Es probable que una de las consecuencias positivas de la pandemia del coronavirus sea que perpetuemos el buen hábito de lavarnos las manos. Pero ojalá con ello no corramos el riesgo de asumir esta costumbre en un sentido bíblico, al estilo de lo que hizo Poncio Pilatos para zafarse de sus responsabilidades políticas y sociales. En este sentido, el Alcalde de Santiago ya ha declarado que después de esta crisis espera que a nadie se le ocurra reeditar el Estallido Social o retornar a la Plaza Baquedano a manifestar sus protestas.
Asimismo, diversas figuras del oficialismo se soban las manos pensando que el virus epidémico le permitirá a Sebastián Piñera completar su gobierno y, de paso, darle una nueva oportunidad a la clase política de recuperar su imagen que al momento que se nos instaló el flagelo pasaba por su peor momento. Esto es, políticos de derecha a izquierda sin credibilidad alguna, como con cero posibilidad de ser considerados por el pueblo para integrar la convención constituyente que nazca del plebiscito prometido.
La ejemplar conducta de los chilenos para encarar la emergencia sanitaria hace pensar a algunos que el Coronavirus puede haber adormecido de nuevo a ese Chile que había despertado y alzado contra las injusticias, los abusos y la vergonzosa inequidad que afectaba a nuestra población. Lo que sí es cierto es que la posibilidad de contraer el mal asusta mucho más a la población de las golpizas de los carabineros y las leyes represivas que el Gobierno y sus cómplices del Parlamento se apuraron a aprobar para hacer frente a la marea de descontento. De allí que abrigamos la esperanza de que lo ocurrido es simplemente una debida tregua en la lucha que se había iniciado para poner el jaque el sistema neoliberal y sacudirnos de quienes por treinta años prometieron más democracia, justicia social; más soberanía nacional y mejor distribución del ingreso.
Muy por el contrario, cuando los chilenos se pongan a reflexionar de nuevo en Chile y su futuro lo que va a dominar de nuevo son una serie de convicciones que vuelvan agitar social y políticamente al país. Desde luego todos tendrán que reconocer la importancia del Estado, como la completa incapacidad del mercado para hacer frente a una crisis como la vivida. Especialmente después de comprobar la calaña de la clase patronal mucho más preocupada de conservar sus fuentes de ingresos así sea poniendo en riesgo la vida o la salud de sus trabajadores. Apreciará, asimismo, la codicia irrefrenable de nuestro sistema financiero (incluido el Banco del “Estado”) al discurrir todo tipo de argucias para seguir lucrando del crédito o reclamar la asistencia del Fisco para hacer frente a la merma de sus utilidades.
Será también evidente después de esta crisis la inoperancia del sistema de salud del país para hacer frente a una epidemia, así como la completa inmoralidad e insensibilidad de las isapres que salieron a especular con los servicios de primera necesidad, cobrando el doble o el triple que la estatal Fonasa por realizar los mismos exámenes. Igualando la irresponsabilidad de las cadenas de farmacias y laboratorios que advirtieron en el Coronavirus la posibilidad de volver a coludirse y subir abusivamente los precios de productos tan esenciales como el paracetamol.
Lo propio se confirmará con el lamentable desempeño de las AFP que administran nuestros fondos de pensiones, agigantándose la idea de que estas reservas de los trabajadores deben estar resguardadas también por el Estado, como administrados o supervisados por los propios imponentes. A los argumentos de NO+AFP se sumará la constatación palmaria de cuánto le ha arrebatado a los trabajadores del país este puñado de entidades para colmo ahora en manos extranjeras.
Caerá por su propio peso, además, lo inmoral que resulta que Chile y tantos otros países sigan gastando ingentes recursos destinados a la Defensa Nacional, para financiar a miles de efectivos ociosos o que pudieran ser útiles en otras funciones, tanto como adquirir multimillonarias armas para la mera entretención castrense . Las que caen en desuso rápidamente, salvo cuando se usan para bombardear nuestro Palacio de Gobierno, levantar campos de concentración y tortura, a fin de reprimir a nuestra propia población. El sentido común hará el cálculo de cuantos hospitales, camas, respiradores mecánicos podrían tener las ciudades y pueblos de Chile si se redestinaran a este objeto los absurdos y criminales presupuestos para comprar tanques, aviones de guerra y barcos.
A lo anterior, se sumará la evidencia de que los mejores especialistas y técnicos del país se encuentran en las más prestigiosas universidades y no en las planillas de los operadores políticos y los esbirros de las autoridades de turno, como esa cáfila de economistas que se turnaron durante los treinta años de la posdictadura por los ministerios de Hacienda, Economía, Educación y, en general, por todas las carteras y reparticiones públicas, dándole constantes portazos a las demandas populares para concentrar la riqueza en manos de un 0.5 por ciento de la población y cederles nuestras riquezas básicas a los inversionistas extranjeros. Arrodillados como los vimos ante el FMI y otras catedrales del neoliberalismo, o el capitalismo salvaje que, por fin, ya hace agua en todo el mundo.
Pero, por sobre todo, el país comprobará las mentiras del actual gobierno como de sus predecesores. Millones de chilenos concluirán que este país es mucho más rico de lo que se decía, que las reservas depositadas en el extranjero podrían ser más que suficientes para financiar la lucha contra las epidemias, los terremotos y otros desastres propios de nuestra geografía. Para dotarnos, además, de establecimientos educacionales gratuitos y modernos, financiar viviendas populares dignas y un sistema cultural que promueva a nuestros talentos artísticos, suprima los bochornosos impuestos a la lectura y desarrolle una promisoria actividad deportiva y recreacional.
Ya nada justificará los salarios y pensiones de hambre si se distribuyen mejor los recursos aportados por el trabajo y se suprimen los ingresos dispendiosos que se llevan los uniformados, los parlamentarios y los miembros de la casta empresarial y bancaria que en Chile pueden ostentar utilidades muy por encima de las de los países europeos y los Estados Unidos. Países que, por supuesto, les imponen tributos razonables y les impiden o limitan comprar leyes, ejercer el tráfico de influencias, sobornar a los legisladores y municipios. Además de sus consabidas prácticas de cohecho electoral, concentración informativa e impunidad judicial.
El coronavirus es sin duda una desdicha nacional y universal, pero también un magnífico acicate para que tengamos más democracia, paz y seguridad social. Retomando con más ímpetu, todavía, los valores del 18 de octubre y proscribiendo la amnesia, como también la impunidad.
*Fuente: Politika
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