El gremio de los camioneros una vez más en la historia hace templar los cimientos del palacio de La Moneda. La amenaza de paro hizo correr a los funcionarios de palacio –incluida la reina- para detener la inminente acción de protesta. Esto es un síntoma de que al famoso impuesto específico a los combustibles le queda muy poca vida y tarde o temprano va a desaparecer. Sin embargo, e independientemente de la justicia de las demandas de los camioneros, es necesario preguntarse por la eficacia de esta medida para resolver el problema de los combustibles. Primero, es importante entender que el precio del petróleo está subiendo y no es resorte del gobierno de Chile evitarlo. Lo que se podría hacer ya no se hizo pues reducir la dependencia del país respecto del petróleo como energía principal, es una política de largo plazo que se debió anticipar. Se prefirió dejar todo en manos del mercado y ya sabemos que los inversionistas privados sólo invierten en negocios redondos con ganancias inminentes de corto plazo. Las consecuencias eran totalmente previsibles y ahora comienzan a pasarnos la cuenta.
El problema es que los camioneros piden la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Con ello están favoreciendo a los sectores más acomodados del país, ya que, al tener un mayor consumo energético por persona, son quienes más usufructuarían de la eliminación de este impuesto. Además, agrava el problema de la calidad del aire al incentivar el uso del automóvil. Sería mucho más eficaz un mecanismo que les asegurara un precio estable y de mediano plazo con aumentos controlados y previamente anticipados que pudiesen absorberse, por parte de la población, con rebajas en el impuesto al valor agregado que es el más dañino para el bolsillo de los más pobres. Si el kilo de pan cuesta mil pesos, en poco más de dos meses, una familia pobre le entrega al Estado los 20 mil pesos que éste le da como bono compensatorio por las alzas del costo de la vida. Si pensamos en una familia con un ingreso de 100 mil pesos mensuales –de las que hay muchas- que gasta todo su ingreso en productos afectos al IVA, sólo en un mes le entregan al Estado lo que éste les devuelve de cuando en cuando como máxima expresión de generosidad y compromiso social.
Si efectivamente este gobierno tuviese sensibilidad social, bajaría considerablemente el IVA y subiría significativamente el impuesto a las utilidades del gran capital, pero, eso implicaría otro gobierno y otro Chile.
– El autor es economista y Director de Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad Arcis
Artículos Relacionados
Chile: El retorno de Lagos y el combate contra el olvido
por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
14 años atrás 7 min lectura
300 más ricos del mundo caben en un avión
por Jason Hickel (EE.UU)
12 años atrás 9 min lectura
Casa de Allende: el plan de la familia para mantener el control de la residencia luego de venderla en $993 millones al fisco
por Macarena Segovia y Diego Ortiz (Chile)
55 mins atrás
10 de marzo de 2025
CIPER accedió a la declaración del abogado y funcionario del Serpat. Su testimonio es clave, puesto que su experiencia como abogado especialista en el área patrimonial, y su rol a cargo de llevar el proceso de compraventa del inmueble, revelan el objetivo detrás de la anómala compraventa que finalmente resultó fallida.
La Constitución permite que el Presidente de Chile nacionalice la actividad minera por simple decreto
por Julian Alcayaga O. (Chile)
1 hora atrás
10 de marzo de 2025
La diferencia (entre las empresas mineras anteriores) es colosal con lo que hicieron o no hicieron las actuales empresas extranjeras de la gran minería, que ingresaron a Chile principalmente a partir de 1990. ¿Cuantas fundiciones o refinerías han construido? Ninguna. ¿Cuantas plantas de generación eléctrica? Ninguna. ¿Cuántas ciudades-campamentos? Ninguno. ¿Cuantos hospitales? Ninguno. ¿Cuantas líneas férreas? Ninguna.
Apoyamos a la familia de Julia Chuñil ante filtración de Fiscalía y presión mediática
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
4 días atrás
06 de marzo de 2025
La prensa y el Estado (el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial) tienen acceso a la carpeta investigativa, pero el secreto continúa para la familia y abogados de Julia Chuñil Catricura.
Abre tus ojos al Sáhara
por Rosa María Sardá (España)
1 semana atrás
02 de marzo de 2025
«Los acuerdos de Madrid [de 1975] no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el status de potencia administradora, status que España no puede transferir unilateralmente».