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Movilización social y laboral: «¡Así me gusta Chile!» 

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Hacia inicios de diciembre había en Chile decenas de huelgas
legales, un paro nacional de los empleados públicos y más de una movilización
de organizaciones ciudadanas. Un clima social y laboral no registrado durante
más de dos décadas que se expresa, tal vez de un modo paradojal o como un
efecto de ello, en un periodo que las estadísticas establecen de muy bajo
desempleo y de alto crecimiento económico. Pese a las estadísticas, y pese a la
autocomplacencia gubernamental, el clima de expresión social parece
contagiarse, retroalimentarse y reproducirse.

Hacia los primeros días del mes, según información de la Dirección del trabajo,
habían 30 huelgas en curso, las que incluían a casi cinco mil trabajadores.
Entre ellos,  los empleados del Casino
Monticello, con 39 días en huelga, los mineros de Doña Inés de Collahuasi, con
27 días movilizados y los conductores del Metro, que entonces iniciaban su
paro. Entre las tres empresas citadas había casi tres mil trabajadores en
huelga.

Pero la fuerza de la movilización estuvo impulsada aquellos
días por los funcionarios públicos organizados en torno a la Anef, que realizaron un paro
nacional con una muy alta convocatoria y marchas masivas en las principales
ciudades no observadas durante la última o las dos últimas décadas. La
manifestación del miércoles 1 de diciembre en Valparaíso convocó, según
informaron carabineros, a cerca de treinta mil personas, números desconocidos
durante todos los años de la transición. Una presión inédita que tuvo también
efectos inéditos en la Cámara
al rechazar la propuesta de reajuste del gobierno, que en esos momentos
alcanzaba un 4,2 por ciento.

Son numerosas y complejas las razones de la creciente
ebullición laboral y social, la que se extendía en aquellos días a la
movilización de los comuneros de la localidad de Caimanes, entonces en huelga
de hambre por 68 días contra minera Los Pelambres por el riesgo de desborde de
los relaves de desechos mineros. En otras áreas, hacia finales de noviembre
hubo una protesta nacional contra el proyecto hidroeléctrico de la Patagonia Hidroaysén,
manifestaciones en varias comunas del país de padres y apoderados por el cierre
de escuelas de educación municipalizada y marchas en las regiones más afectadas
por el pasado terremoto y maremoto por el lento proceso de reconstrucción y el
fin de los planes de empleos de emergencia. 
Durante los primeros días de diciembre, un paro de las funcionarias de
Integra y el violento desalojo, con numerosos heridos, de un terreno en Rapa
Nui volvieron a ocupar las portadas de los periódicos. Hacia el futuro, el
anuncio del gobierno de poner en marcha a partir de enero del Bono Auge ha sido
interpretado como un nuevo paso hacia la privatización de la Salud,  lo que ha puesto en alerta a los gremios del
sector.

¿Auge económico?
El floreciente clima de ebullición social sucede en un
momento de auge económico, fenómeno que explicaría en parte y sólo las
protestas encauzadas como reivindicaciones salariales. El paro de la Anef, Collahuasi, los
trabajadores de Monticello y también del Metro se han movilizado para lograr
una mejor distribución de las ganancias de sus empleadores. Raúl de la Puente, presidente de la Anef, defendió un reajuste
superior a un cinco por ciento porque, dijo, "si hay crecimiento económico de
seis o siete por ciento, los trabajadores debemos ser partícipes de ello". Esta
misma intención se desprende de la movilización de los mineros de Collahuasi,
empresa de las trasnacionales AngloAmerican, Xstrata y Mitsui que tuvo
ganancias el 2009 por más de 1.500 millones de dólares y que este año, también
con un alto precio del cobre, las mantendrá.

Al observar las dos últimas décadas, es posible establecer
esta relación entre número de huelgas y crecimiento económico. Los primeros
años de la década de los noventas del siglo pasado se registraron los mayores
índices de movilizaciones sindicales, con un récord histórico de 247 huelgas en
1992, seguido por 224 en 1993, años que registraron tasas también históricas de
crecimiento del producto. Recordemos que durante aquella década la economía
chilena creció a una tasa promedio anual superior al siete por ciento, lo que
llevó a gobernantes y oficiantes del libre mercado a hablar del "jaguar
latinoamericano" y a vaticinar sin temor al ridículo el salto al desarrollo en
pocos años más. Volver a oír casi veinte años más tarde el mismo anuncio y bajo
las mismas políticas económicas no es más que una nueva versión de un mal
chiste para las organizaciones de trabajadores.

Los menores índices de huelgas, según estadísticas de la Dirección del Trabajo,
estuvieron durante los más bajos periodos económicos. Tras la crisis asiática,
desatada a partir de 1998 y extendida durante los años siguientes, las huelgas
en Chile bajaron a 121 en 1999, se mantuvieron en 125 el 2000 para caer a un
mínimo de 86 el 2001.

Pero durante esta última década sucede un fenómeno
particular. Esta relación entre demanda salarial y crecimiento económico parece
romperse, lo que sugiere otro tipo de interpretaciones al observar otras
variables. Durante la segunda mitad de la década pasada se inicia un proceso de
activación de las demandas salariales, las que van a la par de un mayor
crecimiento de la economía. A partir del 2005 la economía chilena, arrastrada
por las diversas contingencias mundiales, fue reduciendo su tasa de expansión,
para alcanzar el 2008 un escaso crecimiento del 3,7 por ciento hasta caer más
de un punto el 2009. Durante ese periodo el número de huelgas por año pasó
desde 101 el 2005 a
171 el 2009, lo que contradice el axioma que relaciona el número de huelgas con
un alto crecimiento del producto.

El factor inequidad
Hay otros elementos para incorporar en esta interpretación.
Desde la mitad de la década pasada el modelo económico chileno basado en la
desregulación y apertura de todos los mercados comenzó a dar evidentes muestras
de concentración. La riqueza creada, que ha sido a raudales, implantó en Chile
una de las peores estructuras de distribución de la riqueza en el mundo, lo que
se expresa diariamente al interior de las empresas al observar, por un lado,
las enormes utilidades (como la mencionada de Collahuasi y muchas otras) y las
condiciones laborales y salariales de sus trabajadores. En un sector como el
retail, que lidera los niveles de ganancias y cuyas empresas se han encumbrado
entre las primeras sociedades anónimas no sólo de Chile sino de Latinoamérica,
el sueldo promedio de un vendedor con jornada completa se ubica en torno a los
350 mil pesos, en tanto en la banca, otro de los sectores que destaca por sus
altas utilidades, los cajeros reciben salarios similares. La reciente huelga de
los trabajadores de Farmacias Ahumada dejó al descubierto condiciones laborales
que lindan la obscenidad.

Los actuales anuncios complacientes del gobierno y de todo
el establishment económico transparentan una realidad que hoy todos los
trabajadores chilenos pueden ver con nítida claridad: la utopía neoliberal, que
hoy funciona a toda máquina, ya está manifestada y es nuestra actual realidad.
La utopía neoliberal está aquí. Es riqueza a raudales, pero extremadamente mal
distribuida.

Con una tasa de desempleo en torno al siete por ciento y
celebrada por algunos oficiantes del mercado como "virtual pleno empleo", con
la celebración pública por la creación de 300 mil nuevos empleos este año, con
una expansión del consumo histórica y una tasa de crecimiento del producto
superior al cinco por ciento, que se elevará al seis por ciento el año
entrante, los administradores económicos no ocultan su satisfacción. Porque el
objetivo ya está cumplido, el que no se expresa en los salarios de los
trabajadores sino en las impúdicas utilidades de las grandes corporaciones. La
mantención de los equilibrios macroeconómicos, la cautela en las demandas
salariales, la permanente compresión del salario mínimo y otras consignas de la
gestión empresarial es hoy para los trabajadores simple retórica que apunta a
mantener un statu quo que favorece los altos dividendos de los accionistas de
esas corporaciones.

Las ganancias corporativas durante el año corroboran esta
percepción de los trabajadores. La banca obtuvo durante los primeros cinco
meses del año utilidades por 690 mil millones de pesos (casi 1.500 millones de
dólares), lo que representó un aumento interanual del 53 por ciento, en tanto
el conjunto de las sociedades anónimas elevó sus ganancias en un 40 por ciento
al primer semestre. La estatal Codelco, lo que da una referencia de los
ingresos fiscales, ganó más de dos mil millones de dólares durante los primeros
seis meses del año en curso.

La percepción es de un proyecto económico bien instalado y
consolidado, en el cual los trabajadores son los invitados de piedra. La
presión por mayores demandas apunta simplemente, como fue una tendencia
histórica mundial durante los años de alto crecimiento económico de la segunda
mitad del siglo pasado, a buscar una mayor participación en la generación de
tanta riqueza. Una mejor distribución del ingreso, también lo demuestra la
historia, sólo se ha conseguido por esta vía. En Chile, a la vista de la
encuesta Casen, quedan enormes distancias que acortar, las que no las
replegarán las políticas públicas inspiradas en un concepto de Estado
asistencial subsidiario adosado a un modelo de libre mercado.

El creciente clima de ebullición social no queda acotado a
las movilizaciones laborales. Porque aun cuando ha aumentado durante los
últimos años la tasa de sindicalización, la población activa organizada en
sindicatos es muy baja: sólo un 12,5 por ciento. Quienes pueden canalizar sus
demandas a través de esta vía legal son una mínima proporción de los
asalariados. La alta cantidad de empleos precarios e informales, la misma
flexibilización de los contratos y las jornadas y los obstáculos aplicados por
los empleadores para evitar la sindicalización fuerzan otras vías de escape para
la expresión de las demandas, las que tampoco están limitadas a las salariales.
El poder ubicuo de la gran empresa se expresa hoy en prácticamente todos los
ámbitos sociales, estrellándose en todas direcciones con la ciudadanía. El caso
de Caimanes, de Rapa Nui, de Hidroaysén y, por cierto, del pueblo mapuche, son
ejemplos muy claros de la reacción de la comunidad ante la búsqueda de nuevos
negocios por las grandes corporaciones. La aplanadora del libre mercado, que
durante década pasó por encima de los intereses ciudadanos, hoy, finalmente, se
halla ante múltiples obstáculos. Una percepción de alerta ha despertado a los
trabajadores y a la comunidad organizada.

El gobierno y el empresariado observan con temor la
negociación con la Anef
como el modelo que seguirán los trabajadores del sector privado para organizar
sus futuras demandas. Pero estas reivindicaciones tendrían que superar
ampliamente los dos dígitos para comenzar a poner en problemas la rentabilidad
del sector privado chileno, que aumenta, como vemos en el caso de la banca, a
una tasa de más del 50 por ciento anual.

Con estas diferencias sobre las tasas de ganancias, las que
van en su totalidad a los bolsillos de los accionistas, la inequidad en la
distribución de la riqueza es un efecto natural de las políticas económicas.
Mientras este nivel de ganancia la banca y otras corporaciones la ha mantenido
durante unos veinte años en tanto regatea aumentos salariales del uno o dos por
ciento, el resultado es uno de los países más injustos del planeta. El camino
para torcer esta tendencia no está en las políticas gubernamentales, sino está
en la calle, en la organización y movilización social.
miércoles, 15 de diciembre de 2010

*Fuente: El
Clarín

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