. Allende y, posteriormente, con la renuncia de Alessandri, organizar una nueva elección, presentando al presidente Frei como candidato de la Democracia Cristiana y de los partidos de derecha”. Sin embargo, según acentuó, estaba “convencido de que sólo un levantamiento militar, no totalmente fuera de meditación, podría atajar la designación de Allende como presidente electo”.

Cualquiera que fuese el escenario, la perspectiva para Chile era sombría. Y la situación se planteaba incierta para Frei en caso de la Track I. Además de las Fuerzas Armadas, él también necesitaba contar con la colaboración del PDC para lanzar su candidatura, en caso de la convocatoria de nuevas elecciones, en virtud de la renuncia de Alessandri. Korry fue autorizado a ofrecer a Frei y a sus  correligionarios U$S 250.000 del fondo de contingencia de la CIA, y más – si fuese necesario – para el “covert support” (apoyo encubierto, en español) del proyecto. Esta estratagema resultó de una discusión en el 40 Committee y fue denominado “Rube Goldberg”, en referencia a un caricaturista americano que inventó una máquina con dispositivos muy complejos capaces de realizar tareas muy simples de forma indirecta y atravesada.

Washington especulaba con todas las posibilidades para impedir la asunción de Allende a la presidencia. Así, mientras Korry buscaba una solución formalmente constitucional, unidades de la CIA, bajo la dirección de Thomas Karamessines emprendían la Track II y, sin dar conocimiento al Departamento de Estado, articulaban el golpe de Estado para el cual a Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono estuvieron preparando planes de contingencia antes inclusive de las directivas de Nixon, el 15 de septiembre.

El embajador Câmara Canto, después de conversar en un almuerzo con generales del Ejército y el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa Reyes, envió un telegrama al Itamaraty proporcionando mayores detalles sobre el plan, informando:

1.- Los generales dudaban del cumplimiento, por parte de la UP, de los compromisos que fuesen a asumir con la Democracia Cristiana;

2.- Fue sugerido al presidente Frei, por políticos de su partido y algunos militares, la reforma inmediata del ministerio, con la integración de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que daría cierto respaldo a los  congresistas demócrata-cristianos para que el plenario del Congreso voten a favor de Jorge Alessandri;

3.- La no elección del senador Allende provocaría de inmediato una fuerte reacción de sus  partidarios, lo que llevaría al gobierno a declarar el estado de sitio;

4.- En esta situación, y después de la renuncia de Alessandri, el   gobierno  convocaría a nuevas elecciones;

5.- En caso de que dejasen a  Allende asumir pacíficamente el   poder, juzgaban estos militares, con quien Câmara Canto había almorzado, que más temprano o más tarde tendrían que tomar “alguna actitud drástica”;

6.- El presidente Frei, sin embargo, estaría resistiéndose a promover la reforma ministerial e integrar a los militares en el gobierno.

Después del almuerzo, el presidente del  Partido Nacional abordó al embajador Câmara Canto y le pidió que sugiriese al gobierno brasileño que manifestase al presidente Frei que estaba indeciso en promover la reforma ministerial, indicando “su preocupación con la instauración en el continente de un régimen marxista”, de modo a animarlo a impeler el golpe de Estado. Câmara Canto, sin embargo, respondió negativamente a la sugerencia de Sergio Onofre Jarpa, “declarando que sólo él lo haría si recibiese espontáneamente instrucciones en este sentido”.

Algunos ministros, principalmente el de Hacienda y Economía, Andrés Zaldívar, y el del Interior, Patricio Rojas Saavedra, procuraban incentivar al presidente Frei a tomar alguna iniciativa con relación a la “necesidad imperiosa” de impedir la “entronización del comunismo en Chile”. Frei había tenido una larga entrevista con el general Schneider, a puertas cerradas, con el objetivo de sondearlo respecto de una posible acción extra-constitucional “con los fines ya indicados”.

De acuerdo con la información enviada al Palacio San Martín (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) por el embajador de Argentina en Santiago, Javier T. Gallac, el senador Julio Durán, del Partido Radical (facción de derecha) le confidenció que Frei “había querido vencer los escrúpulo legalistas del general Schneider alentando una solución de fuerza”. Y al senador André Monteîl, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Francia, Frei le dijo que Allende sería sometido por los comunistas y que la “única manera de impedirles el acceso al poder sería por medios fuera de la Constitución”.

Así, “mientras continuaban los sondeos y las vacilaciones del señor Frei”, el general (r) Roberto Viaux se reunió con el general Joaquín García, de la FACh, almirante Hugo Tirado, y el general Vicente Huerta, director-general de los Carabineros, con los cuales trató de planificar el golpe de Estado, pero sabiendo que la “incógnita” era el general Schneider.

Harold Hendrix, representante de la ITT en Chile dictó por teléfono un memorandum para el vice-presidente ejecutivo de la corporación, Edward J. Gerrity, observando que era “significant” que ninguna acción había sido tomada contra Viaux, pero hasta entonces no había mostrado “abierta inclinación” para apoyarlo.

El embajador Korry también había  explorado la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas; sin embargo, parecía dubitativo, dado que no podía neutralizar al general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, con sólida formación legalista, que se oponía a cualquier iniciativa ilegal contraria a la Constitución. Según la CIA, había un impasse: por un lado, Frei esperaba que los militares tomasen la iniciativa de intervenir, por el otro, los “constitucionalistas” militares esperaban que él diese la orden para rematar el golpe de Estado.

Realmente, según la declaración de Viaux a la periodista Florencia Varas, Guillermo Carey Tagle, abogado de la Kennecott Copper, le comunicó que el presidente Frei deseaba que se diese el golpe de Estado, entregando el gobierno a una Junta Militar que lo exilaría, con la condición de que no se supiese de su participación. “En otras palabras” – Viaux comentó – “Frei cuidaba su imagen como demócrata a toda costa, para así tener la posibilidad de llegar nuevamente a la primera magistratura”.

El temor de que un golpe de Estado o que la no ratificación de la elección de Allende por el Plenario del Congreso desencadenase la guerra civil era, sin embargo, lo que inhibía a gran parte de la oficialidad. No había apoyo popular para ninguna de estas iniciativas. El propio contra-almirante José Toribio Merino, contrario a la UP y entonces director general de los Servicios de la Armada, admitió que “cualquier tipo de acción que pretendiera la derecha para que no asumiera Allende habría sido una locura que habría terminado en una guerra civil”, y explicó que la Marina quería evitar una situación dramática, porque “la tropa y mucha gente del pueblo estaba con Allende”. Cuando se supo de la victoria de la UP, en la mayoría de los cuarteles y regimientos, se oyó gritar a la tropa: “¡Viva el compañero Allende!”.

El MIR y un fuerte sector del PS, que trataban de reclutar adeptos dentro de las Fuerzas Armadas, no creían en la “vía chilena”, en la vía legal, defendida por la UP para la implantación del socialismo. El 17 de septiembre, el MIR, empeñado en la estrategia insurreccional, aunque cesasen las ocupaciones de fundos y acciones armadas para no perjudicar a la UP, emitió un comunicado declarando que la elección de Allende había creado un impasse entre los trabajadores y los latifundistas y empresarios, que solamente sería resuelto a través de la confrontación entre los pobres de las ciudades y de los campos y los poseedores de riqueza y poder.

La confrontación, agregó, había sido entonces dejada de lado; sin embargo, más temprano o más tarde estallaría la violencia. El MIR entendía que había factores en la crisis de Chile que pronosticaban una situación revolucionaria, que si no fuese asumida en su plenitud llevaría el proceso a derivar hacia la contra-revolución. La tesis postulada sobre el enfrentamiento inevitable entre el pueblo y las clases dominantes, postulada por el MIR antes del 4 de septiembre, fue reafirmada en su análisis sobre los resultados electorales.

La investidura de Allende como presidente de Chile dependía de un entendimiento con el PDC, de modo que pudiese obtener el quorum necesario en la ratificación de su victoria por el Plenario del Congreso. Y él tuvo que negociar con este partido un Estatuto de Garantías Democráticas con el compromiso de transformar su texto en reforma constitucional, consolidando el Estado de Derecho, reafirmando el carácter profesional e independiente de las Fuerzas Armadas, regulando la propiedad de los medios de comunicación y asegurando la libertad de opinión, prensa, así como de enseñanza, la inviolabilidad de la correspondencia, el respeto a la pluralidad sindical y a la autonomía de las universidades, así como la obligación de indemnizar las expropiaciones previstas en el programa de la UP. El ministro de la Hacienda y Economía, Andrés Zaldívar, y tras él Frei, hizo todo lo posible para sabotear las conversaciones del PDC con Allende.

También hubo resistencia por parte de algunos sectores del PS y del MAPU. Sin los votos de los diputados y senadores democratacristianos, el Plenario del Congreso no ratificaría la victoria electoral de Allende que terminó por firmar el Estatuto de Garantías Democráticas el 8 de octubre de 1970. Después declaró a Regis Debray que no era correcto hablar de negociación, porque no había renunciado a una línea del programa de la UP y aceptó las condiciones del PDC por “necesidad táctica”.

El embajador de Brasil, Antônio de la Câmara Canto, informó al Itamaraty que la redacción del Estatuto de Garantías Democráticas, exigido por el PDC para votar a Allende en el Plenario del  Congreso el 24 de octubre, presentó mucho menos dificultad de lo que se preveía. Él también había recibido la información de que la Democracia Cristiana había dirigido a la UP otro texto, de carácter secreto, reclamando soluciones concretas para cuestiones específicas, pero había sido recusado por contener “exigencias humillantes”. De cualquier forma, la proclamación de Allende como presidente por el Plenario del Congreso fue acertada, después que la Cámara de Diputados, el 15 de octubre, aprobó por 94 votos a favor y 16 abstenciones (del Partido Nacional) el Estatuto de Garantías Democráticas, pactado entre la Democracia Cristiana y la UP.

La investidura del senador Salvador Allende en la presidencia de Chile ya se vislumbraba pacífica. El propósito de parte de una facción militar de tomar una actitud, a fin de evitarla, no tuvo éxito. Según lo que el  embajador Câmara Canto trasmitió al Itamaraty, después de conversar cerca de nueve horas con catorce oficiales superiores del Ejército y dos generales de los Carabineros, sus compañeros en la afición a la hípica, la articulación de un golpe de Estado no avanzó por falta de un líder y de la poca familiaridad que tenían entre sí los oficiales generales, dado que la promoción de René Schneider, de coronel al puesto de general de cuatro estrellas, en octubre de 1969, obligó a los que estaban en actividad a pasar a la reserva. “La renovación de los comandos impidió  cualquier acción preventiva”, comentó Câmara Canto, aduciendo que, más allá de tales factores, los oficiales chilenos también se acobardaron totalmente, en virtud del fracaso del golpe militar en Bolivia, llevado a cabo por el general Rogelio Miranda y frustrado por una huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB), que impulsó un contragolpe de izquierda y llevó al general Juan José Torres al poder, el 7 de octubre de 1970.

Las autoridades estaban atajando los atentados terroristas, “de modo discreto pero eficiente”, y fueron detenidos varios sospechosos, entre los cuales estaba el mayor (r) del Ejército Arturo Marshall Machese, buscado por la policía hacía más de un año por su participación en el complot del general (r) Horacio Gamboa. Marshall, encargado de eliminar a Salvador Allende, era hombre de confianza de Viaux, resistió a la prisión y salió herido después de ocho horas de cerco.

El golpe de Estado, con la intención de evitar que el Plenario del Congreso se reuniese el día 24, había sido programado para el día 21-22 de octubre. Los agentes de la CIA en la estación en Santiago entendían que era aún prematuro deflagrarlo. El obstáculo era el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider. Él era contrario a cualquier iniciativa extralegal para bloquear la investidura de Allende en la presidencia de Chile, y su remoción constituía el primer paso para el golpe de Estado. Por esto, el  general Viaux, junto con Patria y Libertad y respaldado por la CIA, había planeado su secuestro. Todo indicó, sin embargo, que el propósito consistía en asesinarlo y acusar a la izquierda, para provocar la intervención de las Fuerzas Armadas, evitando así la reunión del Congreso, marcada para el 24 de octubre. Con esta perspectiva, en la noche del 18 de octubre, el grupo del general Camilo Valenzuela, que también consideraba necesaria la remoción del general Schneider, solicitó a la estación de la CIA en Santiago, ocho o diez granadas de gas lacrimógeno y ametralladoras calibre 45 (“grease guns”), y la CIA comunicó la demanda al cuartel general en Langley.

Al día siguiente, el 19 de octubre, otro  grupo de hombres, vinculados al general Viaux, con armas también proporcionadas por la CIA, intentó secuestrar al general Schneider, cuando salía de una cena, pero no lo consiguió, porque él se fue en su vehículo particular y no en el automóvil oficial, previsto por los hombres de Viaux. La segunda tentativa ocurrió al día siguiente e igualmente falló. Pero, el día 22, a las 8:00, el automóvil oficial del general Schneider fue bloqueado por varios vehículos. Una banda de jóvenes, usando ametralladoras que la CIA había enviado para Santiago por valija diplomática,  destrozó los vidrios traseros y de la puerta  lateral para secuestrarlo. El general Schneider intentó sacar su revólver y fue baleado por los asaltantes que huyeron enseguida. Fue llevado al Hospital Militar por el cabo Leopoldo Mauna Morales, chofer del automóvil.

Viaux alegó más tarde que la orden era apenas apresarlo, tratándolo “con la máxima deferencia y consideración y que en caso alguno podrían agredirlo o maltratarlo, debiendo, en caso extremo, hacer uso de gas lacrimógeno”. Pero el hecho fue que él  y los demás conspiradores, entre los cuales Arturo Queirolo y el general (r) Héctor Martínez Amaro, esperaban que se produjese una conmoción nacional y ocurriesen violentes choques en las calles entre militantes de izquierda y los Carabineros, cuyo comandante, general Vicente Huerta, estaba en combinación y enviaría a las fuerzas para reprimirlos, lo que forzaría al Ejército a intervenir. Los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, implicados en el complot, emitirían, entonces, una declaración pública, exigiendo que Frei le entregase el  gobierno a un gabinete militar. El almirante Hugo Tirado Barros asumiría la jefatura del Estado y nombraría al general (r) Roberto Viaux ministro de Defensa y al  general Camilo Valenzuela, ministro del Interior. Frei sería enviado fuera de Chile.

*Fuente: Interferencia

(*) Moniz Bandeira, historiador, politólogo y diplomático brasilero. Doctor graduado en las universidades de Heidelberg, Sao Paulo y Curitiva. Profesor en las universidades de Colonia, Estocolmo, Lisboa, Buenos Aires y Córdoba. Escribió cerca de 20 libros. Entre ellos Formação do Imperio Americano (Da Guerra contra a Espanha à Guerra contra o Iraque); As Relações Perigosas: Brasil-Estados Unidos (De Collor a Lula); Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul); Brasil – Estados Unidos no Contexto da Globalização; y, De Martí a Fidel – A Revolução Cubana e a América Latina. Este artículo que publica INTERFERENCIA fue tomado del libro Fórmula para el Caos, Debate, 2008. Moniz Bandeira falleció en noviembre de 2017.