Pueblos indígenas: programa de Bachelet en deuda 

11 de noviembre de 2013
En el programa de Michelle Bachelet, el capítulo de los pueblos indígenas no queda bien resuelto y esto porque, al parecer, primó la cautela a la hora de tomar definiciones trascendentes para un tema que nos acompaña trágicamente por siglos, que afecta social y culturalmente a un segmento importante de la sociedad, y que tiene un tremendo impacto en el modelo de desarrollo económico.
No cabe duda que este programa de gobierno propone avanzar de manera trascendente en reconocimiento, institucionalización y reparación –no me detendré a resaltar aquí las virtudes de la propuesta–. Quisiera enfatizar más bien algunos miedos y contradicciones que se despliegan a lo largo del texto. Por ejemplo, se optó por reconocer la “pluriculturalidad” del país, descartando asumir a Chile como Estado “plurinacional”. Lo anterior se asocia a un miedo atávico a la fragmentación del país si se llegasen a reconocer naciones dentro del Estado. No es casualidad que en el texto se remarque la indivisibilidad de la nación inmediatamente antes de reconocer la pluriculturalidad. Dice el texto: “Chile, en cuanto nación, es indivisible y pluricultural. Chile incluye a los pueblos indígenas, quienes gozan de identidad y cultura propia”.
Entonces, se acepta que tienen una identidad propia, pero se les niega su derecho a reconocerse como una nación distinta a nosotros los chilenos. Se les reconoce el derecho a “decidir sobre el uso de sus tierras y lugares donde habitan”. Se avanza aún más al sugerir que “se generen espacios de autonomía y autodeterminación a nivel territorial mediante la generación de estatutos especiales de autonomía”, pero se insiste en la indivisibilidad y unidad de la nación. ¿De qué hablamos, entonces, si los pueblos indígenas podrán gozar de autodeterminación a nivel territorial? Es decir, se plantea que los pueblos originarios son un “otro”, con identidad propia, con derecho a autodeterminarse, pero se evita deliberadamente el concepto plurinacionalidad.
Si este programa se materializara, dejaría a Chile con un status de la discusión que dominó a América Latina en los años 90, reconociendo la multiculturalidad, pero evitando de plano una revisión algo más sustantiva del paradigma del Estado-Nación. Entonces, lo que quedó en el papel parece responder más a una política “en la medida de lo posible” que a un esfuerzo por replantearnos con serenidad, pero con altura de miras, la relación con los pueblos originarios.
Este temor parece infundado cuando en el mundo observamos una importante evolución desde una concepción integrada del “Estado-Nación” a visiones modernas que advierten que sí es posible que dentro de un mismo Estado convivan varias naciones. En casos como Canadá, Bolivia, Bélgica, Noruega, Sudáfrica, España y Reino Unido, por citar algunos, se plantean como estados que incorporan nacionalidades múltiples dentro de un mismo paraguas institucional. La experiencia comparada demuestra que diversas naciones pueden convivir en el mismo Estado y aquello no necesariamente es traumático.
Otra pregunta vital es qué reconocer. En el capítulo sobre la Constitución, el programa remarca un reconocimiento más acotado al valorar y difundir las “manifestaciones culturales de los pueblos indígenas”, insistiendo que debiesen tener derecho a educación propia y a un régimen educativo intercultural, llegando a reconocer sus derechos colectivos. Pero en el capítulo sobre pueblos originarios se especifica otra importante área de reconocimiento asociado a los territorios y que se traduce en la propuesta de generar estatutos especiales de autonomía y autodeterminación a nivel territorial.  El tema del despojo territorial es una pieza clave en la solución a las reivindicaciones de los pueblos indígenas. El programa indica que se buscarán mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes, cumplir el proceso de restitución de tierras y se estudiará la situación de las tierras fiscales.
Hasta aquí parece prometedor, sin embargo, no se considera una serie de propuestas ya hechas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) y que consideran: reemplazar la noción de “Áreas de Desarrollo Indígena” por la de “territorios indígenas”; establecimiento de mecanismos de reclamación de tierras en el ordenamiento legal; la consagración del reconocimiento territorial a nivel constitucional; y una serie de recomendaciones relativas a la demarcación, titulación, protección, y derecho de preferencia para obtención de concesiones del Estado para explotación de recursos naturales en sus territorios, entre otras materias.
Si este programa se materializara, dejaría a Chile con un status de la discusión que dominó a América Latina en los años 90, reconociendo la multiculturalidad, pero evitando de plano una revisión algo más sustantiva del paradigma del Estado-Nación. Entonces, lo que quedó en el papel parece responder más a una política “en la medida de lo posible” que a un esfuerzo por replantearnos con serenidad, pero con altura de miras, la relación con los pueblos originarios. Se reconoce a un “otro”, con su cultura y su identidad, pero se actúa con extrema cautela cuando se aborda el tema territorial y de recursos naturales, y de ahí que el tema no quede bien resuelto.
– El autor, Claudio Fuentes S. , es Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO Universidad Diego Portales.
*Fuente: El Mostrador