Inmigración peruana en Chile y la vivienda

Con el reciente terremoto en Chile, se ha desnudado la vulnerabilidad de un sector de inmigrantes peruanos que viven en el centro de Santiago y sus comunas adyacentes al norte y el poniente. Informes oficiales dan cuenta de una joven madre peruana y su bebé que murieron aplastados por los muros de las viejas casas que suelen alquilar estos segmentos precarios de la inmigración, así como de 500 otros inmigrantes que han quedado sin vivienda. Se trata del “hilo más delgado”, en precariedad socioeconómica, de los cerca de 100.000 inmigrantes peruanos que residen en la ciudad capital.
 
Un caso paradigmático, donde se cruzan y atan estas hebras difíciles de los procesos sociales migratorios, es el barrio inmigrante, mayoritariamente peruano, de Juárez Larga en la comuna de Recoleta en Santiago de Chile. Una calle larga, entre dos avenidas principales, en una comuna popular adyacente por el norte al centro de la ciudad capital. 5 grandes y antiguas casas; donde habitan 53 núcleos familiares; con 157 habitantes, mujeres, hombres, niños y niñas, venidos principalmente de Perú. Protagonistas de encuentros y desencuentros con la sociedad receptora chilena y la sociedad peruana de origen. Caracterizados por la precariedad, el conflicto, el riesgo y la vulnerabilidad social.
 
Allí, de manera inédita y pionera, se realizó una intervención psicosocial de carácter integral, multidimensional y transdisciplinario, a lo largo de dos años, aunando esfuerzos y experticias de al menos una docena de entidades públicas de Chile y Perú, y civiles, especialmente de los propios migrantes, y que tuvo a la propia comunidad como protagonista colectivo, reflexivo y autónomo, de su propia transformación.
 
Las circunstancias que la gatillaron e hicieron posible, sus aprendizajes, resultados, alcances y limitaciones, sus diversas dimensiones, participantes y protagonistas; en suma, las voces plurales y la sistematización de esa experiencia, fueron reunidos en una publicación de varios autores que será presentada en los próximos meses.[1]
 
Parte de las múltiples dimensiones tratadas tuvieron relación con la vivienda, elemento que hoy aparece críticamente crucial en la tragedia. Entregamos aquí algunas breves notas de aquella publicación, hoy altamente pertinentes por estar referidas justamente a la vivienda, con la intención de contribuir a una reflexión constructiva de esta problemática, con la esperanza y la convicción de que la integración es imprescindible, deseable y perfectamente posible.  
  
 
Juárez Larga, un campo de aprendizajes pertinentes
Viviana Mellado S.[2]
 
Al hablar de los migrantes de la calle Juárez Larga debemos traer a la imagen un conjunto de viviendas antiguas, en un barrio periférico con algunas instalaciones prefabricadas o en proceso de derribo, donde almacenes o locales han sido utilizados como viviendas. Allí viven las cerca de 160 personas participantes en el  proyecto de intervención motivo de esta publicación.
 
Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la intervención realizada a esta comunidad le ha brindado un espacio para acercarse, desde la realidad del día a día, a los problemas que viven muchos de los migrantes que vienen en busca de mejores oportunidades a Chile. La experiencia de acompañar este trabajo de campo permitió el rescate de los testimonios de niños, niñas, mujeres y hombres migrantes y ponerle rostro a quienes son los protagonistas de las experiencias.
 
Uno de los ámbitos de acción de OIM tiene relación con el apoyo técnico en el tema migratorio. Dicho apoyo se materializa en ámbitos relacionados con la formación en temas migratorios, a través de capacitaciones a los distintos organismos que la solicitan. Es aquí donde la experiencia en terreno que ha demandado este proyecto ha facilitado un espacio para constatar, en la práctica, las problemáticas derivadas del hacinamiento, las malas condiciones laborales, la situación migratoria irregular, los riesgos de las viviendas, los problemas de convivencia entre los vecinos, los problemas emocionales producto de la distancia con los hijos, los problemas de los niños en las escuelas, que deben enfrentar muchos migrantes. Constatar estas realidades ha suscitado un campo de conocimientos y aprendizajes que OIM ha revelado y compartido en las capacitaciones realizadas a funcionarios de gobierno, academia y sociedad civil.
 
La vivienda es el espacio en el que destinamos una parte importante de nuestro tiempo, es aquel del que tenemos más dependencia, pues es el lugar que nos debiera proporcionar abrigo, privacidad y, en general, bienestar. Pero la vivienda también se puede convertir en un elemento de aislamiento, inseguridad o malestar. Como se puede apreciar en los migrantes de la calle Juárez Larga, la vida cotidiana sufre varias dificultades y conflictos que trastocan el día a día. Quienes viven allí deben compartir entre 6 familias un baño, cocina, espacio para colgar la ropa, además de compartir los espacios personales y la pérdida de intimidad. Sin embargo, se pudo apreciar que en todas las viviendas, por más pequeñas que fuesen, cada familia las intentaba dotar de significados personales a través de la decoración, fotos, recuerdos del país, etc.
 
Muchos de los migrantes que allí viven, sobre todo mujeres, no alojan durante la semana en los lugares que arriendan, sólo llegan los fines de semana o sólo los domingos. Esta inestabilidad en el uso de la vivienda no favorece la integración con el entorno, más bien, es un obstáculo para el reconocimiento social como vecino y la auto identificación personal con la vivienda y con el barrio, situación que va generando un estado de inseguridad personal y marginalidad en los migrantes. Es fácil entonces, bajo estas condiciones, que las relaciones sociales se vayan deteriorando, que aparezcan los conflictos, con los vecinos de su misma nacionalidad o con los vecinos chilenos, las relaciones con estos últimos se encuentran rodeadas de desconfianza y rechazo. Las quejas que se reciben de sus vecinos chilenos son consideradas  basadas en prejuicios, sienten que se les juzga por ser migrantes y no por sus conductas.
 
Si nos remontamos a las primeras décadas del siglo XX una parte importante de la población migrante rural pobre de Chile, que venía a la capital en busca de mejores oportunidades, se ubicó en el centro de la ciudad, ocupando las antiguas casonas de los sectores acomodados, los que fueron subdividiéndose para dar espacio a más habitantes, asimismo, los “cités” y conventillos construidos originalmente para sectores medios y de escasos recursos fueron sobre poblándose de manera progresiva. La historia evidencia que en estos espacios también se vivieron problemáticas similares a las que hoy deben vivir los migrantes de la calle Juárez Larga, problemas de convivencia, violencia intrafamiliar, problemas entre vecinos, todas problemáticas atribuidas a las condiciones de hacinamiento y exclusión social.
 
La intervención tuvo enormes desafíos, dentro de ellos lograr la confianza de los y las  migrantes para que colaboraran con el proyecto y lo visualizaran como un trabajo que les abriría oportunidades de mejorar su calidad de vida. En un primer momento muchas de las familias mostraban desconfianza e incredulidad, conductas asentadas en el discurso de los medios de comunicación, que mostraban y asociaban a los migrantes sólo con conductas conflictivas y violentas, contribuyendo de esta manera a la generación de una imagen social negativa de la inmigración.
 
“…los periodistas vienen ofreciéndonos cosas y después nos dejan mal, aquí cerca entrevistaron a una señora peruana y lo único que se mostró era la pobreza en la que vivimos y que le molesta a los chilenos, nada más…” (Mary, 36 años).
 
El trabajo con cada una de las familias permitió ir ganando espacios de confianza, donde se pudieron detectar y desarrollar los liderazgos naturales que iban apareciendo, liderazgos que fueron clave para movilizar y motivar a los demás. Cuestiones que parecen insignificantes a primera vista, tales como llegar a acuerdos (entre seis familias que comparten una misma vivienda) sobre aspectos relativos a tareas comunes, como la limpieza y el orden, uso y mantención de baño, acordar horarios de fiestas, son los problemas de convivencia que aparecieron  con más frecuencia y peso en  las entrevistas.
 
El acuerdo en estas acciones permitió una mejoría tanto en la relación con los que comparten la casa, como en la relación con sus vecinos. A lo largo de la intervención, se pudo advertir como los migrantes iban tomando iniciativa y participación en diversos temas (regularizar su situación migratoria, buscar ayuda directa en el caso de las mujeres que vivían violencia por parte de sus parejas, postulaciones al subsidio habitacional, etc.). Estos cambios fueron posibles gracias a que los migrantes tuvieron acceso a la información, cuestión esencial, dado que la experiencia de este proyecto pudo identificar que la entrega de información, por si misma, no produce efectos, si no se consideran los aspectos subjetivos y la cultura de los migrantes. 
 
En el trabajo directo, aparecieron problemáticas que no habían sido consideradas en el diseño del proyecto, es así como, nos encontramos con dificultades vinculadas a los niños migrantes, la presencia de éstos en las viviendas suele ser fuente de tensión y conflictos entre las distintas unidades familiares. Las condiciones de las viviendas dificultan el desarrollo de los niños, para ellos los límites entre el espacio de uno y otro, en una misma casa, es de difícil comprensión. Las posibilidades de que los padres establezcan hábitos se tornan nulas, en general van a la escuela luego regresan y tienen que hacerse cargo de las labores parentales (cuidando a hermanos menores) y domésticas, ya que sus padres están trabajando. En este contexto, se decide realizar una actividad comunitaria (celebración de la navidad en el espacio público) que brindó una oportunidad para que las familias se unieran y se apropiaran de este espacio. Esta actividad permitió visualizar cómo el proceso de intervención facilitó que los y las migrantes descubrieran sus capacidades de gestión, organización, de llegar a acuerdos y de su capacidad para cooperar con otros.
 
Uno de los aprendizajes que ha dejado está actividad se refiere a que la constitución de grupos de apoyo mutuo conformados por migrantes, que se unen para compartir sus experiencias y sostenerse mutuamente, son uno de los pilares básicos para la intervención. Es importante para el éxito de este tipo de intervenciones, el abordaje integral, cercano, que considere su cultura, que incorpore los aspectos de la identidad, así como las dificultades y limitaciones (horarios, tiempos, resistencias, desconfianzas) de los migrantes. Es beneficioso encausar las acciones de intervención hacia la reconstrucción de un proyecto de vida y a la rehabilitación de los grupos y personas en un proceso digno y participativo, y lo más importante, que se desarrolle en un espacio social y colectivo, nunca como individuos aislados de sus contextos mediatos e inmediatos.
 
El diagnóstico
Carolina Huatay & Ricardo Jiménez [3]
 
Logradas las condiciones y bases mínimas necesarias para la intervención, se procedió a realizar una Encuesta de Diagnóstico de situación social y psicológica de cada una de las familias. Tarea imprescindible para afinar al detalle la comprensión sistemática de los problemas a abordar, en las exactas formas y dimensiones en que operaban en la práctica, más allá de las intuiciones y datos de entrada. 
 
Para ello, se dedicaron ocho semanas a una encuesta lo suficientemente exhaustiva a cada una de las 53 familias y habitantes de la comunidad. Esencialmente, se trataba de encontrar pistas acabadas de las causas de las manifestaciones conductuales problemáticas y de las potencialidades para su superación.
 
En la ocasión, como pocas veces, se pudo elaborar y aplicar la encuesta con elevados niveles de recaudos metodológicos, dados las experticias y familiaridades profundas del equipo con los sujetos encuestados y un diseño y metodología de encuesta que permitía corroborar y comparar los datos obtenidos, más allá de lo meramente declarado por los encuestados, confirmándose en el ejercicio varias de las intuiciones y reflexiones a este respecto en relación con la tendencia de los inmigrantes de perfiles más discriminados a re elaborar sus datos e identidad como estrategia de inserción en los perfiles más valorados por el sentido común hegemónico. 
 
Ello permitió, simultáneamente, enriquecer nuestro conocimiento y reflexión sobre este tipo específico de comunidades; orientar muy eficientemente las siguientes líneas de acción de la intervención; y evaluar los resultados de la misma, al comparar estos resultados de encuesta iniciales con otros medidos al final de la intervención.
 
Durante dos meses, gradualmente, casa por casa, familia por familia, se aplicó rigurosamente la encuesta, sobre la base de las confianzas generadas desde el inicio del proceso y contando ya con algunos líderes naturales de la propia comunidad, tres mujeres y un hombre jóvenes, como soportes facilitadotes.
 
La enormidad de los datos obtenidos, su registro sistemático y su análisis útil estuvo a cargo de profesionales del equipo con dilatada experticia en la temática, e incluyó en todo momento la retroalimentación a través de diálogos críticos con todo el equipo y con los propios habitantes de la comunidad.
 
Sobre la Vivienda
La situación socioeconómica, tanto en sus dimensiones material como simbólico-cultural, revelada en la encuesta, muestra para esta comunidad coincidencias de entrada con las caracterizaciones generales oficiales para esta inmigración en general.
 
En primer lugar, no la única, ni necesariamente la más importante, pero sí una de las más incidentes en la calidad de vida personal, familiar y comunitaria, está la dimensión habitacional, la vivienda. La encuesta se realizó en las cinco casas grandes, ubicadas en la calle Juárez Larga, que da nombre a este barrio / comunidad. 
 
Se registraron 157 personas en total, habitando 5 casas con un total de 53 piezas (núcleos habitacionales / familiares). Con un promedio de 2.9 habitantes por pieza; la que más tiene con 5 y la que menos con 1. Existen en total 9 baños, con un promedio de 17.1 habitantes por baño. Contando la casa con más altos índices de densidad habitacional con 56 habitantes en 21 piezas y 2 baños.
 
Se trata en el caso de estas 5 casas de recintos antiguos, con forma de galpones alargados hacia atrás, que combinan pequeños patios interiores con pasillos subdivididos en piezas. El material de división de las 56 piezas es predominantemente liviano. Sólo 7 están divididas por concreto, 17 por madera, 19 por paneles de material liviano (trupan, plumavit, etc.), y 10 sólo por una cortina de tela. 
 
Se trata de uno de los muchos “bolsones” de precariedad habitacional inmigrante, con alta incidencia de hacinamiento habitacional, existentes en Santiago, que ciertos medios de comunicación masivos han destacado crecientemente.
 
Las razones para habitar estas viviendas son diversas, y casi siempre varias de ellas actúan conjunta y complejamente. La necesidad de ahorrar para enviar remesas de dinero a los familiares en el país de origen; para acceder al consumo de productos considerados como acceso a la “modernidad”, tales como televisores, equipos computacionales o teléfonos celulares de última generación; o para juntar dinero con el fin de viajar de visita o definitivamente al país de origen, montar un negocio o pagar una deuda; debido al ciclo de evasión recreativa (baile, consumo de alcohol, etc.) que consume sus ingresos los fines de semana; porque aún no estabilizan residencia por estar recién llegados o estar aún “probando suerte”, cavilando si se quedan en Chile, continúan hacia otro destino percibido con mayores oportunidades, o regresan definitivamente al país de origen.
 
Asimismo, se confirma para el caso de esta comunidad, la afirmación generalizada de que los inmigrantes vienen a ocupar espacios urbanos que la población local ha “abandonado” previamente, reactivando con su residencia un nuevo y especifico nicho de mercado de alquileres en estas zonas (además de comerciales, especialmente gastronómicos y de comunicación). Es el caso de la comuna de Recoleta, donde la población decrece a partir de 1992, alcanzando entre ese año y el censo nacional de 2002 una pérdida total de población de alrededor de 10% (con 164.767 habitantes en 1992 y 148.220 en 2002). Proceso de abandono de la población que incluye además de la comuna de Recoleta a otras 17 de las 32 que conforman la provincia de Santiago, especialmente las del centro y zonas adyacentes al mismo; y con el cual interactúa la nueva ocupación inmigrante de los mismos que, aunque significativa y sostenida en los últimos años, no logra revertir la tendencia regresiva general de población.
 
En muchos casos, este nicho de mercado de alquileres interactúa con las específicas vulnerabilidades de precariedad e inmigración de estas comunidades, estableciendo modalidades de sub arriendo (por parte de sub arrendadores peruanos y chilenos) engañosas, abusivas y peligrosas, por el hacinamiento, la falta de higiene y seguridad, deficientes instalaciones eléctricas, escasos baños, falta de normas de uso de las instalaciones, convivencia, etc.
 
Cabe señalar también que se trata en general de una zona de la comuna caracterizado en general, más allá de las comunidades inmigrantes, por residir en ella sectores precarios, considerándose oficialmente como predominante el sector socioeconómico “D”, correspondiente al estrato general de “clase baja” o “pobres”.[4] Asimismo, Recoleta representa la unidad administrativa territorial más poblada y la segunda con mayor densidad demográfica (sólo superada por Conchalí) de las cinco (Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quilicura) que integran la zona norte de la provincia de Santiago. Según el Censo Nacional del año 2002, se trata de 148.220 habitantes agrupados en 39.987 hogares, todos urbanos, un promedio de 3.7 personas hogar.[5] La comunidad de Juárez Larga, aparece por debajo de ese promedio con un 2.9%, pero donde se identifica el hogar con una pieza que en promedio tiene 4m. Si se calcula el promedio considerando las casas como hogar, éste se eleva muy por encima del comunal a 31.4 habitantes por hogar.
 
Esos contextos y esas características habitacionales aparecen como fuertes facilitantes del deterioro de la calidad de vida personal, familiar, comunitaria y vecinal, en múltiples aspectos. Así lo constatábamos ya en un trabajo del año 2007, justamente para la zona norte de Santiago: “Allí viven niñas como Nelly, de 7 años, cuya madre, Mary, es vendedora ambulante de canchita, siempre huyendo de la policía para no ser detenida por esta actividad. Nelly es la primera estudiante de su salón, aunque en la pieza donde vive hacinada con su madre no hay espacio ni condiciones para estudiar por lo que estudia en las mesas de comida rápida de un mall en el centro de Santiago, cuando no están ocupadas y cuando no hay algún empleado al que se le ocurre echarla del lugar. O como Anita, de 8 años, que aunque llegó de dos años a Santiago, nunca ha salido del barrio donde vive y estudia en la comuna de Independencia y del sector del centro de la ciudad donde trabajan sus padres, ambos ocupados mayoritariamente por peruanos; nunca ha ido a un cine, ni conoce el zoológico, por ejemplo”.[6]
 
Durante el desarrollo de la intervención, esto fue identificado y reflexionado personal y colectivamente por los habitantes de la comunidad, en especial y no sin retrocesos y dificultades, se logró establecer acuerdos de convivencia y uso de las instalaciones y espacios habitacionales, reglas del juego para evitar ruidos molestos, falta de higiene o peligros diversos, especialmente para los niños. Al principio con los líderes naturales más involucrados y decididos a mejorar las condiciones, lenta y gradualmente con todos, se fue estableciendo como sentido común hegemónico el encarar y resolver los problemas habitacionales (entre otros) colectiva y reflexivamente. Aunque al inicio la demanda de mediación al equipo de la intervención, especialmente a la Directora , era constante, finalmente, fue la propia comunidad la que desarrolló la costumbre de discutir los problemas, establecer reglas y modificarlas de acuerdo a eficiencia en mejorar la convivencia. A ello contribuyó una campaña de afiches y volantes, diseñados especialmente para la intervención, y focalizada únicamente en la comunidad, donde se entregaba, en códigos culturales pertinentes y de manera pedagógica, mensajes sobre mejoramiento de conductas de aseo, higiene, y en general compromiso con el uso y cuidado del espacio familiar, comunitario, vecinal y público.
 
De ese modo, se compraron botes para la basura y se fijó una cuota mensual colectiva para comprar artículos de aseo, estableciendo turnos para el aseo de los espacios comunes, especialmente los baños; acuerdos para destinar esos espacios a ciertas funciones; para mantener el orden y la seguridad; especialmente para el horario de actividades recreativas que incluyeran la ingesta de alcohol (principal causa de los problemas intra comunitarios y con los vecinos chilenos); y una mayor comprensión y manejo de los juegos de los niños, que no reconocen fácilmente los límites de espacios habitacionales. Una medida destacable, por el compromiso y responsabilidad colectiva que involucra, fue la decisión tomada en una de las casas de destinar exclusivamente uno de los baños para las dos familias con niños, y dejar los otros dos para las 10 familias restantes. Conjuntamente, se procedió a hacer más sólidas todas las divisiones de piezas.
 
Y la más importante de las medidas, desde el punto de vista de la mentalidad de promoción y de la proyección sustentable que involucra, es la postulación al subsidio habitacional estatal para adquirir la vivienda propia.[7] De acuerdo a los requisitos de postulación, el inmigrante sólo debe contar con Cédula de Identidad chilena, además de otras condiciones generales: tener 18 años de edad o más, no tener un subsidio anterior u otra postulación actual suya o de cónyuge, no ser propietario de vivienda, y contar con un depósito mínimo de ahorro.
 
Mientras al inicio de la intervención, en julio del año 2007, ninguna de los 53 núcleos habitacional / familiares (por pieza) era postulante y casi la totalidad ignoraba cómo postular al mismo o no era de su interés informarse, 8 núcleos familiares eran postulantes al finalizar la intervención dos años más tarde; de ellos, 1 ya había obtenido su casa propia hacia fines de año 2009, los otros 7 mantenían su postulación; y otros 11 esperaban y hacían esfuerzos para cumplir los requisitos y postular.
 
Finalmente, dentro de las limitaciones de la intervención, cabe señalar que en 2 de las 5 casas, las medidas de compra colectiva de útiles de aseo no se hicieron permanentes, quedando en el aporte voluntario de los moradores más comprometidos y significando un desgaste de la densidad comunitaria de las casas, aunque muchas de las demás medidas en este ámbito se hicieron permanentes como parte de un nuevo sentido común conductual en las viviendas.
 
Quedo también como línea de trabajo pendiente, que no pudo ser desarrollada en la intervención, el estudio legal administrativo de las leyes y reglamentos de arrendamiento, sanidad, seguridad y otras pertinentes a la regulación del mercado de alquileres residenciales en estas zonas, con el fin de lograr en mancomunidad de voluntades y esfuerzos (Municipalidad, Consulados, Ministerio del Interior, sociedad civil especializada, etc., por ejemplo), una suerte de “Contrato tipo o modelo” de arrendamiento que se haga obligatorio y fiscalizable,[8] imponiendo condiciones básicas de convivencia y uso de los espacios habitacionales, en estas comunidades, haciéndolas más seguras, higiénicas, con mejor calidad de vida y con más compromiso con los espacios vecinales y públicos (que pudiera incluso ser eventualmente adaptable y replicable en zonas y situaciones similares).   
 
Asimismo, se reveló como posible y deseable la creación –nuevamente a través de esfuerzos mancomunados de múltiples actores pertinentes, públicos y civiles- de un tipo especial de vivienda social, en este caso alquilable mensualmente (con la opción de adquirir derecho eventual a compra, al estilo de “leasing”), adaptada a las posibilidades de pago y condiciones de los inmigrantes, es decir viviendas colectivas, pero ordenadas, con servicios, seguridad y administración adecuados, financiable, al menos en buena parte, por el pago de los habitantes.[9]
 
Gráficos[10]
Nº 1: Casas, piezas, baños y habitantes, en magnitud.

Nº 2: Material de división de las piezas, por núcleos familiares, en magnitud. 
 
 

Nº 27: Postulación al subsidio habitacional del estado por núcleo familiar, Julio de 2007 / Julio de 2009, en magnitud.  

De las 8 familias postulantes, 1 ya obtuvo su casa propia, las otras 7 mantienen sus postulaciones. Otras 11 esperan y trabajan para cumplir los requisitos y postular.

Notas: 
 [1] Varios autores. Carolina Huatay & Ricardo Jiménez Compiladores. Construyendo comunidad. Intervención psico social en la comunidad inmigrante Barrio Juárez Larga, comuna de Recoleta, Santiago de Chile. 2007 – 2009.Organizaciones Internacional para las Migraciones – OIM / Programa Andino para la Dignidad Humana – PROANDES. Chile. 2010.
[2] Chilena, Psicóloga, miembro de la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM. vmellado@iom.int
[3]Peruana, Periodista investigadora, diplomada en migraciones (U. La República de Chile). Presidenta de Proandes. Directora de la intervención psicosocial integral en Juárez Larga. proandes@gmail.com
& Chileno, Sociólogo investigador (por la Universidad de Chile), especializado en migraciones. ricardojimenez06@yahoo.es
[4] Según una batería de indicadores consensuados por la mayoría de empresas de estudios de mercado. “ABC1” corresponde a los más altos ingresos; “C2” y “C3” a la clase media; y “E” a los más bajos o indigentes. El “D” refiere a personas con estudios básicos o medios incompletos, aunque cada vez es más difícil ubicar a gente de este grupo sin su escolaridad completa. Sin embargo, suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domesticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245 mil pesos y 440 mil. Viven en poblaciones antiguas, de tipo popular y con alta densidad poblacional, en calles con veredas estrechas y pavimento en regular estado, sin áreas verdes y medianamente limpias. Sus casas son pequeñas, de tipo económica y están en Cerro Navia, Recoleta, Conchalí y El Bosque.
[5] Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC de Recoleta. Plan de desarrollo comuna de Recoleta 2009 – 2012. Chile. 2008. Pág. 3 a 5. En: http://www.recoleta.cl/wp-content/uploads/pladeco_-2009_2012_version-final.pdf 
[6] Huatay, Carolina. Migración y precariedad. Cuando la dignidad humana naufraga en las orillas de la prosperidad. En: Revista Chacarera. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Perú. Agosto de 2007.  Un jardín infantil de la comuna de Independencia, adyacente al barrio Juárez Larga, para el año 2006, contaba con el 42.65% de las familias de los niños (29 familias) son de origen peruano. Allí, entre otros indicadores, el 72% vive en hacinamiento, 41.1% en piezas. Obreque, Carmen & Contreras, Adriana. Diagnóstico económico jardín de niñas y niños Estrellas de San José. CECV – Transferencia de fondos JUNJI. Santiago de Chile. 2006 (Sin editar).
[7] El Subsidio habitacional es una ayuda directa del Estado que se otorga por una sola vez al beneficiario y su núcleo familiar, como complemento al ahorro que ha acumulado el beneficiario para ayudarle a financiar la parte del precio de la vivienda que no financia un crédito hipotecario, y no se restituye al Estado. Ver:
http://www.minvu.cl/opensite_20070212161955.aspx
[8] Precisamente, uno de las medidas policiales de carabineros en una zona colindante y similar a la de Juárez Larga es “Denunciar a los propietarios de las viviendas a la Municipalidad por eludir tributos”. Problemática en zonas con alta concentración de inmigrantes y su influencia a través de servicios policiales y de la mediación comunitaria. Años 2006 – 2007. Carabineros de Chile. 2008. Versión PDF, facilitada por Carabineros de Chile. Aunque Recoleta muestra un porcentaje de peruanos menor (1.01%) que Independencia (1.89%), ello obedece a que esta última comuna muestra una población total menor a la mitad (65.479) de la primera (148.220). Pág. 13.
[9]Una de las sugerencias de carabineros para una zona colindante y similar a la de Juárez Larga es “Permitirles la adquisición de Viviendas Sociales… con la finalidad de erradicar el Hacinamiento… génesis de un porcentaje importante de los Hechos Policiales y Sociales que ocurren en la Comuna con inmigrantes”. Novena Comisaría de Independencia. Op. Cit. Pág. 17.
[10] Todos los gráficos son de elaboración propia de Proandes / OIM, en base a los datos obtenidos como resultados de la encuesta de caracterización psico social que se realizó con fines de diagnóstico (Julio de 2007) y evaluación (Julio de 2009), al inicio y al final de la intervención, respectivamente. La presente selección no corresponde al total de los datos obtenidos, sino únicamente a los que se consideró pertinentes al tema vivienda. Los 157 habitantes del universo encuestado corresponden al total de encuestados que inició y terminó en la intervención, sin considerar una población flotante de 21 personas que vivieron sólo por tiempos parciales en el barrio y la intervención.
 
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