Chile: La criminalización del conflicto mapuche

La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos
mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las
autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto
de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las
organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la
autoridad son justas y legitimas:

1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes
político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada
que incluye la tortura;

2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y
cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones
ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por
la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;

3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los
crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora
acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos
civiles y militares a un mismo preso;

4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y

5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.

Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos
años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder
a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida
en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el
Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática
del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia
más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo
violento.

Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de
hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros
sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del
país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un
vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que
asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los
familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se
encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos.
Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus
derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación
de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y
por organismos internacionales de Derechos Humanos.

El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”

La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el
gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a
fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres
camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre
una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de
Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su
pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a
sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la
Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos
recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la
Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley
Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen
dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que
sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan
en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes
vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las
acciones “perpetradas” por los comuneros.

A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de
protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas
localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron
inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado,
las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y
por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad
contratados por las empresas. En la Región de la Araucanía se
desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre
las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las
empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de
propiedad sobre dichas tierras.

Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes
integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que
quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran
mayoría son integrantes de esta etnia. La tensión generada por estos
asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a
declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por
las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a
empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de
dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que
la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como
causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar,
lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de
cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de
personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga
puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida
por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo,
puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una
manifestación.

Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado
chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo
Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna
capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio.
Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de
manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos
hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también
porque no han sido consultados previamente respecto a estos
emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y
el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al
progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo
de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los
ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto,
difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las
comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos
realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales
negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia
supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos
recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas
públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de
recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la
proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente
demanda por bienes y servicios.

A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se
encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las
manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son
tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina
justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de
la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la
atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades
Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno
debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y
espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a
las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras
ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore
la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor
desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza,
necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de
años de historia…”.

En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle
Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades
habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y
que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta
previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en
territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e
incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que
aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo
que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las
acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet
solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un
componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir
una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad,
nacionalidad y autonomía.

Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche
ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos
empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado
en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con
la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización
de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las
demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de
algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para
cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática
mínima.

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

Notas
(1) Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de
manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de
bosques, etc.) se encuentra en los diversos números de la revista del
Observatorio Social de América Latina, publicada por CLACSO o en los
diversos documentos del Observatorio de Conflictos Ambientales editados
por la Casa de la Paz.

(2) Existen tres sucesos de graves consecuencias que han acaparado la
atención de la opinión pública nacional e internacional. La primera fue
el asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que
recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros
mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de
tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal
Mininco, en las proximidades de Angol. A comienzos del 2008, el 3 de
enero, murió a causa de una herida de bala disparada por la Policía, el
joven activista Matías Catrileo (22 años). Otro caso que provocó gran
consternación fue el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24
años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de
un fundo agrícola en Angol.

23/08/2010

– El autor es sociólogo chileno, Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL).