La Fiscalía de Honduras presentó evidencia que imputa a un exejecutivo de una compañía energética como el autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, quien en marzo de 2016 fue asesinada a disparos en su casa. En ese momento Cáceres lideraba una campaña contra una importante represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en tierra indígena.
Al momento de su muerte, la compañía encargada de construir la represa era dirigida por Roberto David Castillo Mejía, un exoficial de inteligencia militar.
Los fiscales afirman que Mejía proporcionó apoyo logístico y recursos a al menos uno de los siete hombres que fueron condenados en noviembre por perpetrar el asesinato de Cáceres.
*Fuente: Democracy Now
Elecciones presidenciales y paradigmas culturales
En estos días cruciales para Chile, cuando se discute la construcción de una nueva Carta Magna y estamos próximo a las nuevas elecciones presidenciales, es urgente incorporar algunos cambios institucionales que demanda la mayoría de los chilenos y chilenas, relacionadas con las transformaciones de leyes y normas que regulan a la actual organización cultural, por otras que establezca la ciudadanía organizada, como la principal rectora de una política cultural democrática, popular y participativa.
Carta abierta a José Antonio Kast sobre los crímenes de Paine
Ud. ha negado que su familia haya tenido participación directa en dicha brutalidad, aunque testigos confirman la presencia de un hermano suyo en la Sub-Comisaría en cuestión cuando Pedro Vargas agonizaba en medio de torturas que hasta hoy me son inimaginables.
Señor Kast quisiera preguntarle si realmente cree que sin verdad y justicia puede haber reconciliación.
Comisión de DD.HH. de la Convención entrega inédito informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición
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¿Dónde está Mohamed Lamin Haddi, preso político saharaui en huelga de hambre?
Como potencia administradora de derecho del Sahara Occidental, España tiene la obligación de proteger a los saharauis. Aunque no lo fuera, su obligación de defender los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno, que no se está cumpliendo.