Aborto: respeto a la dignidad y decisión de las mujeres

DECLARACIÓN PÚBLICA

Aborto: respeto a la dignidad y decisión de las mujeres

Tras dos años de debate legislativo del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, el Senado de la República se apronta a debatir y votar en general esta iniciativa que debería permitir avanzar en el reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. En enero de 2015, el proyecto presentado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet elimina la prohibición total del aborto heredada de la dictadura cívico militar, siendo parte de los compromisos asumidos con las mujeres del país.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional en marzo de 2016, y actualmente en debate en el Senado mantiene: la despenalización en las tres causales (riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación); el carácter voluntario del acompañamiento a la mujer y el respeto a su decisión, sin intentar disuadirla e incorpora la interrupción del embarazo, por alguna de las causales, en las políticas y programas sociales y de salud existentes en la institucionalidad pública. Además, concibe la objeción de conciencia como una potestad individual que recae exclusivamente en médicos y médicas y no en las instituciones ni demás integrantes del equipo de salud.

Sin embargo, la Cámara de Diputados modificó y eliminó del proyecto de ley aspectos esenciales, lo cual pone en entredicho al compromiso asumido de avanzar en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, modificando una legislación que vulnera su derecho a la vida y dignidad. Por demasiados años, con la penalización total del aborto, el Estado de Chile ha incumplido con las normas básicas del Estado de Derecho y de la vida democrática, además de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La norma que apruebe finalmente el Senado debe mantener las tres causales, y sin duda alguna, aquella que permite interrumpir una gestación que es producto de la violencia sexual contra una niña, una adolescente o una mujer adulta.Todas las encuestas de opinión arrojan el amplio y transversal apoyo que concita en la ciudadanía legislar en favor de las afectadas, dándoles derecho y autonomía en la decisión de continuar o no con un embarazo forzado y que jamás fue deseado.

En 2014 hubo 852 niñas entre 10 a 14 años de edad que fueron madres, en su mayoría, porque vivieron violencia sexual reiterada por parte de hombres que debían darles seguridad y protección. El proyecto de ley debe garantizar el efectivo acceso al aborto a niñas y adolescentes, otorgando plazos suficientes para acceder a esta prestación de salud y poder recurrir a autorización judicial subsidiaria en ausencia de sus representantes legales. Cuando las víctimas son mujeres mayores de 18 años, la ley debe respetar su decisión de denunciar o no la violencia sexual sufrida y garantizar confidencialidad por parte del equipo de salud a aquellas que requieren atención por complicaciones derivadas de un aborto.

El proyecto de ley en debate en el Senado prohíbe al Estado de Chile informar a las mujeres sobre las prestaciones de salud relativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta disposición, introducida por la Cámara de Diputados, inhibe el cumplimiento de una obligación estatal elemental y vulnera el derecho a la protección de la salud de las mujeres contenido en la Constitución.

A dos años de presentado el proyecto de ley, las mujeres en Chile exigimos a quienes nos representan legislar, garantizando nuestros derechos, y al Gobierno que ponga las urgencias necesarias para cumplir con el compromiso asumido con el 52% de la población.