Árboles y transgenia en Chile: la nueva chispa de la industria forestal

La industria forestal en Chile ha estado impulsando la generación de árboles genéticamente modificados para obtener mayor productividad. Al menos está documentado que hasta el año 2014 el Consorcio Genómica Forestal, compuesto por las forestales Mininco y Arauco, la Universidad de Concepción, CEFOR (empresa de la Universidad Austral) y la Fundación Chile, impulsaron cuatro líneas de investigación tendientes a generar pinos y eucaliptus transgénicos que tuvieran características especiales: obtener mayor cantidad de celulosa por árbol, mayor resistencia al frío, resistencia a hongos y mayor rendimiento en cuanto a su utilización en la industria de la celulosa.

Esta información es parte de una investigación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) que se presentó el miércoles 22 de marzo en un Foro denominado “Árboles Transgénicos: El nuevo y nefasto impulso de la industria forestal”, en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. La instancia fue organizada por STOP GETrees (Alto a los Árboles Transgénicos), la Campaña Sólo el Pueblo Ayuda al Pueblo, Diario Resumen y OLCA. En este contexto, está de visita en Chile una importante delegación de opositores a la transgenia de Uruguay, Nueva Zelanda y Brasil, que participarán, además, de foros en las ciudades Temuco y Santiago.

Recordemos que en Chile existen aproximadamente tres millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales casi 750 mil son de propiedad del holding CMPC de la familia Matte. Casi el 90% ha sido subsidiado por el Estado vía Decreto Ley 701, y ha quedado demostrado lo inflamables que son este tipo de monocultivos en los recientes incendios de enero y febrero de 2017.

La estadounidense Anne Petermann, directora ejecutiva y co-fundadora del Proyecto Justicia Ecológica Global, explica a El Ciudadano que los árboles genéticamente modificados “son desarrollados para hacer las plantaciones de monocultivo mucho más productivas, pero tienen más impactos y serios”, y describe que “usan más agua, requieren más uso de químicos que contaminan el suelo, el agua y el aire, y dañan la salud de las personas”.

Para Petermann, el pino y el eucaliptus “contribuyen a que el fuego se expanda muy rápido porque son muy secos e inflamables”, por lo tanto, afirma: “nos preocupa que la ingeniería genética de árboles haga que crezcan más rápido, haciendo que los incendios sean mucho peor”. “Por eso es tan importante estar aquí dando a conocer las luchas de los países que han dicho no a los árboles transgénicos”, sostiene.

Incorporando un gen

Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) y quien presentó la investigación “Árboles Transgénicos en Chile”, explica que a estos árboles, modificados genéticamente, se les incorpora un gen con el que liberarían una toxina pero que no es específica, “ya que podría actuar como pesticida frente a muchas especies de insectos, lo que significa que podría dañar la biodiversidad de los bosques de Chile, porque los insectos son una parte importante de los ecosistemas”.

Es más, Parra expresa que si se llegara a autorizar el eucaliptus productivo resistente al glifosato, “significaría un mayor uso de este herbicida, que va a generar mayor contaminación de los ríos, de las aguas superficiales y subterráneas, y,  además, un mayor riesgo para la salud de las personas, pues es reconocido a nivel internacional que puede provocar cáncer”. Al mismo tiempo, se corre el riesgo de que estos árboles al reproducirse traspasen esas características a otras plantaciones más allá del límite autorizado.

“La experimentación con árboles transgénicos para la celulosa solo pretende mejorar la productividad del sector forestal y expandirse más aún”, dice Alejandra Parra, aseverando que esto agravaría todos los impactos del modelo forestal en Chile que ya existen.

La integrante de RADA sostiene, además, que existen nuevas líneas de investigación, por ejemplo, los que se vinculan con “la detección de genes de árboles que captan metales, como el cobre”. Esto se está desarrollando con biorremediación de suelos, lo que podría significar “la profundización  del modelo extractivista minero porque podría permitir que la actividad minera use estas plantas como biorremediadores y los use como forma de plantearse como actividad sustentable y aumentar su producción”.

Por eso no es neutral que sea justamente la Fundación Chile una de las interesadas en este tipo de investigaciones de árboles transgénicos ya que, tal como dice su web institucional, uno de sus socios es la minera BHP Billiton.

Fundación Chile y las autorizaciones del SAG

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha autorizado la realización de este tipo de experimentos, tanto en pino y eucaliptus, como en árboles frutales como ciruelos, manzanos y cítricos, por lo menos entre los años 1996 y 2015, ya que la última solicitud de la que se tiene conocimiento data de este último año. Alejandra Parra afirma que una de las instituciones que más solicitó permisos para la transgenia ha sido la Fundación Chile, que ha trabajado con árboles relacionados con la industria de la celulosa.

Los datos que existen hasta ahora en torno a la experimentación con árboles transgénicos han sido extraídos de la información que ha entregado el SAG, sin embargo, son parciales, porque pese a que Parra afirma que solicitaron “los análisis de riesgo de estos experimentos”, no los entregaron “porque contestaron que era confidencial”.Parra aclara que si bien las autorizaciones del SAG permiten solamente la experimentación “con medidas de confinamiento”, la legislación en Chile es sumamente débil, por lo que se corre un riesgo permanente. La resolución exenta N°1523 del año 2001 “limita supuestamente el uso productivo de las plantas transgénicas en Chile”, sin embargo, el artículo 15 dice que “cualquier otro uso tiene que ser autorizado por el SAG de manera expresa”, lo que significa que “no existe una prohibición de uso con fines productivos de los transgénicos en Chile, sino que está sujeto a una evaluación del SAG caso a caso”.

Y el problema es mucho más grande porque muchos centros de investigación de las universidades son privados, por lo tanto, queda al propio arbitrio de éstos el difundir dicha información. Parra afirma que incluso “muchas veces son investigaciones que se realizan con fondos públicos” financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

*Fuente: El Ciudadano