El gobierno de la Nueva Mayoría culmina su gestión entregando un fabuloso premio a la empresa que encarna la corrupción política en el país: la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich-SQM). El Estado -a través de la Corporación de Fomento (Corfo)- amplió la concesión que gozaba SQM para extraer litio del Salar de Atacama. Eso permitirá a la compañía aumentar a 350 mil toneladas -hasta 2030- la explotación del mineral cuyo valor sigue una tendencia ascendente a medida que se desarrolla la industria de baterías y vehículos eléctricos.
Es imposible no sospechar que con este gesto el gobierno de la presidenta Bachelet retribuye a SQM los aportes ilegales que la empresa de Ponce Lerou ha venido haciendo a partidos de la NM, extendiendo la corrupción a casi todos los ámbitos institucionales.
Chile posee más de la mitad de las reservas mundiales de litio, y el interés comercial que despierta abría una excelente oportunidad para que una Empresa Nacional del Litio se encargara de su explotación. Sin embargo, el gobierno ha preferido repetir el ejemplo que en sus épocas siguieron el salitre y el cobre, entregados a intereses privados que, incluso en el caso del salitre, utilizaron a Chile para una guerra de rapiña contra Bolivia y Perú.
Intereses británicos se adueñaron del salitre y compañías norteamericanas del cobre. La minería del salitre murió en los albores del siglo XX pero el cobre hizo ganar fortunas a la Anaconda y la Braden Copper, hasta que el gobierno del presidente Salvador Allende -que llamó al cobre el “sueldo de Chile”- nacionalizó esta riqueza en 1971. La dictadura militar, sin embargo, permitió el ingreso de capitales extranjeros, situación que se acentuó bajo la Concertación. Las compañías extranjeras hoy superan la producción de la empresa del Estado, Codelco, objeto del permanente acoso privatizador de sectores que se ubican tanto en la oposición como en el gobierno.
Las compañías extranjeras del salitre y el cobre también fueron poderosos factores de corrupción de partidos, funcionarios, parlamentarios, abogados, medios de prensa, etc.
SQM está acusada de cohecho y soborno de autoridades, junto a otras empresas como Penta y Corpesca.
Penta se constituyó en la matriz financiera de la actividad política de la derecha, en particular de la UDI. A su vez Corpesca fue una fuente ilegal de recursos tanto para la derecha como para la Concertación. SQM, en cambio, estuvo más vinculada a la Nueva Mayoría, sin excluir a sectores de derecha y a partidos como el PRO.
El controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Pinochet, tuvo la astucia de apostar a los cambios que se producirían al retirarse los militares a sus cuarteles. Ya en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, obtuvo de la Corfo la concesión de 90 mil hectáreas del Salar de Atacama. En esa operación actuaron el actual vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran (PPD), que también fue ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y Felipe Sandoval (DC).
SQM no solo ha gozado del respaldo de la actual coalición de gobierno. También ha tocado teclas en la derecha, como el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, sobornado para favorecer los intereses de SQM en la Ley de Royalty Minero, y el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, atrapado falsificando un documento público para beneficiar los intereses de SQM.(*)
Puede afirmarse que SQM, que recibe la principesca recompensa del gobierno, es el principal actor de la corrupción en Chile. SQM ha jugado un rol de primer orden en la deslegitimación de la política y los políticos. Su nefasto proceder ha contaminado todos los ámbitos de la institucionalidad. Su acción corruptora es tan pública y notoria que hace aún más audaz y repudiable la decisión del gobierno de premiarla con la concesión del litio.
Este acto no puede sino interpretarse como el pago de favores recibidos por la Nueva Mayoría. Se trata de una maniobra que significará un vergonzoso hito en el legado del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esto a la par de los escándalos de corrupción de países como Perú, Brasil o Argentina que han puesto al desnudo la naturaleza mafiosa de algunos gobiernos presuntamente “democráticos”.
La vergonzosa medida que premia a SQM se conoció en forma casi simultánea con la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Esos funcionarios alcanzaron un respetable nivel de reconocimiento público por la independencia y seriedad de sus investigaciones de la corrupción política. Ambos fiscales renunciaron en desacuerdo con las medidas de la Fiscalía que se están orientando hacia la impunidad en los casos de Penta, Corpesca y SQM. Gajardo y Norambuena dicen en su renuncia: “La Fiscalía ha renunciado a ejecutar los actos procesales para intentar obtener una condena penal que evite la impunidad para hechos que causan un daño a la democracia”.
La renuncia de Gajardo y Norambuena está indicando la profundidad y alcances de la corrupción. Existe una alianza entre corruptos y corruptores; entre el Estado y los empresarios que manejan la política mediante sobornos.
Contra delitos que envilecen la política hay que levantar la protesta del pueblo. No lo harán sus cómplices que dominan el gobierno, el Parlamento y los medios de desinformación.
Notas:
(*) Sobre estos aspectos recomendamos leer el artículo “El intocable Ponce Lerou” del economista Roberto Pizarro. (eldesconcierto.cl, 20/1/2018).
