Referendum separatista y traición a la patria

El luchador por los derechos humanos y responsable del hallazgo de los archivos del Terror del Operativo Cóndor Martín Almada, presentó el domingo 4 de mayo una nota al embajador boliviano en Paraguay, Dr. Marco Antonio Vidaurre, solicitando el enjuiciamiento por alta traición a la patria de los instigadores de cualquier intento de balcanizar la región, en este caso los inspiradores del secesionismo de Santa Cruz en Bolivia. 

El premio Nóbel alternativo y víctima del Operativo Cóndor también alude a la fecha elegida para el referéndum, 4 de mayo, que entraña  tristes coincidencias con la instauración de la dictadura anticomunista de Alfredo Stroessner en Paraguay, también inspirada por el imperio norteamericano con afán de mantener dividida a la patria grande en beneficio del capitalismo imperialista.

Aunque gran parte de la prensa internacional adicta al imperialismo de Washington ha saludado la votación en cuestión como una jornada cívica, poca difusión han recibido las denuncias de la contraparte, en evidente muestra de racismo mediático. 

Vecinos de Santa Cruz han denunciado que las autoridades regionales prepararon un gran fraude con papeletas marcadas de antemano con la opción por el SÍ.  Miembros de la Juvenil Cruceñista se enfrentaron a manifestantes locales que pretendían llegar hasta los centros de votación para impedir el ingreso de esas papeletas.

Miles de bolivianos han decidido manifestarse en las calles en ciudades de todo el país para expresar su repudio al evento que pretende disgregar la unidad territorial boliviana, con un  ilegal referendo sobre el estatuto autonómico que las autoridades cruceñas han montado.  Las marchas más numerosas se registraron en El Alto y La Paz, en tanto también se vieron protestas similares en Oruro y Cochabamba.

Este referendo sólo es la guinda de la torta a una dilatada campaña de la CIA contra Evo Morales en la que ha venido combinando el secesionismo de Kosovo, la guerra psicológica y el fogoneo a la contrarrevolución interna como ayer lo hizo en el Chile de Allende o la Venezuela de Chávez.  El embajador Goldberg desde hace tiempo viene siendo denunciado por instrumentar la Nacional Endowment for Democracy, USAID y otros organismos para transferir dinero a ONGs y grupos de la ultraderecha hostiles al gobierno boliviano.  Sólo en los dos últimos años, las sumas de aporte a la oposición boliviana superan los 120 millones de dólares.

Los partidarios de Morales a su vez han denunciado que todo es una reacción al proceso de distribución de la tierra, que saca de quicio a los patrones cruceños.  Primero intentaron impedir la Asamblea Constituyente, secuestrando y agrediendo a los propulsores de la reforma agraria. Luego intentaron legitimar sus latifundios improductivos impidiendo que entrara en vigencia la nueva Constitución anti-feudal y anti-esclavista. Como lo demuestra la historia, en Latinoamérica la derecha sólo respeta la legalidad cuando le favorece.

Finalmente, se lanzaron a fragmentar territorialmente el país.
Martín Almada también recuerda que todos los códigos penales de América Latina tipifican castigos de entre veinte y treinta años para los ciudadanos que trataren de someter a sus repúblicas a la soberanía de una nación extranjera, que no es otra cosa lo que las oligarquías y clases dominantes bolivianas hoy intentan hacer con su país, cediendo ante las presiones y pretensiones de Goldberg y el imperio norteamericano.
Precisamente en la década de 1930 Paraguay y Bolivia se habían enfrentado en una guerra por el petróleo del Chaco, que había ocultado en los pliegues de las banderas de ambos países  los emblemas de las empresas Standard Oil y Shell.

A más de siete décadas de aquel conflicto, queda en claro que el Washington no ha renunciado a desempeñar un papel preponderante por estas latitudes, a las que sigue considerando su patio trasero.