Análisis y proyección del escenario político en el Chile de hoy

MARCO TEÓRICO

En uno de nuestros últimos documentos, y comentando lo que podría suceder en los meses siguientes a las elecciones primarias de junio, aseverábamos que los hechos de la escena política nacional prevalecerían por sobre todos los demás sucesos y que la información de los medios de comunicación se volcaría, por entero, a solazarse con ellos. Afirmábamos que veríamos desplazarse, por dicha escena, a figuras, personalidades, actores políticos que no sólo ocuparían los espacios disponibles en esos medios sino, además, se incorporarían a nuestro diario vivir invadiendo la privacidad de nuestros hogares y gobernando el contenido de nuestras conversaciones con sus afirmaciones, acciones y demás decires. Los hechos han confirmado esta apreciación, pues no ha sucedido de otra manera. Y no dejará de suceder hasta que el evento principal que motiva tales comportamientos, que es la competencia por acceder a la Presidencia de la nación o algún cargo en el Parlamento, quede resuelta. Sólo entonces bajará en intensidad este ‘noise’, este ‘ruido’ comunicacional que impide ver al Chile real, el Chile que se oculta y no se permite emerger, que es el de los movimientos sociales, el de las clases dominadas. Este documento, por consiguiente, necesariamente ha de referirse a esos hechos aunque, de soslayo, intente desentrañar el intrincado mundo de la lucha de clases que subyace tras esas acciones.

PUNTO DE PARTIDA

Comencemos recordando que el miércoles 17 de julio, el hijo mayor de Pablo Longueira, abanderado presidencial no sólo del partido Unión Demócrata Independiente UDI sino de todo el conglomerado denominado ‘Alianza Por Chile’, a nombre de la familia del candidato, dio lectura a un documento en el que dicho personero hacía pública su irrevocable decisión de abandonar la lucha política por razones de salud. Al parecer, había sufrido el candidato una fuerte depresión que lo inhabilitaba para continuar en su empeño de alcanzar la mayoría necesaria para vencer a sus contrincantes en la carrera presidencial. Y, como era de suponer, no hubo en ese anuncio información alguna acerca de las razones que provocaron esa depresión ni, tampoco, posibilidad de inquirir acerca de ello, pues la generalidad de las intervenciones referidas al hecho no hicieron más que lamentar lo sucedido, desearle los mejores parabienes al candidato y ‘respetar’ la reserva de la familia. Sin embargo, culminaba así una crisis que ya se manifestaba entre las organizaciones políticas integrantes de la coalición ‘Alianza Por Chile’ (Renovación Nacional RN y UDI), desde la nominación que hiciera esta última, de Laurence Golborne, ex ejecutivo de CENCOSUD, como candidato presidencial a nombre de ese partido.

Como muchas de las circunstancias que a diario ocurren en Chile, en donde causas, motivos o razones quedan ocultos, subsumidos en la contingencia, relegados al olvido, convertidos en bastiones que resguardan principios morales de dudosa procedencia, la renuncia de Longueira se transformó en un ‘hecho’ establecido, una ‘realidad’. Y es que, en las actuales circunstancias, como sugerente asimilación a lo que sucede en el ámbito de la economía, dentro de la escena política de la nación también las razones públicas se trastocan en razones privadas, y nadie tiene derecho a preguntar más allá de lo que conviene al interés de las clases dominantes y a su representación política natural[1].

Los hechos se han precipitado. La crisis (larvada, en un comienzo) entre ambas organizaciones políticas (Renovación Nacional RN y UDI)[2], se ha hecho manifiesta, provocando fuertes enfrentamientos entre las mismas. Y si durante varios días se mantuvo la incertidumbre de una candidatura que reemplazase la de Pablo Longueira, las nominaciones de Evelyn Matthei (UDI) y Andrés Allamand (RN) no resolvieron la duda. Porque la crisis entre ambas colectividades pareció agudizarse: nuevas primarias dentro de la coalición y enfrentar las elecciones presidenciales con un candidato de unidad o, simplemente, hacerlo con dos. Por supuesto que tales disputas provocaron regocijo entre quienes, en las elecciones primarias de 30 de junio pasado, se habían pronunciado por la candidata de la alianza ‘Nueva Mayoría’ que es Michelle Bachellet. El regocijo era que ‘ahora, la derecha no tiene candidato’, que ‘la derecha está en el suelo’[3] o que ‘si la derecha no puede resolver su problema de la candidatura presidencial, ¿cómo va a resolver los problemas de toda la nación?’ De lo cual se podría inferir que esa ‘derecha’ estaría perdida frente al avance incontenible de las fuerzas de ‘izquierda’, representadas por la candidata del conglomerado Nueva Mayoría (ex Concertación o, si se quiere, Concertación más el Partido Comunista). Tales conclusiones —apresuradas, por cierto, e incluso claramente triunfalistas— pasaron por alto el problema central de toda elección cual es su ubicación en el espacio (o campo de acción) de la teoría del Estado.

En la sociedad actual, las clases sociales se presentan reemplazadas por estructuras institucionales que gobiernan la escena política de la nación; dichas estructuras están constituidas por los partidos que no sólo se arrogan la representatividad de las clases sino, simplemente, las sustituyen. Así, una crisis que afecte a la representación política natural de las clases dominantes, pasa a ser una ‘derrota’ de dichos estamentos e invita a extraer una conclusión tremendamente errónea. Sin embargo, las disputas entre quienes representan natural o espuriamente a los sectores dominantes no priva a éstos del ejercicio de su derecho de conducir hegemónicamente al conjunto social. Menos aún las disputas electorales. Las elecciones son componentes del mecanismo que gobierna la conducta de la escena política de la nación. Si bien es posible descubrir en ellas algunas de las contradicciones que existen dentro del Bloque en el Poder, también cumplen la función de impedir a las clases dominadas poder determinar el grado de desarrollo de sus propias luchas al interior de esa sociedad.  La escena política es un mundo de referencias, de manifestaciones o actuaciones a través de ‘interpósita personae’, a menudo bastante alejado de la realidad que pretende representar.

Es importante recordar estas enseñanzas, pues lo que se denomina ‘derecha’ no es más que la representación política natural de las clases dominantes. Cumple una función, sin lugar a dudas; pero esa misma función la puede cumplir su representación espuria, es decir, lo que se denomina ‘izquierda’. Por consiguiente, no tenía (ni tiene), mayor importancia para los sectores populares, las disputas habidas entre los actores que componen la Alianza Para Chile; tampoco la tendría para el caso que su candidato o sus candidatos fuese(n) vencido(s) en forma vergonzante. Esa es tan sólo la visión que presenta la escena política. Y nada más.

Hechas estas observaciones, sentemos algunas premisas básicas.

QUIENES SON LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Los candidatos que, hasta el momento se manifiestan para enfrentar los comicios de noviembre próximo son:

1. Verónica Michelle Bachelet Jeria, en representación de la coalición denominada ‘Nueva Mayoría’;
2. Evelyn Rose Matthei Fornet, en representación de la organización llamada ‘Alianza Por Chile’;
3. Marco Enríquez-Ominami Gumucio, en representación del Partido Progresista PRO;
4. Franco Aldo Parisi Fernández, que se presenta como independiente;
5. José Tomas Joscelyn-Holt Letelier , que también se presenta como independiente;
6. Marcel Henri Claude Reyes que representa al Partido Humanista;
7. Alfredo Juan Sfeir Younis, que representa al Partido Ecologista;
8. Gustavo Ruz Zañartu, en representación del conglomerado ‘Asamblea Constituyente’;
9. Roxana del Pilar Miranda Meneses, en representación del Partido Igualdad y de la Asociación Nacional de Deudores Hipotecarios ANDHA; y,
   1. Ricardo Jacob Israel Zipper, en representación del Partido Regionalista Independiente PRI.

Las posibilidades que estos candidatos tienen para llegar a enfrentarse como tales en los comicios de noviembre próximo son bastante relativas. Con excepción de quienes representan a las dos grandes coaliciones, que son el pacto Nueva Mayoría y la Alianza Por Chile, los demás necesitan reunir un determinado número de firmas antes del 17 de agosto próximo; de no hacerlo, arriesgan no poder participar en el acto eleccionario final. Y es una incógnita saber si esos candidatos van o no a cumplir semejante requisito para, finalmente, presentarse como tales.

TENDENCIAS QUE ACUSAN LOS CANDIDATOS

En términos generales, las tendencias de los candidatos se orientan en sentido inverso. Mientras Evelyn Matthei, Tomás Joscelyn –Holt y Franco Parisi se manifiestan partidarios de mantener en forma inalterable la esencia del modelo y aceptan modificaciones accidentales al mismo (en lo que también se pronuncia el candidato del PRI, Ricardo Israel, aunque acompañado de ciertas reivindicaciones específicas), Michelle Bachelet, Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude, Alfredo Sfeir, Roxana Miranda y Gustavo Ruz se manifiestan con proposiciones más radicales que, incluso, en algunos casos, llegan a la abolición de la Constitución pinochetista y a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

No vaya a creerse, sin embargo, que todos estos últimos candidatos se identifican en sus proposiciones. No. Sus programas son diferentes. Existen mayores similitudes entre cinco de ellos, excluyéndose a Michelle Bachelet cuyos postulados han experimentado notables variaciones.

Existen, no obstante, dos hechos que unen, en mayor o menor medida, a todos los candidatos, independientemente del programa que lleven o del sector social cuyos intereses quieran representar.

Es el primero que, de una u otra manera, todos ellos han apostado lidiar dentro de los márgenes del sistema, al interior del marco democrático, a través de elecciones que suponen libres, secretas e informadas. Esta voluntad manifiesta en orden a relegar a un segundo plano la tarea primordial de los movimientos sociales, cual es transformar la protesta social en organización y la organización en poder social, y optar por aceptar las condiciones en orden a disputar las propuestas políticas dentro de los marcos establecidos por las clases dominantes para el funcionamiento del conjunto social, es una tendencia que se manifiesta desde hace varios meses incluso entre los líderes que han conducido las protestas estudiantiles. No está de más señalar aquí que los primeros en hacerlo fueron Camila Vallejos y Camilo Ballesteros, que determinaron seguir la línea impuesta por su partido; les han seguido en una actitud semejante aunque no idéntica, Gabriel Jackson, fundador del Partido ‘Revolución Democrática’ y Francisco Figueroa y Gabriel Boric , fundadores del movimiento ‘Izquierda Autónoma’, para participar en las contiendas parlamentarias[4]. No lo ha hecho de manera diferente Marco Enríquez-Ominami con su Partido Progresista PRO (y hasta podría llegar a hacerlo Andrés Velasco). La vía de las reformas a través de la institucionalidad parece haberse impuesto; al menos, en las candidaturas presentadas.

El otro hecho es que la generalidad de los programas está íntimamente relacionada con las reivindicaciones planteadas por los movimientos sociales desde la revolución de los pingüinos en adelante, es decir, desde 2006. Queremos decir aquí que los programas de los candidatos no han podido evitar pronunciarse sobre dichas reivindicaciones, sea para apoyarlas o para rechazarlas rotundamente. Lo cual es un índice importante para concluir que las protestas habidas desde 2006 en adelante parecen ser los acontecimientos más relevantes ocurridos en el Chile post dictatorial. Los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles, han determinado el rumbo de la política chilena de los años futuros, y lo seguirán haciendo por un largo tiempo más. Y eso sí constituye una novedad para las elecciones que se avecinan.

Desde este punto de vista, no debe sorprender que esos candidatos, también en mayor o menor medida, contrapongan o adapten sus estrategias a las de los movimientos sociales. No puede extrañar, en consecuencia, que para la generalidad de esos candidatos (especialmente para las abanderadas de la Alianza Por Chile y de Nueva Mayoría, sin perjuicio que en esa misma línea se inscriban los independientes Joscelyn-Holt y Parisi), el principal adversario sea el movimiento social. Y es que los partidos constituyen elementos consubstanciales a la estructura del Estado; son parte del Estado, como también lo es la escena política y el Bloque en el Poder. La Concertación de Partidos Por la Democracia tuvo la oportunidad de liquidar, consciente y deliberadamente, al movimiento estudiantil de los ‘pingüinos’ en 2006 porque era un elemento extraño y disociador dentro de la institucionalidad en la que ella funcionaba. No sucedió de manera diferente con las protestas estudiantiles de 2011, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera trasladó al Parlamento las peticiones que los jóvenes le hacían directamente a él, colocándolos en la disyuntiva de desafiar en su globalidad al sistema democrático. Y si ya así ha sucedido, no tendría por qué no ocurrir de la misma manera en el futuro: el enemigo principal de la escena política es el movimiento social. Esto no debe sorprender. Es parte de la defensa que el sistema hace de su propia estructura. El sometimiento del movimiento social, la cooptación de su dirigencia, la asimilación cultural de los dominados al poder espiritual dominante, no es solamente una tarea del sistema, sino la obligación ineludible que le asiste. Se entiende, así, que frente a la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente algunos sectores (Renovación Nacional y sectores de la Concertación) hayan querido firmar un acuerdo para enviar al Congreso la reforma al sistema binominal y que el presidente de la primera de esas colectividades haya expresado abiertamente que el objetivo de esa reforma era, precisamente, quitar a los movimientos sociales la bandera de la Asamblea Constituyente. Del mismo modo se explican las palabras del dirigente de los gremios empresariales en el Congreso anual de ICARE cuando, al finalizar ese encuentro el 30 de julio, expresó que

“[…]las peticiones de la calle deben ser consideradas, pero no podemos dejar que gobierne la calle”.

POSIBILIDADES QUE TIENEN LOS CANDIDATOS DE ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Los sistemas poseen elementos que son de su esencia y otros que le son accidentales. En el sistema capitalista, son elementos de su esencia (o estructurales) la existencia de compradores y vendedores de fuerza de trabajo. Por consiguiente, cuando se habla de introducir reformas estructurales a su funcionamiento, la referencia implícita es a alterar esa composición. Las posibilidades de alterar la estructura de un sistema empleando las mismas herramientas que el mismo otorga, sin embargo, son mínimas (por no decir nulas), pues no existen sistema con vocación suicida. En el caso chileno, una reforma estructural debería ser efectuada a través del uso de la normatividad heredada de la propia Dictadura. Sin embargo, como ya se ha dicho, la regla general es que todo sistema admita reformas siempre y cuando tales reformas no alteren el contenido de su esencia. Por ende, esta transformación no será posible. Y constituiría un disparate mayor intentar, siquiera, realizarla. De manera que, pasadas las elecciones, el sistema mantendrá su natural estructura de desigualdad.

Un sistema social desigualitario por naturaleza, para poder perseverar en el tiempo, requiere de una estructura coercitiva que garantice su existencia, la que, a su vez, necesita de una normatividad fundamental que organice al conjunto social. La estructura coercitiva es el Estado; la normatividad fundamental, su Constitución. Ambos elementos, puesto que aseguran la mantención de la esencia del sistema, son elementos consustanciales al mismo. Por consiguiente, no desaparecen; aunque se intente reformarlos[5]. En consecuencia, tampoco desaparece la forma interior de su estructura, vale decir, el Bloque en el Poder ni, mucho menos, la existencia de una fracción hegemónica dominante que conduzca a la sociedad en su conjunto. Nos guste o no nos guste.

En seguida, es necesario despedirse de otra circunstancia imposible de realizar: tampoco podrá cambiarse la composición del Bloque en el Poder ni, mucho menos, la conducción hegemónica que ejerce su fracción dominante, hoy la bancaria. Y si alguien pudo creer que alguno de los candidatos tuvo la precaución de advertir a su electorado al respecto, los porfiados hechos nos conducen a  una conclusión por entero antagónica: ninguno lo ha hecho, ninguno deja indicios de querer hacerlo; mucho menos una voluntad explícita orientada en ese sentido.

En tercer lugar, aún cuando existiera esa voluntad y se manifestara de manera explícita, tampoco podrían realizarse dichos cambios con las actuales reglas del juego pues la economía chilena está fuertemente atada a los vaivenes del exterior, y es en ese exterior donde reina sin contrapesos la fracción hegemónica bancaria que, a su vez, mantiene a las que existen en cada una de las formaciones sociales de las naciones sudamericanas.

De lo cual puede deducirse que, si existen posibilidades de robustecer la actividad de algunos sectores de la burguesía industrial criolla, lo más que podría alcanzarse sería lograr un mayor equilibrio entre ésta y la fracción que hoy predomina al interior de esa estructura conduciendo hegemónicamente al conjunto social. Pero lo cierto es que dicha fracción va a seguir imponiendo sin contrapeso sus intereses. Digámoslo más francamente: aún cuando se intentaran reformas de consideración parece difícil que ellas puedan traducir algunas de las más sentidas aspiraciones de los movimientos sociales.

La fracción bancaria, que tiene bajo su mando la conducción del Bloque en el Poder chileno, como en otras formaciones sociales a las cuales se encuentra fuertemente ligada, jamás ha dejado de realizar su interés en todos estos años de democracia en Chile; es ilusorio suponer, también, que pueda existir posibilidad alguna de realizar cambios diferentes a  aquellos intentados por el propio gobierno de Sebastián Piñera[6]. Queremos decir con ello que no es posible efectuar reformas a la conducción hegemónica que mantiene dentro del Bloque en el Poder la fracción bancaria tanto chilena como internacional. Los bancos nacionales, reducidos hoy solamente a seis (Banco de Chile, de propiedad del grupo Luksic; el Banco de Crédito e Inversiones, de propiedad del clan Yarur; el BancoEstado, de propiedad del Estado; el Banco Ripley, del grupo Calderón; el Banco Falabella, del grupo Solari, y el Banco París, del grupo CENCOSUD, como asimismo, los bancos internacionales (Santander, BBVA, Scotiabank, Itaú, Internacional) están preparados para enfrentar las nuevas condiciones que ofrece el panorama político nacional y no se encuentran, en modo alguno, intranquilos. Total, el BancoEstado vuelve a quedar en manos del gobierno de turno; el Banco de Chile pertenece a una familia como la Luksic, ligada a la ex Concertación; y el BCI sigue en poder de los Yarur. No puede suponerse que  CorpBanca, del grupo de Álvaro Saieh, interprete una melodía discordante, a pesar de haber pertenecer a un grupo que, además, posee COPESA, dueña, a su vez, del periódico La Tercera, que apoyó en su momento la candidatura de Laurence Golborne y, posteriormente, de Pablo Longueira. Y es que dicha entidad puede ser afectada por la crisis que experimenta el SMU (Supermercado UNIMARC). Hoy, mantiene un discreto silencio. Así, pues, la fracción bancaria, que hegemoniza el Bloque en el Poder y, en consecuencia, la conducción de la sociedad en su conjunto, parece dispuesta a apoyar a cualquier gobierno que le permita realizar sus negocios; lo hizo con la Concertación y, más tarde, con la Alianza Por Chile; no tendría por qué no hacerlo con la coalición que triunfe o con quien triunfe en los comicios de noviembre. En este mismo orden de cosas, también el Banco París, de propiedad de CENCOSUD que dirige Horst Paulmann[7] parece estar dispuesto a hacerlo.

Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Existen otros hechos que impiden la realización de reformas estructurales al sistema.

LA VOLUNTAD POLÍTICA DE REALIZAR CAMBIOS

El problema mayor que presentan la elecciones de noviembre es que los candidatos que podrían disputar con mayor éxito tales comicios —Matthei y Bachelet— no evidencian deseo alguno en torno a comprometerse con reformas de consideración (no es extraño que así suceda con Matthei, pues representa naturalmente el interés del capital; Bachelet, cuyo discurso es ‘renovador’ eleva al carácter de reformas ‘estructurales’ reivindicaciones que no lo son en absoluto, como la gratuidad de la educación, la reforma tributaria y la reforma a la Constitución pinochetista). La voluntad política de realizar reformas estructurales existe en algunos de los otros candidatos (Enríquez-Ominami, Claude, Sfeir, Ruz, etc.), sin embargo, las posibilidades de un éxito electoral de los mismos se encuentran fuertemente limitadas, aún cuando algunos de ellos cuenten con el apoyo de sectores sociales junto a quienes lucharon, codo a codo, en las protestas.

No deja de ser revelador el hecho que la abanderada de Nueva Mayoría haya mantenido hasta fines de julio un acusador silencio en torno a lo que piensa realizar en materia de derechos laborales. Por supuesto que no existe voluntad alguna de intentar imponer la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas; el trabajador, componente de la producción según la teoría clásica, no recibe del capital un trato diferente al que ésta asigna a la naturaleza, que es la dominación. Y esta concepción es la que prevalece. En el programa de Bachelet, inconcluso aún, tampoco hay referencia a una reforma al Código del Trabajo. Ese es un tema que se encuentra tan fuera de protocolo que el lunes 29 de julio el propio Partido Socialista debió realizar un encuentro de representantes del Comando de la candidata y parlamentarios de ese partido. El objetivo del encuentro, realizado en el Instituto Igualdad —al cual concurrieron en representación del Comando de Michelle Bachelet su vocero Álvaro Elizalde y su asesor en temas internacionales Luis Maira—, fue hacer presente a los primeros la preocupación de todos ellos por

“[…] la ausencia de temas laborales […]”

en el programa de la candidata[8].

Sin embargo, lo más revelador de esta voluntad de no querer hacer cambios o hacerlos ‘en la medida de lo posible’, está constituido a) por expresiones (promesas) que se formularon en cierta oportunidad y que, posteriormente, han ido experimentando modificaciones hasta terminar siendo una caricatura de su original; b) la incorporación a labores de preparación del programa de personajes estrechamente vinculados a intereses económicos de varios de los Grupos que existen en el país, y c) contradicciones entre los propios personeros de la coalición.

a)      Expresiones de la candidata que han sido alteradas.

En su discurso en El Bosque, Bachelet criticó fuertemente ‘la letra chica’ que condena a los consumidores a aceptar todas las condiciones que imponen los grandes almacenes; y sin embargo, para mantener a Alberto Arenas —que empleó su veto contra los dirigentes de CONADECUS—debió nominar a Aldo González y ocultar, de esa manera sus vínculos con ‘Líder’ y LAN, empresas a las que ha servido en contra del interés de los consumidores[9].

Esta duda acerca de la distancia que existe entre su discurso y la práctica ha sido denunciada por Carlos Peña, quien refiriéndose a la candidata recuerda:

“Entre los partidos y la gente, insinuó a su llegada a Chile, hay que escoger a la gente. Un gesto semejante –es fácil recordarlo- tuvo a inicios de su anterior gobierno y ocurrió que la gente, estimulada por la idea de gobierno ciudadano, amenazó con anegar las calles. El resultado fue que terminó gobernando con profesionales de la política, como Pérez Yoma, Viera-Gallo, Bitar. ¿Por qué no ocurrirá lo mismo ahora?”[10].

b)      Incorporación al Comando de personajes de discutible vocación solidaria.

Numerosos de los técnicos que ha llamado la candidata para formar parte de su Comando pertenecen al sector neoliberal de la Concertación; entre otros, Eduardo Engel, economista profundamente contrario al sistema de reparto en las pensiones y defensor de las AFP; Guillermo Larraín, panelista de ‘Estado Nacional’, ex superintendente de AFP que terminó su gestión poniéndose del lado de ellas; René Cortázar, ex director de ‘La Polar’, hombre vinculado a los Matte y a los Luksic, ex presidente de Canal 13, hombre cuyas maniobras han sido denunciadas por el propio ex vicepresidente de la Democracia Cristiana Ricardo Hormazábal en carta enviada a dicha colectividad[11]; Javiera Blanco, ex ejecutiva de una fundación de los Edwards, en fin[12]. La gota que ha rebasado el vaso ha sido la incorporación —reciente, por cierto— de José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, quien ya se había manifestado contrario a conceder la gratuidad en la educación:

“[…] darles gratuidad a todos los estudiantes es partir al revés […]”[13]

Cortázar, por lo demás, está unido a Evelyn Matthei por lazos de amistad, pues no sólo fue compañero de curso del marido de ésta, Jorge Desormeaux, sino testigo de matrimonio de la pareja cuando ésta contrajo nupcias, en 1979[14].

c)       Contradicciones entre personeros de la propia coalición.

Existen numerosos ejemplos, al respecto. No obstante, hemos querido tomar uno de los últimos. Mientras que, por una parte, el ex vocero del Comando, Álvaro Elizalde, refiriéndose a la gratuidad de la educación, a la reforma tributaria y a la dictación de una nueva Constitución, señalaba que

“Las reformas estructurales no van a ser modificadas […]”[15],

el ex ministro de la Concertación, Sergio Bitar, planteaba la necesidad de realizar las transformaciones en forma gradual.

“Ante tantas expectativas, aún con la potencia de Michelle Bachelet y liderazgo que ella tiene, esto puede ser explosivo de aquí a un año. Y podemos tener a todos los cabros en la calle diciendo : Bueno, ¿dónde está la solución de gratuidad?”[16]

¿Es posible, en estas condiciones, cumplir con algunas de las reivindicaciones mínimas planteadas por los movimientos sociales y, en especial, por los estudiantes? No seamos categóricos, pero permítasenos invocar el beneficio de la duda. Como expresa una vieja sentencia, muy en boga en Chile y hoy un tanto olvidada: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’.

No nos hemos referido, aquí, al problema tributario. Y es que el cumplimiento de las reivindicaciones sociales conduce ineluctablemente a la reforma tributaria. Y a la reforma constitucional, lo que implica revisar todas las llamadas ‘leyes orgánicas constitucionales’[17]. La clave para realizar esos cambios parece sencilla. Al menos, en palabras.

CLAVES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS SOCIALES

La vía elegida por la generalidad de los candidatos para realizar los cambios sociales es su ejecución a través de los márgenes establecidos por el mismo sistema. La tarea se reduce a cumplir, pues, los requisitos contenidos en las mismas normas emanadas de la Dictadura.

Con prescindencia de lo que significa aceptar dicha normatividad como ‘legítima’ y regirse por ella, el camino elegido por los candidatos requiere imperiosamente de la concurrencia de dos circunstancias:

a)      Contar con una amplia mayoría social que los apoye y apoye sus propuestas o, lo que es igual, dominar ampliamente en el Parlamento; y,

b)      Contar con la idoneidad y respaldo de dichos candidatos para realizar las reformas propuestas.

Veamos la primera condición, aunque podemos separar en ella las proposiciones tanto de la abanderada de Nueva Mayoría como las planteadas por Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude y Gustavo Ruz, principalmente.

La propuesta de Nueva Mayoría se orienta, fundamentalmente, a obtener tal número de parlamentarios en los comicios que pueda realizar todas las reformas prometidas. De ahí el nombre que identifica a la coalición; de ahí el slogan ‘un parlamento para Michelle’. El resultado de las elecciones primarias realizadas el día 30 de junio pasado y el enorme respaldo obtenido por la candidata Bachelet de los votantes en esos comicios alientan a quienes pretenden tales objetivos. No obstante, creemos nosotros que dicho resultado no permite extraer conclusiones tan apresuradas.

En primer lugar, porque el voto que recibió la abanderada de Nueva Mayoría ese 30 de junio no puede considerarse exclusivamente suyo. Había (y hay) un cansancio con la administración de Sebastián Piñera, un cansancio que evidencian los índices de desaprobación de las encuestas, los índices de popularidad y el profundo rechazo que gran parte de la población manifiesta hacia el gobierno. Porque, como muy bien lo señala un articulista,

“Las elecciones muestran la conformidad o disconformidad de la gestión gubernamental respecto de las expectativas ciudadanas. Como sabemos, lo que finalmente importa de un gobierno para los ciudadanos son sus resultados. Los resultados que la gente ilusiona, a pesar de su frustración reiterada con la política y los políticos. Lo que el gobierno pone en juego cuando da a conocer sus propuestas es su palabra. Palabra que valida con su cumplimiento y el país evalúa por sus resultados. Resultados –como afirmaba C. Matus– es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno”[18].

No debe sorprender, por ende, que algunos analistas estimen el alto porcentaje de votos recibido por la abanderada de Nueva Mayoría no como una manifestación de apoyo a ella y a su coalición sino un voto de rechazo a Piñera y su gobierno. Un voto que le incomode. Lo cual implica suponer, también, que el voto puede tener un objetivo distinto al que corrientemente se le asigna.

“[…]  en las recientes elecciones lo que podemos observar es un proceso de identificación de la protesta –en relación con los resultados del gobierno– con la candidatura que representa Bachelet. El voto a Bachelet es también una respuesta de los que  perciben que ese voto duele a la gestión. De allí que el Voto Bachelet tiene como destinatario al gobierno de Piñera en primer lugar y al oficialismo –Alianza por Chile– en segundo”[19].

En segundo lugar, no se trata de un voto nuevo, de ese voto de esperanza en un futuro mejor que entrega la juventud cuando participa en las elecciones, sino el voto de personas mayores, de personas en gran medida de la tercera edad, y miembros de la antigua militancia de los partidos que conforman la Concertación. Si bien es cierto que el Servicio Electoral SERVEL no sólo ha evitado entregar cifras que avalen esta afirmación sino, además, sostiene que no ha hecho un análisis de la edad de los votantes, la generalidad de las personas que concurrió a los locales de votación sí asegura haber visto un electorado compuesto de personas adultas, adultos mayores vinculados a la vieja Concertación, afirmación que también el televidente pudo constatar con sólo presenciar la información entregada por los diversos canales de Televisión, y concluir que el tipo de sufragante no correspondía al de la juventud. De lo cual puede concluirse que la gran incógnita sigue siendo, de todas maneras, el comportamiento del votante joven, de ese individuo que ha dejado la secundaria y se manifiesta como votante voluntario.

En tercer lugar, puede colegirse de lo dicho que, si se trataba de personas mayores que fueron tanto a mostrar su encono contra Piñera como a apoyar a la candidata de Nueva Mayoría, no puede suponerse por esa circunstancia que las cifras obtenidas ese día aumentarán en el futuro. Con la misma seguridad de quienes sí lo afirman puede sostenerse que se trata de personas que se agotaron en esa votación y que, posiblemente, pueden volver a hacerlo de la misma manera, pero no que se multiplicarán por arte de magia. El acrecentamiento de la votación a Michelle Bachelet puede acontecer; pero nada impide que dicha cifra de votantes pueda, también, mantenerse u oscilar en una cantidad igual o levemente superior a la ya obtenida. No hay que olvidar dos hechos:

a) la presencia de otros candidatos que no sólo ingresan al escenario electoral a medir sus fuerzas sino también van a recibir apoyo de la masa de votantes; y,

b) quienes apoyan las listas de los partidos de la Alianza Por Chile son votantes ‘cómodos’, que no concurren con mucha asiduidad a los locales de votación, como muy bien lo expresa el editorial de un diario capitalino:

“Tal vez el punto de partida sea superar el derrotismo. Hay diez millones de votantes que se abstuvieron en las elecciones del domingo: por cada votante, hay tres que se quedaron en casa. Entre éstos, parecen ser muchos más los que en elecciones anteriores se inclinaron por la Alianza —incluida la municipal de octubre pasado— que los del bloque opositor. Además, parte de los votantes del independiente Andrés Velasco, y quizá del DC Claudio Orrego, pueden no sentirse a gusto en una Nueva Mayoría que parece renegar de la obra de la Concertación”[20].

Así, pues, no es seguro que la elección esté ganada. Por el contrario, la disputa recién empieza.

La segunda condición es más complicada. Dice relación con la estatura moral de los candidatos al Parlamento.

A menudo, no basta tener mayoría en el Congreso para poder realizar cambios estructurales al sistema dentro del cual se vive. El comportamiento de los parlamentarios así lo evidencia. No es extraño que muchos de ellos no concurran a las votaciones en las que está en juego un proyecto de ley y permitan, de esa manera, que fracasen laudables iniciativas. A veces lo hacen por simple desidia; otras, directamente en defensa de intereses particulares. Y es que el Parlamento no es diferente a otras instituciones del Estado en donde los conflictos de interés se manifiestan a cada instante. La Concertación sufrió esta ausencia de parlamentarios en varias de sus ‘votaciones emblemáticas’[21].

La misma selección de los candidatos, al interior de cada colectividad, no se realiza con la diligencia y el esmero que cualquier podría suponer. Predominan los intereses de los diversos sectores que participan dentro de cada partido. Los hechos en que se han visto involucrados ciertos parlamentarios, si bien no invalidan el ejercicio de la democracia, ponen en entredicho la posibilidad de contar con el respaldo de todos los elegidos para proceder a las reformas trascendentales[22].

La última complicación es que la Constitución pinochetista ha sido redactada de tal manera que impide se le introduzcan reformas sin reunir un quórum calificado de parlamentarios. Pertenece a las cartas fundamentales conocidas bajo el nombre de ‘rígidas’ o ‘duras’, es decir, aquellas que exigen una mayoría tal de parlamentarios para reformarla que, prácticamente, resulta imposible hacerlo. En el caso de la Constitución pinochetista, cualquier reforma que se intente deberá reunir mayorías parlamentarias que oscilan entre los dos tercios y los tres quintos del Congreso, lo que resulta casi imposible.

EL PLEBISCITO, ¿UNA POSIBILIDAD?

Obtener una mayoría parlamentaria que posibilite la reforma de la Constitución es una vía para realizar reformas importantes, sin lugar a dudas. Sin embargo, no es la única posible. Existe un medio de consulta establecido en la misma Constitución pinochetista que es el llamado a plebiscito. Este mecanismo también ha sido considerado por los candidatos opositores que interpretan así las disposiciones contenidas en los arts. 32, n° 4; 82, n°4 y 117 de la carta heredada de la Dictadura. Pero realizar esta tarea supone también el respaldo de un amplio movimiento social.

Para la Alianza Por Chile, estos problemas no existen. No está preocupada de cambiar la Constitución, pero sí estaría llana a hacerlo respecto del sistema electoral y otras reformas que perfeccionen el método de extraer plusvalor, lo hagan más eficaz y no desvirtúen la esencia de la forma de acumular. Porque estos personeros, aún cuando no ignoran las demandas sociales, consideran que no es posible acceder a todas ellas sin arriesgar la continuidad del modelo impuesto. Lo cual no les impide alegar su vocación de servicio al servicio de las clases postergadas. Por eso, sus promesas se limitan, más o menos, a lo mismo que prometió la Concertación hace algunas décadas: que las reformas deben ser realizadas en la medida de lo posible. Si así no sucediera, si las contradicciones se extendieran hasta poner en peligro la continuidad del sistema, los poderes encargados de velar por su integridad se verían obligados a implantar un régimen de excepción o dictadura para reordenar, nuevamente, la estructura social con sus estamentos dominantes y dominados.

QUÉ PUEDE SUCEDER

La candidata Matthei no ha sido ratificada aún por el Consejo Nacional de Renovación Nacional como abanderada de la Alianza Por Chile. Es posible que lo sea, como también que no lo sea. Esa circunstancia permanecerá en incógnito hasta el 10 de agosto. No existe certeza de si alguno de los candidatos a Presidente de la República reunirá la cantidad de firmas que exige la ley para presentarse como tal ni se sabe qué ocurrirá con sus votantes para el caso que no lo lograra. No se sabe si los porcentajes de abstención que hubo en las elecciones municipales de 2012 se mantendrán, aumentarán  o disminuirán. No se saben muchas cosas. Incluso, si las disputas al interior de la coalición Nueva Mayoría podrían o no afectar el estado anímico de su candidata[23]. Un articulista se ha atrevido a formular, incluso, la hipotética duda acerca de lo que sucedería si la candidata de Nueva Mayoría declinara a seguir compitiendo[24]. Aún cuando lo más probable sea que triunfe la candidata del pacto Nueva Mayoría, lo cierto es que, en cuanto a las elecciones que se aproximan, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna.

Sin lugar a dudas que la situación de las clases dominadas tenderá a experimentar mejoras en tanto gobiernen organizaciones políticas que se arroguen la representación de sus intereses, especialmente, las tendencias social demócratas; pero ello sólo ocurrirá para el caso de existir buenas oportunidades para el empresariado, lo que, en buen romance, significa que dichos sectores sólo podrán mejorar su estado en la misma forma que lo han hecho a través de la historia: a través de ‘la política del chorreo’, que era la política de Pinochet. Y luego que se hayan producido fuertes demandas por mejoras salariales.

De lo cual se pueden colegir otras circunstancias como, por ejemplo, que el cambio del sistema de votación, de binominal a proporcional, podría constituir, sin lugar a dudas, un adelanto; pero, en términos de reformas, poco o nada resuelve. Tampoco la gratuidad escolar, así, a secas, porque si se le sigue entregando dinero fiscal a quienes son los dueños de los colegios, lo único que habremos logrado es financiar el lucro de unos pocos a costa del dinero de todos los chilenos.

La desconfianza hacia la política y los políticos no ha experimentado variaciones. Y es que, como lo señala un antiguo refrán, “la confianza, al igual que la honra, cuando se pierde, jamás se recupera”. Por eso, algunos mantenemos nuestras dudas acerca de la participación en comicios electorales bajo las actuales condiciones. Porque, ¿es posible creer en un sistema que deja fuera a las minorías y se solaza en otorgar toda clase de franquicias a las grandes coaliciones? ¿Es posible creer en un organismo, como el SERVEL, manejado por personas de dudoso pasado en materia de derechos humanos, donde aparece, con su inscripción electoral vigente, hasta el ex presidente Salvador Allende? ¿Es posible creer en un servicio que declara válida una elección municipal donde las actas de las mesas receptoras de sufragios aparecen, al cabo de unos días, en los contenedores de basura? ¿Es posible creer en candidatos nombrados a dedo por los partidos, vinculados a grandes empresas o a negocios en donde ellos son parte o lo son amigos o familiares suyos?

Sin lugar a dudas es esa desconfianza lo que motiva a muchas personas estimar a la abstención como la vía más adecuada para deslegitimar a una escena política que no representa el interés verdadero de las clases postergadas.

Santiago, 31 de julio de 2013

 

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NOTAS:

[1] Véase, al respecto, de Carlos Peña, “El enfermo público”, ‘El Mercurio’, 21 de julio de 2013, pág. D-15, en donde pueden leerse frases como ésta:

“El rasgo principal de la derecha es que privatiza incluso aquello que, por su naturaleza, es público. ¿Cómo explicar —si no— que la noticia del retiro de Longueira haya sido encomendada a sus hijos?”

[2] A esos partidos hay que agregar un que se ha incorporado últimamente y que se autodenomina ‘Evolución Política’ o EVOPOLI.

[3] Portada de la revista ‘Cambio 21’ correspondiente a la semana entre el 24 y 30 de julio de 2013. La revista ‘The Clinic’ tuvo como portada ‘Carnicería «La Alianza»’, edición del 25 de julio de 2013.

[4] La situación de estos líderes estudiantiles y de sus partidos no ha sido la mejor. Rechazados por la Concertación para obtener cupos parlamentarios, hoy se han volcado a apoyar ciertas candidaturas, entre las cuales se cuenta la de Carlos Montes, un personaje socialista, ex MAPU, cuya discutible trayectoria política describimos en parte dentro de nuestra obra “In Memoriam”.

[5] Esta circunstancia es tan cierta que los clásicos, en un comienzo, debieron recurrir a designar el tipo de organización social para la nueva sociedad de diferentes maneras. Al final, Engels escribió que el mejor nombre para esa estructura no debía ser ‘Estado’ ni ‘Estado proletario’ o ‘Estado de los trabajadores’ sino ‘Gemeinweissen’, es decir, ‘Comunidad’.

[6] Entre otros, un mayor control de la Superintendencia de Bancos sobre las operaciones bancarias, que van desde la concesión de créditos (restricción, en algunos casos, expansión en otros), la emisión de tarjetas y el cobro de comisiones a su clientela.

[7] La fotografía de Horst Paulmann con la abanderada del conglomerado Nueva Mayoría, colocada en el hall de la Torre Cencosud, fue muy comentada y solamente se acallaron las críticas cuando se colocó, junto a la misma, la fotografía del empresario junto a Pablo Longueira, abanderado en ese entonces de la Alianza Por Chile. La empresa encargada de colocar esos carteles señaló que si no había colocado la segunda fotografía en la misma oportunidad que lo hizo con la otra, había sido porque, en ese entonces, no existía aún alguien que representara en esa carrera a la segunda coalición.

[8] Potthoff, A. y Ahumada, M.J.: “Diputados PS plantean inquietud al comando de Bachelet por falta de temas laborales en el programa”, ‘El Mercurio’, 30 de julio de 2013, pág.C-4.

[9] Ortíz, Edison: “El nuevo Comando de Bachelet: del discurso de El Bosque a la tecnocracia y a los fácticos”, ’El Mostrador’, 12 de julio de 2013.

[10] Peña, Carlos: “Tres preguntas a Bachelet”, ‘El Mercurio’, 23 de junio de 2013, pág. D-19.

[11] En una de sus partes, dicha carta expresa:

“René es representante del grupo Luksic, no de los DC. Ha trabajado para ellos en Canal 13, injustamente privatizado por la Iglesia Católica, ha trabajado y, de seguro, lo sigue haciendo para el conglomerado económico más grande de Chile. Ha sido asesor de las AFP y fue elegido por ellas director de La Polar, durante el período en que se estafó a millones de personas. Recibió sólo una multa, como los estafadores de las farmacias, sin la obligación de ir a clases de ética, eso sí”.

[12] Ortíz, Edison: Id. (9).

[13] Sáez Rojas, Alejandro: “El fuerte resquemor que generó el ingreso de Cortázar y De Gregorio a la Nueva Mayoría”, ‘El Mercurio’, 28 de julio de 2013, pág. B-9.

[14] Redacción: “El vínculo que Matthei y Cortázar tienen desde hace más de 30 años”, ‘El Mercurio’, 28 de julio de 2013, pág. D-2.

[15] Ahumada, M.J. y Muñoz, G.:”No va a haber cambios respecto de las reformas estructurales anunciadas”, ‘El Mercurio’, 27 de julio de 2013, pág. C-8.

[16] Franco, Rienzi: “Bitar advierte riesgos ante expectativas de cambios generadas por Bachelet”, ‘El Mercurio’, 27 de julio de 2013, pág. C-9.

[17] Estas denominaciones fueron inventadas por la Dictadura. Una ley es una reglamentación originada en un parlamento, no en un régimen dictatorial. En doctrina, las disposiciones emanadas de un régimen de facto se consideran ‘decretos-leyes’ y así son llamadas, no leyes, denominación que se reserva para la dictación de reglas generales para la comunidad dentro de un régimen democrático.

[18] Moreno, Marco: “Bachelet y el voto protesta contra Piñera”, ‘El Mostrador’, 9 de julio de 2013.

[19] Moreno, Marco: Id. (18).

[20] Editorial: “Atraer al votante”, ‘El Mercurio’, 7 de julio de 2013.

[21] Valenzuela, Esteban y Jofré, René: “La imposible mayoría parlamentaria por la nueva Constitución”, ‘El Mostrador’, 19 de julio de 2013.

[22] El programa ‘Contacto’ de 23 de julio de 2013 dejó al descubierto las maniobras de algunos parlamentarios para ocultar sus vínculos con negocios y/o empresas en las que tienen intereses. Entre esos parlamentarios se citó a Ramón Barros (UDI), Ignacio Urrutia (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Hosain Sabag (DC), Jorge Ulloa (UDI), Clemira Pacheco (PS), Alejandro García-Huidobro (UDI).

[23] Véase, de Edison Ortíz, el artículo “El comando de Michelle y los partidos: preludio de una tormenta”, ‘El Mostrador’, 30 de julio de 2013.

[24] Véase de Claudio Alvarado el artículo “¿Y si se baja Michelle?”, ‘El Mostrador’, 31 de julio de 2013.