Salarios inferiores al mínimo ganan temporeras del Valle de Cachapoal

Para denunciar que ganan menos del salario mínimo por un trabajo efectuado en condiciones infrahumanas,  trabajadores y trabajadoras de temporada del valle de Cachapoal se tomaron la carretera en la noche del miércoles 12 de marzo, y el jueves en la mañana, siendo fuertemente reprimidos por Carabineros. Hubo 24 detenidos, llevados a las comisarías de la zona y luego a los juzgados de letra de Peumo. La ruta H-66 G es conocida como la "carretera de la fruta". Son más de 400 los trabajadores y trabajadoras asalariadas temporales del Valle de Cachapoal  movilizados contra las malas condiciones laborales y salariales de la empresa VerFrut, ubicada en Santa Inés, región del Libertador Bernardo O`Higgins.

Esta empresa agroexportadora, cuyo gerente general es Javier Martínez,  paga menos del salario mínimo (cerca de $70.000). Los trabajadores (as) exigen un pago equivalente a $251.000,  piso logrado en las movilizaciones que  desarrollaron sindicatos de temporeras (os) en enero en Copiapó, y demandan también el fin de la subcontratación. Una de las causas de los bajos salarios  es que los contratistas alteran la contabilidad de las cajas cosechadas y seleccionadas, por lo cual a fin de mes los trabajadores no sacan un sueldo acorde con el tiempo trabajado.

Por otra parte, en los campamentos implementados por los contratistas,  haciendo caso omiso de las leyes vigentes, hombres y mujeres deben compartir habitaciones que llegan a alojar hasta 16 personas, sin servicios higiénicos adecuados, ni espacios para preparar alimentos.

Además, los trabajadores denunciaron la mala calidad de la alimentación que brindan las empresas externas contratadas por VerFrut.

El dueño de la frutícola Verfrut (que exporta 6,2 millones de cajas al año), Romano Vercellino, asegura que la mayoría de los trabajadores están conformes con su situación laboral. Se estima que su empresa suma pérdidas por 160 mil cajas en los primeros dos días de paralización.

La mesa de negociación con el dueño de la empresa, instalada el miércoles de la semana pasada no genera aún resultados aceptables para los trabajadores. En declaraciones formuladas al diario El Mercurio, el citado ejecutivo de la empresa señaló que evalúa el cierre de la fuente laboral a raíz de la protesta desarrollada en la planta de Las Cabras, cercana al Lago Rapel y ubicada a unos 70 km de Rancagua.

En la empresa está constituido un sindicato cuya presidenta es Erika Villanela. La Federación Ranquil –a la que pertenece este sindicato- ha estado asesorando permanentemente el conflicto y participando en la negociación iniciada.
Reacción de Anamuri

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, en una declaración dada a conocer el 13 de marzo recuerda  las demandas de las asalariadas temporales, planteadas desde el año 2002: fin de los contratistas, contrato con sueldos y condiciones laborales dignas y justas, previsión social,  acceso a la salud y derecho a sindicalizarse sin ser reprimidos. Señalan que todas estas demandas han sido ampliamente difundidas a la presidencia, al gobierno, a los parlamentarios  y al sector empresarial, a pesar de lo cual las condiciones han seguido precarizándose cada día más.

Denuncian asimismo que hoy los salarios son inferiores a los cancelados en la década de los ochenta, a pesar de que el empresariado puede pagar sueldos dignos, tal como lo refleja el acta lograda en Copiapó, y exigen que el empresariado de esa zona tome este acuerdo y mejore las condiciones salariales de las y los trabajadores.

Finalmente reclaman mayor fiscalización de la Dirección del Trabajo, y denuncian la acción represiva de las fuerzas policiales, y su persistente trato vejatorio a los trabajadores y trabajadoras movilizadas.