Subdirectora Ciudadano Inteligente: “En Chile ciertas personas son intocables”

Según indicó el Poder Judicial, “se estableció que las sociedades deberán entregar al Ministerio Público dentro del plazo de cuatro meses, una vez ejecutoriada la resolución, un informe que contenga un modelo de prevención del delito y un programa de capacitación interna, con referencia a la legislación canadiense, americana y alemana, debidamente certificada con informe en derecho de dos profesores universitarios que tengan un doctorado en derecho penal”.

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, celebró el consenso señalando que “hemos estado avanzando como equipo, hemos logrado condenas importantes, hemos logrado salidas alternativas cuando estas han sido la mejor salida posible dentro la causa. Estamos muy satisfechos y creemos que hemos actuado con éxito en la investigación”. Sin embargo, el espíritu el tono de celebración no fue compartido ni por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante en el caso, ni por Ciudadano Inteligente, la fundación que se querelló en contra de distintas personalidades de la política chilena.

En ese contexto Colombina Schaeffer se mostró decepcionada del actuar del Ministerio Público. A su juicio, independiente de las penas, lo que valía la pena era llevar la causa hasta el fondo para resolver la serie de cuestionamientos que no serán resueltos por la decisión de la fiscalía de no llegar a juicio oral.

¿Era efectivamente, y como declaró el fiscal Pablo Gómez, una mejor salida la suspensión condicional en vez de un juicio oral en el caso de cohecho y soborno de SQM?

Lo que nosotros queremos, y hemos empujado desde el principio, es que hayan juicios orales para poder llegar hasta el final y conocer toda la investigación hasta el final. Que esta investigación se haga completa. Creemos que por lo emblemático del caso es justamente lo necesario. Para nosotros la señal que se manda cuando se empiezan a buscar salidas alternativas es la idea de no perseguir la sanción máxima. Cuando hay un juicio oral, este es público. Todos tenemos más acceso a la investigación y a conocer todos los antecedentes. Obliga a usar más recursos para hacer todas las indagaciones para armar el caso. Esta es una señal más, como varias que se han venido dando. También se le ofreció una salida alternativa a Moreira. Esto podría debilitar las otras causas, porque si la empresa no está acusada de haber sobornado a políticos, es más difícil configurar que hubiera habido cohecho. Para nosotros la situación es grave.

Es decir que, independiente de las penas que se hubiesen alcanzado, y que podrían haber sido incluso más bajas, ¿ustedes preferían un juicio oral porque, en términos de señales, hubiese sido algo más contundente?

Es que el argumento de las penas es complicado, porque eso no se sabe, son hipótesis y los abogados, por decirlo coloquialmente, “se la juegan”. Entonces uno no puede decir a priori qué es lo que va a ocurrir. Además, depende de la profundidad de la investigación y si te vas a ir al fondo o la forma. Algunos de nuestros abogados han observado que podría tratarse de una red de corrupción, pero eso hay que comprobarlo y para eso hay que investigarlo. El fondo no es solo un delito tributario, no son solo boletas ideológicamente falsas, lo importante es para qué, y cómo eso armó un sistema completo de financiamiento transversal de la política durante años. Nosotros nos querellamos porque creíamos que eso era lo que importaba: la relación entre dinero y política. Sabemos que la concentración de cualquiera de esos dos genera una concentración del poder de manera increíble y se cierra a los ciudadanos, y deja de ser democrático. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también quería, al igual que nosotros, que se investigara hasta el fondo y una salida alternativa justamente lo que hace es cerrar esa puerta, porque es como un acuerdo entre las partes y no tiene el mismo valor simbólico que un juicio oral.

El único actor que tenía margen de acción dentro de este escenario es el CDE, que podía presentar un recurso de queja contra el tribunal, pero que ya manifestó que no lo iba a hacer. ¿Qué te parece esa decisión?

Es lamentable. Ese es otro tema que hemos visto harto. Tiene que ver con quiénes, cómo y cuándo pueden tomar decisiones. En general, casi todo el peso cae en instituciones del Estado. El ministerio Público no es mucho lo que puede hacer si el SII no se querella. Luego, en el Ministerio Público los fiscales pueden tener una opinión, pero al final el que toma la decisión es su superior jerárquico, que es el Fiscal Nacional. En este caso es el CDE el que podía seguir. No sé cuál habrá sido el análisis que hicieron. No es el camino que tomaremos nosotros si es que evaluamos que podemos seguir en el caso de las querellas en las que nosotros estamos involucrados, que son a funcionarios públicos en ejercicio. Siempre empujaremos que se investigue hasta el final, independiente de las sanciones. No se trata de buscar una suerte de venganza. Esto es un tema sistémico que debe ser realizado en su totalidad. Estamos viendo que no se va a investigar hasta el final y que cuando ocurren estas situaciones se prefiere cerrar esto lo más rápido posible y sin mucho ruido.

¿Cuáles podrían haber sido los alcances de un eventual juicio oral?

La ley cambió hace poco. Lamentablemente nuestra legislación no tiene penas muy altas ni disuasivas. Eso ha mejorado bastante desde los escándalos y lo reconocemos como un valor y se lo atribuimos mucho a presión ciudadana. La comisión Engel, el Observatorio Anticorrupción… En nuestro caso, es difícil que sean grandes penas porque justamente hay muchas atenuantes y la legislación no está pensada para castigar ese tipo de delitos. Ahí es donde entramos en temas súper importantes, que es la justicia de cuello y corbata. Acá hay acciones que traicionan la fe pública, que tienen que ver con tener mucho poder y tomar decisiones que se riñen con lo ético y lo legal, ¿qué sanción queremos darle? Nosotros creemos que debieran ser altas. Esa es una forma de prevenir que estos círculos de corrupción se mantengan en el tiempo.

¿Cómo evalúas las reformas legales que se han impulsado en esta materia? ¿Qué está faltando?

Hay hartos espacios para avanzar. En este momento hay un proyecto de ley para aumentar la pena por delitos de corrupción. Se tipifican varios delitos y se aumentan sus penas. Espacio Público ha señalado que siguen siendo insuficientes y tienen un estudio diciendo que, como está, igual hay personas que no se llevarían ninguna pena, o penas muy bajas. Si bien ahora se acabó el aporte de las empresas y se reguló bastante bien, todavía se puede avanzar en eso de aumentar penas y ver cómo va funcionando en la práctica. Nosotros también creemos que ha faltado un meaculpa de la clase política. Los partidos son libres de tener reglas de funcionamiento interno y de decidir que no van a postular candidatos que hayan estado involucrados en estos conflictos. Eso en términos sociales es grave, porque la ciudadanía se alejó completamente de las instituciones básicas como los partidos y es bien difícil pedirles que se vuelvan a interesar si ven que de parte de los partidos no existe una voluntad de hacer algo. La señal es clara: casi ninguno de los involucrados salió reelecto.

¿Cuáles crees que son los motivos detrás de la decisión de la fiscalía de no perseverar?

Es difícil atribuir, pero lo que nos interesa es la señal, y la señal es que no se va a investigar. Si tú quieres una institucionalidad lo más democrática posible tienes que tener la mayor cantidad de controles y que las decisiones no pasen nunca por una sola persona. En el caso de la fiscalía y del SII, quienes están a cargo son designados por los parlamentarios y el ejecutivo, entonces la independencia que pueden tener es poca. Ahí uno piensa en si habrá una voluntad de la clase política de no abrir más esto y pareciera ser que las instituciones participan de esa voluntad, porque las decisiones judiciales no son meramente técnicas, también hay componentes de juicio más político. Que hayan renunciado los fiscales Gajardo y Normabuena demuestra que había un disenso importante al interior. Que dos personas que llevaban 20 años trabajando renuncien aludiendo que no hubo forma en que su tesis fuera tomada en cuenta y que se empezaron a tomar estas salidas alternativas, habla de un problema bastante grave.

Pero por eso mismo, deben haber motivos para tomar la determinación de no seguir investigando la causa. ¿Qué opciones se barajan en ese contexto?

No sé qué opciones hay. La única que queda clara es que a estos casos o no les dan la importancia que nosotros creemos que debería tener o no quieren investigar en profundidad los casos en los que se ha tocado a algunos de los políticos y partidos más importantes de Chile, y que el poder de estos grupos políticos -y de ciertos grupos empresariales-, es muy grande y no se quiere entrar a mover eso. Por eso la gente habla de impunidad, o de justicia para algunos y para otros no, porque al parecer hay en Chile ciertas personas y organizaciones que son intocables. Hagan lo que hagan, tomen las acciones que tomen, no les pasa mucho. Eso va a afectar la imagen que se tiene de la Fiscalía y de la justicia en Chile. Si la gente siente que el sistema judicial funciona para algunos, tiene un problema de legitimidad muy grande.

¿Es condenable lo de la fiscalía?

Es condenable. Esperábamos que tomaran un rol de investigar hasta el final, para que justamente no quedara esta sensación de que hay cosas que no supimos. A lo mejor la sentencia de un juicio oral podría haber sido menor, pero no hubiese quedado la duda. O podríamos haber observado la calidad de algunas leyes. Toda esa discusión no la podemos tener si no llegamos al final.

La suspensión condicional tiene dos condiciones. La primera es la de una indemnización que debe pagar la empresa, de $2.550 millones a repartir entre el fisco y fundaciones, y otra que tiene que ver con el requerimiento de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción implementadas por las empresas del holding. ¿En qué consiste esta segunda condición?

Lo que pasa es que se les exige a estas empresas tener un control interno, pero ahí hay una parte que es que al parecer eso ya lo tenían. Entonces el problema fue que no funcionó, y ahí SQM se comprometió a hacer todo un análisis. También en Estados Unidos les exigieron hacerlo para seguir funcionando dentro de ciertos mercados. Es decir, igual tuvieron una sanción ahí, pero existen lugares donde si tú te involucras en algo como esto nunca más puedes tener un contrato con el Estado. Entendamos que la multa que está pagando SQM es totalmente irrelevante, y ni siquiera alcanza al monto en que defraudó al fisco. Es muy poco disuasiva. Ahora SQM acaba de firmar con Corfo para el tema del litio… Las personas leen de esto que la justicia no es justa y que hay impunidad, sobre todo para los que son más poderosos  y eso es lo que nosotros tratamos de revertir, que el poder se distribuya.

¿Es todo esto parte de lo que se ha denominado como la justicia de clase?

No sé si se podría hablar de justicia de clase, porque eso sería una discusión muy sociológica sobre las clases sociales y si la clase es el clivaje. Más que de clase, yo creo que es de los que tienen y no tienen poder, y de la concentración del poder.

Pero eso inevitablemente está relacionado con un componente de clase…

Yo diría que tiene que ver más con cuán distribuido está el poder, si el poder está mal distribuido, y si hay un grupo que concentra mucho poder independiente de la clase. No siempre hay un clivaje de clase social necesariamente. La relación que nosotros estamos viendo que está en juego: el dinero y la política. Porque puedes tener mucho dinero y no necesariamente ser tan poderoso. Puedes ser de clase muy alta pero no que por eso te permitas comprar poder. La idea de un sistema democrático es que el poder es de todos y que está distribuido independiente del poder económico. En Chile hemos visto lo juntos que están. Efectivamente lo que estamos observando es que la justicia en estos casos no toca al poder. Eso es lo problematico.

*Fuente: Diario UdeChile