Otro lunar en las platas del Ejército: el turno de los millonarios fondos para la vivienda 

Alarma, angustia, indignación. Eso provocó en las unidades militares el aviso que hasta hace muy pocos días se desplegaba al abrir la web de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE). El texto dejaba en evidencia la amenaza de una fuga masiva de ahorrantes que corroe desde fines del año pasado ese sistema de ahorro que instaló el Ejército para que sus funcionarios obtuvieran la ansiada casa propia. El temor a perder su dinero estaba siendo más fuerte que el atractivo de los generosos intereses que reparte entre sus socios, y ante el peligro de retiro masivo de ahorros, el sistema se vio frente a una grave crisis por falta de liquidez.

El aviso informaba que quienes solicitaran el reintegro de sus fondos tendrían que esperar entre tres y cuatro meses para recibirlos. Para aquellos que pidieran el cierre de sus cuentas, el plazo era aún más extenso: cinco a seis meses. Algo así, jamás había pasado en la JAVE. El temor a una suerte de “corralito militar” se extendió por los cuarteles.

El problema puede derivar en un nuevo escándalo financiero en el Ejército, pues la JAVE cuenta con más de 25 mil funcionarios afiliados (principalmente militares activos, pero también civiles adscritos al régimen previsional de Capredena) y hasta 2016 manejaba activos por un total de $104 mil millones. Dentro de ese monto se contabilizan $39 mil millones correspondientes a ahorro de los socios y $44 mil millones a recursos facilitados por la banca. Estos últimos, conseguidos bajo garantía del Ejército. Otra parte proviene de utilidades generadas por los préstamos que la JAVE hace a los ahorrantes para complementar el pago de las viviendas que adquieren, construyen, amplían o remodelan.

La alerta por la evidente falta de liquidez de la JAVE no solo ha puesto en guardia a los militares que allí tienen sus ahorros. Probablemente, ya encendió las alarmas del gobierno y del Ministerio Público, atentos a la posible explosión de otro escándalo con recursos del Ejército (vea al final un recuadro con el estado de las causas que involucran fondos militares). Más aún, porque este nuevo episodio promete tocar a lo más selecto de la cúspide militar, pues este sistema de ayuda al personal para la compra de la casa propia pudo ser usado por oficiales –entre ellos el actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez Menanteau– como un rentable mecanismo de inversión para lucrar con intereses muy superiores a los que ofrece el sistema financiero convencional en instrumentos de ahorro para vivienda.

Aviso que hasta hace pocas horas estaba disponible en la web de la JAVE.

Todo esto, con dos agravantes. La primera es que el monto de los intereses que se pagan a los ahorrantes es definido por un Consejo Superior de la JAVE que, al menos hasta 2016, fue integrado por oficiales que, al mismo tiempo, se beneficiaban con el sistema. Y, la segunda, que una parte significativa del dinero que se reparte como intereses corresponde a fondos públicos.

El aviso apareció en la web el 28 de enero pasado y estuvo activo al menos hasta este miércoles 6 de marzo. Hoy ya no queda huella de él en el sitio. Allí tampoco hay señales de tres graves eventos ocurridos este verano: la paralización de obras en los conjuntos habitacionales que se estaban levantado en Arica, Coyhaique y Punta Arenas; la “toma” de una de esas villas a medio edificar por parte de los obreros de la construcción y la demanda que interpuso la constructora Alcarraz contra el Ejército, reclamando una indemnización de $5.417 millones.

LA CUENTA DEL COMANDANTE EN JEFE

Las anomalías en el sistema fueron inicialmente expuestas en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de 2018 (vea ese informe). Esa revisión, que analizó las cuentas de la JAVE entre 2014 y 2016, ya dejaba en evidencia la falta de liquidez ante un eventual requerimiento masivo de devolución de ahorros. De hecho, con posterioridad a ese informe, la JAVE puso en marcha un proceso de licitación –a través de la plataforma Mercado Público– para realizar una auditoría a sus Estados Financieros. La firma que se adjudicó la tarea es Fortunato y Asociados. El contrato debió quedar finiquitado en febrero.

La Jefatura de Ahorro para la Vivienda depende del Comando de Bienestar del Ejército (COB). Pero, como pudo constatar la Contraloría, no maneja sus recursos con las obligaciones que tienen todas las reparticiones públicas, bajo el argumento de que una parte importante de sus fondos proviene de los ahorros de sus afiliados y no del presupuesto fiscal. La JAVE no contaba a la fecha en que fue auditada por la Contraloría con un reglamento formal para gestionar y rendir esos recursos. En los hechos, se manejaba con los criterios de una empresa privada.

Una irregularidad a la que nadie puso atajo, pues $44 mil millones confiados a la gestión de la JAVE correspondían a créditos bancarios garantizados por el COB, por lo que su administración debía someterse a los parámetros fiscales.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los fiscalizadores de la Contraloría es que entre sus 23 mil afiliados había un selecto grupo con cuentas de ahorro que superaban los $50 millones. De ellos, 17 tenían entre $50 y $100 millones; siete contaban con $100 a $150 millones; cuatro registraban entre $150 y $200 millones; uno con casi $200 millones y, en la cima, un afiliado con más de $399 millones.

Como esas cifras escapan a los márgenes habituales de un sistema de ayuda al personal para la compra o ampliación de la casa propia, los fiscalizadores pidieron los datos de los ingresos y retiros de los aportantes, así como los instrumentos a través de los cuales depositaban sus ahorros (efectivo, cheque, transferencia u otros). Pero, la JAVE no los entregó. ¿La razón? Argumentaron que, al ser patrimonio personal de los ahorrantes, son datos que están bajo reserva en virtud de la Ley de Protección de la Vida Privada.

El comandante en jefe del Ejército durante una exposición en el Congreso.

En enero de 2018, radio Biobío publicó la Declaración de Intereses y Patrimonio suscrita el 22 de marzo de 2017 por el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, cuando aún era jefe del Estado Mayor General del Ejército. En ella, el alto oficial declaró mantener $406 millones en una cuenta de ahorro de la JAVE (vea esa declaración). Dados los datos que registra el informe de la Contraloría, es altamente probable que la cuenta que registraba más de $399 millones a fines de 2016 y que llamó la atención de los fiscalizadores, sea la del general Martínez.

El dato es importante, porque la misma Contraloría alertó sobre los altos intereses que la JAVE paga a sus afiliados: actualización de la UF más 5,5%, al cierre del ejercicio de 2016. Un interés muy superior al que se paga por instrumentos similares en el sistema financiero convencional, como lo calificó la Contraloría en su auditoría. En 2015 había sido de UF más 5,0%. Pero, en 2018, después del informe fiscalizador, cayó a UF más 3,2%.

El cruce de los antecedentes aportados por la Contraloría y los reportajes de radio Biobío (en junio de 2017 publicó que los generales Germán Schell y Rodrigo Urrutia también tenían fondos en la JAVE), levanta una alerta acerca de que la JAVE pueda estar siendo usada no solo como un programa de asistencia para el personal, sino como una fórmula financiera que rinde altos intereses.

Aunque las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del personal del Ejército no se publican en el sitio Infoprobidad, el comandante en jefe sí está obligado a hacerlo. Una vez que llegó a la cúspide de su carrera militar, el general Martínez Menanteau ha publicado cinco declaraciones: en la dos primeras (marzo y abril de 2018) consignó que tenía alrededor de $135 millones en una cuenta de ahorro de la JAVE (alrededor de $270 millones menos de lo que había declarado cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército). En las otras tres declaraciones que ha hecho como comandante en jefe (junio de 2018 y enero y febrero de 2019) ya no figuran sus ahorros en la JAVE, pero incorpora un pasivo de $107 millones por un préstamo hipotecario.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los intereses que se pagan a los ahorrantes son definidos por el Consejo Superior de la JAVE, que es integrado por el comandante de Bienestar, el jefe del Estado Mayor de Bienestar, el jefe de la Contraloría Interna de Bienestar, el jefe de la Jefatura Habitacional y el jefe de la JAVE. Es evidente que hay un alto riesgo de que este consejo incurra en conflictos de interés, pues los oficiales que lo componen están sometidos al escrutinio de mandos superiores que pueden ser ahorrantes de la JAVE y ver afectado su patrimonio por las decisiones que ellos tomen.

La Contraloría detectó que al cierre del año 2016 entre los integrantes del Consejo Superior había tres ahorrantes del sistema cuyas cuentas se vieron favorecidas con su propia decisión para fijar el pago de intereses. El conflicto de interés es claro. Ellos eran el jefe del Estado Mayor de Bienestar, el comandante de Bienestar (cargo que entonces ejercía el general Claudio Hernández Muñoz), y el jefe de la JAVE (coronel Ricardo Zamorano Infante). Este último, principal blanco de las críticas que circulan entre el personal militar, lideró esa repartición durante ocho años.

El coronel Zamorano tomó el timón de los cuantiosos recursos que maneja la JAVE en 2010, cuando se iniciaba al ahora cuestionado periodo del general Juan Miguel Fuente-Alba al mando del Ejército, plagado de denuncias por irregularidades y granjerías entre la alta oficialidad. El pasado 20 de noviembre, cuando la crisis golpeaba a la puerta de la JAVE, Zamorano entregó el mando.

Uno de los proyectos habitacionales que gestiona la JAVE (jave.cl).

Otro punto cuestionable del sistema que administró el coronel Zamorano, es que gran parte de los intereses que se pagan a los ahorrantes se financian con dinero público. Los recursos que se reparten como intereses provienen del cobro de los préstamos que la JAVE hace a los mismos afiliados. Y los fondos que conforman esos créditos no salen solo de los ahorros que aportan los socios, sino también de los préstamos que la JAVE obtiene de la banca, garantizados por el Comando de Bienestar del Ejército.

La Contraloría estima que estos últimos recursos son públicos, por lo que las ganancias que generen no pueden ser repartidas entre particulares. Por lo mismo, sostiene que el dinero que se obtenga por préstamos financiados con fondos garantizados por el Ejército, debe formar parte del Patrimonio de Afectación Fiscal del Comando de Bienestar.

“TOMA” Y DEMANDA

Al cierre de su ejercicio de 2016, la JAVE disponía de liquidez por $3.677 millones. Una provisión insuficiente en el caso hipotético de verse obligada a devolver los ahorros de sus afiliados o de responder anticipadamente a sus obligaciones con el sistema financiero. El 85,9% de los activos que administraba a esa fecha (equivalente a $89.404 millones) correspondía a documentos sin liquidez inmediata: garantías hipotecarias, pagarés y mandatos.

Advertido de esta situación por la Contraloría, el mando de la JAVE respondió que los recursos se administraban bajo premisas propias de la empresa privada: “A mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa” y “maximizar el valor actual de la empresa”. Así se lee en dos de las respuestas consignadas en el informe del órgano fiscalizador. Asimismo, en su respuesta, los jefes de la JAVE explicaron que mantenían una “Reserva Patrimonial” equivalente a un 10% a 15% del total de activos que administraban (a esa fechas los activos sumaban $104 mil millones y la reserva $10.193 millones).

En su informe, la Contraloría explicó que la JAVE no tenía personalidad jurídica propia, por lo que debe regirse por las limitaciones que afectan a los recursos fiscales, y que solo una ley de quorum calificado puede autorizar a un organismo público a desarrollar actividades empresariales. Y remató: la manera en que la JAVE administra sus recursos excede lo que la ley establece para los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas.

Los obreros se tomaron los terrenos donde se construye un proyecto habitacional de la JAVE.

Las continuas publicaciones sobre irregularidades cometidas por altos oficiales en el manejo de los recursos del Ejército, el informe divulgado por la Contraloría en mayo de 2018 y la paralización de la construcción de villas financiadas por la JAVE en Arica, Coyhaique y Punta Arenas, fueron el caldo de cultivo que generó la “corrida” de ahorrantes que ahora quieren rescatar sus fondos.

Afiliados a la JAVE que se contactaron con CIPER, y que pidieron la reserva de sus nombres, informaron que hace más de un año las anomalías en la marcha de las obras en Arica fueron alertando a los ahorrantes. Para ellos, tanto el mando de la JAVE, como los dueños de la constructora Alcarraz –responsable de las obras­– y los propios dirigentes del comité de compradores, están envueltos en una trenza con responsabilidades compartidas y respuestas evasivas. Según indicaron, aquellos afiliados que se comprometieron a comprar en alguno de los conjuntos que están en construcción ya no pueden retirar sus fondos, pero en el resto se expande la convicción de que deben sacar su dinero.

Uno de los episodios que más impacto provocó entre los ahorrantes fue la noticia difundida el 25 de enero pasado: casi un centenar de obreros de la constructora Alcarraz se tomaron las viviendas que estaban construyendo para personal militar en la Villa Sol del Norte (Arica), porque llevaban casi dos meses con sueldos impagos, además de deudas previsionales, y ya no tenían dónde vivir (vea la noticia publicada por la web de radio Cooperativa). Solo tres días después en la web de la JAVE apareció el aviso sobre la larga espera que aguarda a aquellos que quieran recuperar sus ahorros o cerrar las cuentas.

La “toma” causó impacto en los cuarteles. La crisis de la JAVE ya era evidente. Lejos de amainar, la situación empeoró un mes más tarde: el 27 de febrero un artículo de La Prensa Austral de Punta Arenas (ciudad donde también se paralizó la edificación de una villa para militares) informó que a mediados de enero pasado la constructora Alcarraz inició una acción judicial en contra del Comando de Bienestar del Ejército. Según los datos registrados en la web del Poder Judicial, Alcarraz ingresó su demanda el 17 de enero y exige una indemnización de $5.417 millones.

En su escrito, presentado ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, la constructora –controlada por el arquitecto Jaime Patricio Alcarraz Ulloa­– indica que tiene proyectos de construcción de viviendas comprometidos con la JAVE por un total de $23 mil millones. Y acusa reiterados retrasos en los pagos que debía recibir de esa jefatura del COB, lo que le habría provocado una situación insostenible.

La JAVE respondió el 28 de febrero con un comunicado oficial en el que señaló que solo actuaba como mandataria de los comités de ahorrantes, los que decidieron contratar a Alcarraz, y que había suspendido los pagos a esa constructora porque esta no tenía al día las obligaciones con sus trabajadores.

Más allá del tenor de la repuesta, lo que más impactó a los miles de afiliados a la JAVE fue constatar en el comunicado que efectivamente estaban paralizadas las obras de tres villas en distintas ciudades. Muchos se preguntan cuál es la relación que los dueños de Alcarraz –una empresa oriunda de Valdivia– tejieron con los mandos de la JAVE para haber sido seleccionada para ejecutar tantas obras en puntos geográficos tan distantes. Según datos publicados por la Prensa Austral, antes de la crisis Alcarraz ya había construido conjuntos en Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas.

Un día antes de ese comunicado, el 27 de febrero pasado, la jefatura de la JAVE había publicado en su web un boletín informativo “en consideración a las permanentes consultas realizadas por los integrantes de la institución y beneficiarios de la JAVE, referida a su actual situación financiera”. Y aunque en ese mensaje desmintió las versiones de insolvencia financiera o posible quiebra, atribuyéndolas a “especulaciones infundadas”, a esas alturas sus avisos en la web ya no eran más que combustible alimentando el fuego.