La política expansionista de Marruecos es una consecuencia directa del incumplimiento por parte de España de su responsabilidad jurídica e histórica hacia el Sahara Occidental 

La política expansionista de Marruecos, que ahora pretende anexionarse las aguas territoriales adyacentes a las Islas Canarias y otros territorios españoles, es consecuencia directa de la conducta observada por España, siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, de incumplimiento de su responsabilidad jurídica e histórica de descolonizar el territorio saharaui conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU por un lado, y, por otro lado, por la sumisión injustificada de España a la política de chantaje marroquí. A lo anterior se agrega la vergonzosa conducta de altos dirigentes políticos españoles, de acercamiento casi servil a la casa real marroquí, en una forma inaceptable para cualquier político de un estado democrático. El Reino de España cosecha hoy, lo que su siembra de vientos le hace merecer.
La Redacción de piensaChile

 
Declaración del Sr Mhamed Jadad
Miembro del Secretariado Nacional y Responsable del Comité de Relaciones Exteriores del Frente POLISARIO
Bir Lehlou, 22 de enero de 2020
La persistencia de Marruecos en su política expansionista es una consecuencia directa del incumplimiento por parte de España de su responsabilidad jurídica e histórica hacia el Sahara Occidental
El parlamento marroquí ha aprobado este miércoles dos proyectos de ley relacionados con el establecimiento de la zona económica exclusiva y la delimitación de las fronteras marítimas de Marruecos que pretende anexionarse de las aguas adyacentes al Sahara Occidental.
Condenamos enérgicamente estos proyectos de ley marroquíes que no son más que otro episodio del expansionismo marroquí del que ha sufrido toda la región. Este acto también se produce en el marco de la campaña desesperada llevada a cabo por Marruecos para legitimar su ocupación ilegal de partes del Sahara Occidental mediante los sobornos y la involucración de entidades extranjeras en su aventura colonial en la parte ocupada de nuestro territorio nacional.
La ley marroquí expansionista, que igualmente pretende anexionarse de las aguas territoriales adyacentes a las Islas Canarias y otros territorios españoles, es también una consecuencia directa del fracaso de España, siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, para cumplir con su responsabilidad jurídica e histórica de descolonizar el territorio saharaui conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU por un lado, y la sumisión injustificada de España a la política de chantaje marroquí, por otro lado.
El gobierno español debe ser consciente de que las llamadas “fronteras auténticas” de Marruecos, que representan el epítome del expansionismo marroquí, no tienen límites. Por lo tanto, ahora existe una oportunidad para que la España democrática y su gobierno progresista rectifiquen este gran error histórico y asuman sus responsabilidades históricas, jurídicas y morales hacia el pueblo saharaui y sus derechos inalienables a la autodeterminación, la independencia y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. El gobierno español también debe reconocer que hacer más concesiones a la política de chantaje a la que Marruecos viene sometiendo a España solo alentará a Marruecos a persistir en su expansionismo del que el pueblo saharaui sigue sufriendo desde que Marruecos ocupó al Sahara Occidental por la fuerza en octubre de 1975 con la complicidad de las autoridades españolas de entonces.
En cualquier caso, la ley marroquí que pretende anexionarse de las aguas del Sahara Occidental no tiene ningún fundamento jurídico y es simplemente un acto de propaganda. La comunidad internacional, que nunca ha reconocido la ocupación ilegal por Marruecos de partes del Sahara Occidental, lo considerará solo como otro intento marroquí desesperado para desviar la atención de la aguda crisis estructural que padece el régimen marroquí.
El Frente POLISARIO examinará las medidas que se adoptan en los procedimientos judiciales que ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea, y seguirá con interés las medidas que tomará España en este aspecto. De ser necesario, no dudará en someter el asunto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se establezca que estas leyes son nulas y sin valor.

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