Los amarres de Piñera

A ocho meses de tener que entregar la banda presidencial, el Presidente Sebastián Piñera está impulsando y consiguiendo aprobar un ramillete negro de proyectos que potenciarán la desigualdad, la privatización de bienes comunes, la concentración de la riqueza; y hasta la supresión de derechos digitales.

Estos proyectos, que cuentan con prioridad en su trámite legislativo o ya han sido promulgados, conculcan derechos ciudadanos y de pueblos indígenas; consolidan la privatización del agua, los peces y las semillas campesinas e indígenas; y promueven el monocultivo forestal en el Wallmapu (País Mapuche).

El Gobierno está obteniendo un notable éxito en la tramitación y despacho de estos proyectos gracias al apoyo que recibe de parlamentarios de la opositora Nueva Mayoría, ex Concertación por la Democracia.

Esto ocurre en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, que se dan en el contexto de una enorme movilización social, como la protesta nacional de estudiantes, mineros y portuarios del pasado 26 de junio, que movilizó a cerca de 150 mil personas en todo el país. Como parte de esta protesta los mineros subcontratistas de Codelco paralizaron los yacimientos Chuquicamata y El Teniente.

La unión de estos sectores sociales supuso la elaboración de un pliego común que incluye la renacionalización del cobre; y la gratuidad y fortalecimiento de la educación pública. El jueves 11 de julio la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a otra protesta nacional a la que se adhirió la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), además de gremios de empleados públicos y colegios profesionales. Esta manifestación también tuvo como demanda principal la renacionalización del cobre.

A pesar de estas grandes protestas, el Gobierno y el Congreso Nacional siguen a toda marcha y a espaldas del país, con sus proyectos privatizadores.

LA LEY HIDROAYSÉN

El miércoles 3 de julio de 2013 el Senado culminó la tramitación del proyecto sobre concesiones eléctricas, quedando en condiciones de ser tramitado por la Cámara de Diputados. Votaron favorablemente la iniciativa los parlamentarios de la UDI, RN y la DC, además de los socialistas Isabel Allende y Camilo Escalona.

Conocido como Ley Hidroaysén, este proyecto allana el camino para la construcción de ésta y numerosas otras centrales hidroeléctricas en las regiones del sur y extremo sur de Chile.

Hidroaysén es un megaproyecto energético que considera la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, patagonia chilena. Con una potencia de 2.750 MW y una inversión estimada de US$ 3.200 millones, se constituiría en el proyecto energético más grande del país. La propiedad de Hidroaysén es compartida entre las empresas Endesa –propiedad de la estatal italiana Enel– y Colbún (grupo Matte). De concretarse este proyecto estas empresas concentrarán el 80% de la generación eléctrica de Chile.

El anuncio de la aprobación de este proyecto generó en el primer semestre de 2011 las protestas más masivas que haya registrado Chile en los últimos treinta años, sólo comparables con el levantamiento estudiantil que tuvo lugar aquel mismo año y que se mantiene con gran intensidad hasta el presente. Según proyecciones de la consultora de estudios sociales Cerc, unas tres millones de personas participaron de alguna forma en las protestas contra Hidroaysén.

La puesta en marcha de este proyecto requiere la construcción de una línea de transmisión que transporte la energía desde la región de Aysén hasta Santiago, lo que además viabilizaría la ya planeada construcción de numerosas otras centrales hidroeléctricas en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

La dificultad que tienen las empresas es que las torres de alta tensión pasarían –de construirse finalmente el proyecto- por una decena de parques nacionales y por más de un centenar de comunidades indígenas, lo que anticipa una fuerte oposición.

En ese contexto este proyecto de concesiones eléctricas aparece como el posibilitador de estos proyectos hidroeléctricos, puesto que reducen al mínimo los derechos de las comunidades y de los mismos dueños de tierras afectadas por la construcción del tendido eléctrico.

El 16 de junio el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) inició una campaña nacional para rechazar la posible aprobación del citado proyecto: “Alto a Ley de Concesiones Eléctricas para HidroAysén #votasinrepresas”.

Entre los aspectos que el CDP encuentra más cuestionables de esta ley: es que las concesiones serán a perpetuidad; se vulnerará el Convenio 169 de la OIT, al contemplar consulta a las comunidades indígenas sólo después que se haya asignado la concesión; el que se ponga en riesgo el patrimonio natural de los parques nacionales al no exigir que estos sean respetados; y el que se permita a las empresas de la energía recurrir a la fuerza pública para ocupar los terrenos donde se construirán las torres, aunque hayan reclamaciones pendientes y aunque el dueño del terreno no sea habido. Además sólo los dueños de los terrenos podrán hacer reclamaciones contra la construcción de torres y dispondrán sólo de 30 días para presentarlas.

PRIVATIZACIÓN DE LA SEMILLAS

El Senado comenzó en junio pasado la tramitación de la “Ley que Regula Derechos sobre Obtenciones Vegetales”, también conocida como Ley Monsanto. Este proyecto establece el marco regulatorio para la aplicación del Convenio Upov 91, aprobado por el Congreso el 2011, y que fomenta la patentación de las semillas por parte de transnacionales de la agroindustria como Monsanto, Syngenta y Bayer.

La Ley Monsanto contiene artículos que prohíben el intercambio y la guarda de semillas y permiten a los obtentores perseguir a los infractores por “piratería” como se hace en Estados Unidos y Canadá.

La Upov (Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales) es una organización internacional e intergubernamental de las empresas que desarrollan vegetales “mejorados” creada en 1961.

El proyecto Upov 91 fue presentado al Congreso Nacional el 13 de enero de 2009 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet.

Aunque fue aprobado en 2011, el Tribunal Constitucional –luego de un requerimiento de doce senadores- solicitó al Congreso que resolviera temas que había dejado pendiente como la protección de las semillas nativas indígenas, y los relativos al resguardo del patrimonio genético de Chile y su biodiversidad.

Aunque sin mucha cabida en los medios de la gran prensa, decenas de organizaciones y redes están dando una dura pelea para evitar lo que ellos señalan es “la privatización de las semillas”. En entrevista con El Ciudadano el coordinador de la campaña Yo no quiero transgénicos, en Valparaíso, Dann Espinoza, denunció que debido a la permisividad con la que actúa el Estado en materia de fiscalización, Chile ha sido convertido “en un semillero puro y duro de transgénicos, puesto que ya ocupa el quinto lugar entre los países productores de semillas transgénicas del mundo con cerca de 35 mil hectáreas plantadas”.

Espinoza –que también es activista de la organización vegana Revolución de la Cuchara– recalca que en Chile “no tenemos idea de dónde realmente están dichos cultivos de semillas transgénicas puesto que las empresas se han negado a informar, silencio que ha contado con la complicidad del Estado”. Este dirigente ambientalista denuncia que los cultivos de semillas transgénicas contaminan cultivos vecinos.

Y que esto ha tenido como consecuencia que, en los últimos meses, al menos dos cargamentos de apicultores y de pequeños productores de trigo hayan sido rechazados en Alemania y Francia, al determinarse que contenían trazas de transgénicos Monsanto.

El activista de Yo no quiero transgénicos señala que de aprobarse la Ley de Obtentores Vegetales las empresas de biotecnología “podrán patentar cualquier semilla considerada nueva, homogénea y estable, entendiéndose por ‘nueva’ cualquiera que no haya sido patentada antes”. Para Dann, con esto se está dando paso “a la privatización de la semilla y de todo de lo que de ella provenga, privatizando así la vida misma; obstruyendo las prácticas de complejos sistemas de sanación con plantas y hierbas medicinales, y las cosmovisiones de los diversos pueblos originarios que habitan por estos lares”.

La campaña Yo no quiero transgénicos reúne a 24 agrupaciones de campesinos, agricultores y consumidores, entre otras. Organizan conferencias en universidades, escuelas, agrupaciones campesinas; y realizan talleres de agricultura urbana y trueque de semillas. Han llevado sus denuncias y propuestas al Congreso Nacional siendo parte activa de la discusión de los citados proyectos.

FOMENTO FORESTAL

Con fuerte impulso partió en el Congreso la tramitación de la “Ley de Fomento Forestal” impulsada por el Ministerio de Agricultura. Muestra de ello es que el Senado aprobó el 13 de junio la “idea de legislar” por 23 votos a favor y siete en contra.

Según aseguró al diario La Discusión de Chillán –19 de junio- el secretario de Agricultura de la Región del Bío-Bío, José Manuel Rebolledo, la aprobación de esta ley significará “un tremendo apoyo económico hacia los pequeños y medianos productores en su desarrollo económico, social, y también ambiental”.

Las afirmaciones de este funcionario evidencian lo que ha sido el discurso oficial respecto de esta materia. Sin embargo, éste no es veraz puesto que de aprobarse esta normativa lo que estará haciéndose, en la práctica, será prolongar el modelo de monocultivo forestal promovido por el dictador Augusto Pinochet, y que ha favorecido abiertamente a dos grandes grupos económicos: Matte y Angelini.

Expresión de esto es que, según un estudio de la Consultora Profesional Agraria, entre 1980 y 1997 se entregaron en total 20.499 bonos que financiaron la forestación de 822.428 hectáreas. De éstas, un 94% se destinó a medianos y grandes propietarios y sólo un 6% a pequeños propietarios.

Es importante señalar que el modelo de monocultivo forestal surge a poco de comenzada la dictadura militar con la promulgación, en 1974, del Decreto Ley 701 (DL 701), de Fomento Forestal. Desde entonces el Estado comenzó a dar subsidios que financiaban casi en su totalidad las plantaciones de pinos y eucaliptus en el centro sur de Chile, que formaba parte del histórico territorio del pueblo mapuche.

Como resultado de esta política, la producción de madera, aglomerados y celulosa se ha incrementado en forma exponencial. Mientras en 1980 el sector forestal exportaba 254 mil dólares, en 2011 las ventas al exterior alcanzaron los 5.900 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Chile. Desde 1974 hasta ahora, casi tres millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales.

La expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional campesina y mapuche.

La entrega de bonificaciones mediante el DL 701 sobre Fomento Forestal expiró en diciembre de 2012, por lo que el Gobierno de Piñera le está dando una altísima prioridad a este proyecto de “fomento forestal”.

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS PECES

Uno de los proyectos más importantes con los que el Presidente Piñera está cerrando su administración presidencial es La Ley de Pesca promulgada en enero de este año. El interés empresarial en esta ley –mejor conocida como Ley Longueira por el ministro que la impulsó– radica en que entregó la casi totalidad del patrimonio pesquero de Chile a las siete familias que controlan la actividad.

Al grupo chileno Angelini – el quinto más poderoso de Chile según ranking Forbes 2012– la nueva ley le asignó, en forma gratuita y a perpetuidad, 52% de las cuotas de pesca de sardinas jureles y anchovetas, que fueron entregadas a sus empresas Corpesca S.A., Orizon S.A y South Pacific Korp.

La citada normativa estableció que el 99% de sardinas, anchoas y jureles (que constituyen la principal riqueza de Chile en términos de proteína marina y Omega 3) sean destinadas a unas pocas grandes empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado, con el fin de alimentar cerdos, pollos y salmones. La ley Longueira reservó sólo el 1% de la cuota global de estos peces para el consumo humano. La principal víctima a la hoy cuestionada normativa fue la actividad pesquero artesanal a la que se despojó de históricos derechos. Esta ley contó con el respaldo en bloque del oficialismo, más el de numerosos parlamentarios demócratacristianos y el de algunos socialistas como la diputada Clemira Pacheco y el senador Fulvio Rossi.

Además de los señalados proyectos, el Gobierno y el Parlamento están a punto de concluir la tramitación de la Ley de Televisión Digital, y la Ley corta de Televisión Nacional, que tienen gran trascendencia y que funcionan con una lógica no muy distinta de la concentradora de riquezas que anima a los antes mencionados proyectos.

Tanto o más perjudicial para el país es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés). Este acuerdo tiene como integrantes a países de América, Asia y Oceanía con los que Chile ya tiene acuerdos de libre comercio. Es el caso de Canadá, México, Estados Unidos y Vietnam. Esto supone la renegociación de estos acuerdos y la renuncia a importantes derechos.

Las negociaciones han sido manejadas en absoluto sigilo y ni siquiera los parlamentarios están enterados del alcance de este acuerdo. Sin embargo, ha trascendido que entre las materias que incluiría se cuentan: la ampliación del plazo de protección de las patentes de medicamentos; la prolongación excesiva de los plazos de protección a los derechos de autor para libros, películas o música; y la instalación de límites al acceso a conocimientos disponible en Internet y fuertes restricciones a las descargas de contenidos en línea.

*Fuente: El Ciudadano