El Estado mexicano, acusado de juvenicidio

El brutal crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que ha horrorizado a la sociedad mexicana y provocado la indignación de millones de personas en el mundo, no ha sido una acción aislada y excepcional, una falla esporádica del sistema, sino una constante y sistemática política de Estado durante décadas. Desde ese 2 de octubre de 1968 en que el Ejército y los cuerpos de seguridad asesinaron a mansalva a un número indeterminado de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Desde ese 10 de junio de 1971 en que el grupo paramilitar los halcones, entrenado y al servicio del Estado, disparó a discreción contra una manifestación estudiantil pacífica en las calles de la ciudad de México. Desde la guerra sucia de los años 70 y 80, cuando el territorio nacional, como hoy, se llenó de cárceles y fosas clandestinas y los militares mexicanos tuvieron el macabro privilegio de inaugurar los vuelos de la muerte, técnica de desaparición forzada exportada por los asesores franceses en contrainsurgencia, que lanzaban al mar desde aviones a revolucionarios argelinos durante la lucha por la independencia.

Siendo constante y creciente no sólo la violencia política, sino también la de carácter estructural contra los jóvenes, la trasnacionalización capitalista neoliberal las ha incrementado exponencialmente. Ser joven en el México de hoy es una condición de riesgo extremo. Lo que los monopolios de comunicación internacionales no han hecho público, tan sesgados para tratar el tema México, es que en los últimos ocho años, más de 120 mil personas han sido ejecutadas extrajudicialmente, mientras miles han sufrido desaparición forzada, y que de ellas, la gran mayoría son jóvenes y pobres. La mayor parte de las mujeres asesinadas y víctimas de la violencia de género son jóvenes. La generación que nació en estas décadas de barbarie neoliberal sufre la pérdida de conquistas civilizatorias del llamado Estado benefactor, que ha significado una reducción drástica de sus posibilidades de acceso a educación, salud, cultura, a los espacios y tiempos lúdicos y a la inserción laboral en la ciudad y el campo. La juventud padece, asimismo, formas preferentes de explotación, esto es, sobrexplotación, así como un mayor grado de precarización en las condiciones de vida, desempleo y subempleo en el ámbito laboral. También han sido el sector con mayores índices de desplazamiento forzado dentro y fuera de México.

De ahí la importancia y pertinencia de la Audiencia Temática sobre la Destrucción de la Juventud y las Generaciones Futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México, y en cuyo proceso de preparación de la acusación y de la audiencia, que duró más de un año, han participado cientos de jóvenes de más de 20 estados del país. Cabe señalar que el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a partir del eje central de sus trabajos, El libre comercio, la violencia estructural y la impunidad, llevará a cabo su audiencia final durante los días 12, 13 y 15 de noviembre en el Centro Cultural Universitario.

La acusación en torno a la juventud parte de una autodefinición de este sector, no sólo como un rango demográfico, el 32 por ciento del total de la población del país, sino también como una relación social de la actual mundialización del capital: Somos la parte más agraviada de la nación destruida, del suelo ocupado. Somos la generación que nació con el libre comercio, la última generación joven del país. Somos las secuelas y vestigios de lo que el neoliberalismo aún no ha barrido. Somos el presente al que se le niega el pasado y se le cierra toda posibilidad de futuro. Somos las generaciones pasadas de un futuro que amenaza con no existir, las generaciones de un pasado liquidado. Somos las y los jóvenes de México, las y los condenados de la patria.

El documento base denuncia al Estado mexicano por entregar y destruir a la juventud como parte del desmantelamiento y entrega del país. Acusan al Estado mexicano en su conjunto, a los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los gobiernos de todos los presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz a Enrique Peña Nieto; a quienes firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; al gobierno de Estados Unidos y sus organismos de seguridad e inteligencia; a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a la OEA y a los organismos de la ONU cómplices de los crímenes que denuncian; a las empresas trasnacionales que saquean y devastan el país; a los medios de comunicación que ocultan y tergiversan la realidad de la nación ocupada; a los intelectuales, organizaciones no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera; a las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto neoliberal; a las instancias y grupos criminales extraestatales, los narcotraficantes, paramilitares y otros que resulten responsables.

Los jóvenes consideran que la modificación y creación de leyes para reconfigurar el Estado al servicio del capital transnacional y del imperialismo estadunidense ha significado en los hechos la declaración de una guerra social asimétrica, general y permanente contra nuestros pueblos, nuestra madre tierra, nuestra nación. “Una guerra que para sostenerse requiere de aniquilar a la juventud y cerrarle el paso a las generaciones futuras… Denunciamos que esta guerra es una guerra juvenicida. El juvenicidio en este sentido es más que un homicidio de un joven; es cuando tratan de arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra potencialidad para trasformar la realidad, es decir, nuestra juventud”.

El Estado mexicano está enjuiciado por desvío de poder y por ser un Estado criminal y deberá responder ante el Tribunal de los Pueblos y ante los propios ciudadanos.

Fuente: La Jornada