Lo que se silencia en las acusaciones anglosajonas contra Rusia

William Browder en una de sus audiencias ante el Senado estadounidense.

El 16 de noviembre de 2009, el especialista en cuestiones fiscales Serguei Magnitsky fallece en la prisión moscovita Matroskaya Tichina. La prensa estadounidense asegura de inmediato que Magnitsky tenía información sobre un escándalo que podía afectar al Estado ruso y que murió bajo las torturas del «régimen».

La Magnitsky Act

El fallecimiento de Magnitsky pone fin a los procedimientos legales que el ministerio ruso de Justicia había emprendido contra él. El millonario William “Bill” Browder declara en Washington que el especialista en impuestos podía demostrar que el Poder ruso le había robado 3 000 millones de dólares. A pesar de la labor de cabildeo del banco Goldman Sachs, el Congreso de Estados Unidos, que cree haber aclarado el asunto, adopta en 2012 una ley, la Magnitsky Act, que sanciona a las personalidades rusas sospechosas de haber asesinado a Magnitsky. Goldman Sachs, que no cree en las informaciones de los congresistas, había contratado la oficina de cabildeo Duberstein Group para tratar de oponerse a la adopción de esa ley [1].

En 2016, el Congreso de Estados Unidos extiende la aplicación de la Magnitsky Act al mundo entero, exhortando al presidente a imponer sanciones contra toda persona o Estado que viole la propiedad individual. Los presidentes Barack Obama y Donald Trump se someten a ese llamado, incluyendo en la lista de sancionados a una veintena de personas, entre ellas al presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

Estados Unidos apunta así a recuperar el papel de defensor de la propiedad individual que se había arrogado en tiempos de la guerra fría, pero ahora lo hace sin hallarse frente a un rival comunista.

Las dos versiones sobre el «Caso Magnitsky»

La Duma rusa, por su parte, responde al Congreso de Estados Unidos prohibiendo la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses y denunciando la responsabilidad de personalidades estadounidenses en la legalización de la tortura (Esa ley rusa lleva el nombre de Dima Yakovlev, el niño ruso que murió por negligencia de sus padres adoptivos estadounidenses). En 2013, el presidente Putin pone en vigor ese texto que prohíbe, por ejemplo, la entrada del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney a la Federación Rusa.

El «Caso Magnitsky» habría podido terminar ahí. Parece, por demás, no tener vínculos con el «Caso Jodorkovsky», utilizado por la OTAN para acusar a Rusia de injerencia en las democracias occidentales a través de la desinformación (las «fake news») [2]. Sin embargo, el fiscal general de la Federación Rusa contradice la narración que William “Bill” Browder presentó al Congreso estadounidense.

Según William “Bill” Browder, su firma, Hermitage Capital, invirtió en Rusia –por ejemplo, en Gazprom–, descubrió varias malversaciones y trató de avisar al Kremlin. Pero le anularon su permiso de estancia en Rusia. Después, un funcionario de la Brigada Financiera del ministerio ruso del Interior, el teniente coronel Artem Kuznetsov, le robó sus empresas rusas. Durante un registro, ese teniente coronel ruso supuestamente se apoderó de los documentos que acreditaban a Browder como propietario de sus empresas y los utilizó para ponerlas a nombre de un nuevo propietario, sigue afirmando Browder y agrega que Magnitsky, quien descubrió todo, fue arrestado, torturado y asesinado en la cárcel.

En definitiva, según Browder, el teniente coronel Artem Kuznetsov y el «padrino» Dimitri Klyuev lograron depositar en un banco chipriota los 3 000 millones de dólares que le robaron a él. Se trataría de un caso clásico de estafa por parte de una mafia rusa y con ayuda del Kremlin [3].

Esta narración de Browder sirvió de inspiración a la temporada 7 de la serie televisiva Homeland, de Showtime.

Pero el fiscal general de la Federación Rusa, Yuri Chaika, señala que William “Bill” Browder adquirió ilegalmente 133 millones de acciones de Gazprom, por cuenta de los hermanos Ziff y a través de varios testaferros. O sea, Browder no sólo defraudó el fisco ruso por 150 millones de dólares de impuestos que nunca pagó sino que además adquirió ilegalmente parte de una joya de la economía rusa. Por otra parte, su consejero fiscal, Serguei Magnitsky, quien había montado otra estafa por cuenta del mismo Browder, fue arrestado y falleció en la cárcel de una crisis cardiaca [4].

Por supuesto, es imposible distinguir entre lo cierto y lo falso que puede haber en las dos versiones. Pero está demostrado que Serguei Magnitsky no era un abogado común y corriente sino un jurista especializado en impuestos y empleado de las empresas de William “Bill” Browder. Magnitsky no investigaba sobre malversaciones de fondos sino que se dedicaba, por orden de Browder, a crear estructuras financieras que permitían a su patrón evadir el pago de impuestos en Rusia. Browder y Magnitsky se las arreglaron, por ejemplo, para pagar a personas con limitaciones mentales para utilizarlas como testaferros, aprovechando el hecho que en Rusia las personas con problemas mentales están exentas del pago de impuestos. Browder siempre practicó la evasión fiscal. Por esa razón vivió 10 años en Rusia con simples visas de turismo y posteriormente abandonó su ciudadanía estadounidense y adquirió la británica.

Estos elementos incriminan a Browder y son compatibles con las acusaciones del fiscal Chaika. Así que parece como mínimo imprudente que el Congreso estadounidense adoptara la Magnitsky Act. Claro, a no ser que el objetivo no fuese precisamente la defensa de la propiedad individual sino que estuviera dirigida más bien contra Rusia [5].

Un líder ruso de oposición remunerado por Browder

Junto a la National Endowment for Democracy (NED), Browder financia generosamente los actos de un joven jurista ruso, Alexei Navalny. Gracias al embajador estadounidense Michael McFaul, el joven Alexei Navalny estudió en la universidad estadounidense de Yale, en 2010, y creó una Fundación Anticorrupción para promover la versión de Browder y denigrar la administración de Putin.

Ya convertido en un líder de la oposición política, Navalny realiza con su Fundación un primer documental donde acusa de corrupción a la familia del fiscal Chaika. Aunque el video parece, a primera vista, convincente, lo cierto es que no aporta ninguna prueba de lo que relata.

Al mismo tiempo, Navalny encarga a un periodista ruso de oposición la realización de un segundo documental sobre el «Caso Magnitsky». Pero, ante los hechos que descubre durante su investigación, ese periodista acaba realizando un documental que contradice el pedido de Navalny, documental finalmente transmitido por la televisión pública rusa.

Un ex agente británico y un ex embajador estadounidense a sueldo de Browder

Posteriormente, William “Bill” Browder contrata a Christopher Steele, quien había sido agente del MI6 en Moscú de 1990 a 1993, y al ex embajador de Estados Unidos en Moscú, de 2012 a 2014, Michael McFaul.

Fue precisamente Christopher Steele quien –siendo agente del MI6– acusó en 2006 al presidente Vladimir Putin de haber ordenado el envenenamiento de Alexander Litvinenko. En 2016, Steele también trabajó –ya a título personal– para el Partido Demócrata estadounidense redactando el famoso expediente donde acusaba al candidato Donald Trump de ser objeto de un chantaje de los servicios secretos rusos [6], acusación gratuita que acaba de salir nuevamente a flote a raiz de la cumbre ruso-estadounidense de Helsinki. Ahora, en 2018, Steele reaparece otra vez, esta vez como «consultante» del MI6, a raiz del envenenamiento de Serguei Skripal, acusando, como siempre, al inevitable Vladimir Putin.

La respuesta rusa

Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, trata de convencer a Dana Rohrabacher, representante republicano por California en el Congreso de Estados Unidos, abierto a las explicaciones rusas, y le hace llegar una nota con su versión del caso Browder-Magnitsky. Más tarde, la abogada rusa Natalia Veselnitskaya se reúne en la Trump Tower con el hijo y el yerno del candidato Donald Trump para informarles que parte del dinero sucio de Browder está sirviendo para financiar la candidatura de Hillary Clinton [7].

Browder se convertirá después en la principal fuente de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa contra la «democracia estadounidense», investigación conducida por el fiscal especial Robert Mueller. Mucho antes de ser director del FBI, Mueller –quien no tiene oficialmente ninguna relación con la CIA– estuvo a cargo de la investigación sobre el atentado de Lockerbie, que atribuyó a Muammar el-Kadhafi. Recordemos que, aunque aceptó indemnizar a las víctimas, Libia nunca reconoció haber realizado el atentado. Lo más importante es que la justicia escocesa comprobó que los fragmentos de detonadores hallados en el lugar de los hechos habían sido “plantados” allí por la CIA, para hacer recaer la responsabilidad sobre Libia. En su actual investigación, Mueller utilizó el encuentro del equipo de Trump con Natalia Veselnitskaya como «prueba» de la subordinación de Donald Trump a los servicios de inteligencia rusos.

Natalia Veselnitskaya representa en Estados Unidos los intereses de varias víctimas de Browder en Rusia y ya había intervenido en 2014 por cuenta de una de las empresas que Browder acusa de estar vinculadas al «padrino» Dimitri Klyuev. La abogada rusa llamó entonces la atención sobre el hecho que un agente del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), Todd Hyman, había transmitido un elemento vinculado a una investigación sin proceder a las verificaciones usuales.

No habrá «momento de la verdad»

En la cumbre ruso-estadounidense de Helsinki, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a su homólogo estadounidense Donald Trump permitir que los investigadores estadounidenses interrogaran en Rusia a los funcionarios rusos sospechosos de injerencia en la campaña presidencial estadounidense y, a cambio, que investigadores rusos pudieran también interrogar sospechosos en Estados Unidos. En Helsinki, Donald Trump dejó su respuesta en suspenso.

Pero cuando la oficina del fiscal Yuri Chaika envió la lista de personas que los investigadores rusos querían interrogar, cundió el pánico en Washington. Los rusos no sólo solicitan interrogar a los británicos William “Bill” Browder y Christopher Steele, si esos personajes viajan a Estados Unidos, sino también al embajador Michael McFaul, el abogado Jonathan Winer, el investigador David J. Kramer y, para terminar, al agente Todd Hyman.

Jonathan Winer estuvo a cargo del expediente de Lockerbie en el Departamento de Estado en los años 1990. Es amigo personal de Christopher Steele, cuyos informes transmitió a lo largo de una década a los neoconservadores [8].

Durante el primer mandato de George Bush hijo, David J. Kramer desempeñó un importante papel en el Departamento de Estado y ante agentes stay-behind en el este de Europa y en Rusia. Luego de haber trabajado en varios think tanks, fue presidente de Freedom House e hizo campaña sobre el «Caso Magnitsky». Actualmente es investigador en el instituto del senador John McCain.

Si bien nada hasta ahora nada permitía pronunciarse con certeza sobre las versiones respectivas de Browder y de Chaika, la verdad no tardará en salir a la luz. Es posible que la «injerencia rusa» sea sólo una intoxicación y que la injerencia estadounidense –tanto mediante la intervención en el sector más importante de la economía rusa como a través de Alexei Navalny– acabe resultando realidad.

En el contexto de la unanimidad reinante en Washington contra Rusia, el presidente Trump ha declinado la proposición de investigación cruzada de Vladimir Putin.