Pinochet: el dictador que no fue condenado por sus crimenes

Personeros importantes de la coalición gobernante en Chile han manifestado, de la manera que ellos creen es convincente, que Pinochet fue “condenado por el mundo” por los crímenes que cometió durante los 17 años de la dictadura que él dirigió. Desde luego para cualquier observador informado esto no va más allá de ser una frase hueca, vacía. Esa frase podrá tener sentido en política, en el deporte, pero no en el aspecto jurídico. En Chile, es sabido que los “triunfos morales” no tienen otro significado que soslayar una indecorosa derrota. ¿Cómo es posible explicarle al padre, al hijo, al esposo, a la esposa, a la hermana que ha buscado a sus seres queridos por décadas que Pinochet fue condenado “moralmente” no solo por las desapariciones sino por todos los crímenes, torturas, presos, robos y exilios cometidos por el? Claro, que en este caso, digámoslo con franqueza, no se trata de una derrota de los gobernantes post dictadura. Lo que está en el corazón de esta situación es el intento de encubrir la complicidad de los gobiernos de la Concertación con el corrupto sistema judicial chileno, sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, los militares y sus aliados, que fueron parte de la dictadura.

Una rápida mirada a lo que ha realizado la Concertación durante estos 17 años [tantos como los que Pinochet tuvo el gobierno], en materia de Derechos Humanos, nos permite concluir que su actitud ha sido ambivalente, débil, donde los ganadores son los victimarios más que las víctimas. Aquella famosa frase, que se trabajara “en la medida de lo posible”, cobarde e hipócrita, que por un lado indica que no existe intención de enfrentar a los poderosos y por otro, que lo que se realice será sólo para demostrar un tibio interés de hacer justicia a las víctimas. En general, la respuesta de los gobernantes, a excepción de Frei, que no tuvo gran preocupación por el problema de la violación de los Derechos Humanos, era que había que dejar que los tribunales actuaran, como si nadie supiera de que lado estaba la “justicia” hasta que empezaron a aparecer algunos jueces jóvenes, mejor preparados, honorables y sensibles al dolor de tanta gente. En todo caso eran golondrinas que no hacían verano, en un sistema discriminatorio y clasista desde siempre.

Amparados en la “independencia” del Poder Judicial, los gobiernos de la Concertación seguían teniendo confianza en que los juicios por la violación de los Derechos Humanos no les crearían grandes dificultades tanto a ellos como a los militares involucrados en dichas violaciones, porque no habría castigo a los culpables o ese castigo sería solamente simbólico. Así se daría cumplimiento a los acuerdos de la Concertación con el Pinochetismo y la derecha, impuesto por Estados Unidos, que contemplaban no castigar a los criminales, en particular a Pinochet. Sin embargo, todos ellos subestimaron la fortaleza, el valor y la esperanza de los familiares de las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos, la tenacidad y capacidad de un extraordinario grupo de abogados de Derechos Humanos y el Partido Comunista que buscaban justicia para sus militantes desparecidos o asesinados. A ello se sumaban los nuevos jueces con interés de hacer justicia y sobre todo, el hecho de que el juez español, Baltasar Garzón, consiguió la detención de Pinochet en Londres. El propio dictador había perdido una gran batalla. El intocable, el poderoso, quedó frente a los ojos del mundo como un individuo incapaz y cobarde que está a las puertas de ser juzgado por un Tribunal Extranjero ya que en su propio país, donde había cometido la gran mayoría de los crímenes, no era juzgado.

¿Qué hizo entonces el gobierno chileno, el mismo del señor Freí que poco se preocupo por la violación de los Derechos Humanos? Usó todos los recursos a su alcance: los políticos y los diplomáticos, para salvar al dictador. Con la complicidad de los gobiernos de Tony Blair, de Gran Bretaña, y del presidente Aznar de España, el gobierno chileno trajo de vuelta a Chile a Pinochet. El señor Frei, para que no se diga que este es un hecho aislado, fue en años anteriores al arresto de Pinochet en Londres, quien ordenó detener, por “Razones de Estado”, un proceso judicial en el que estaba involucrado el hijo mayor de Pinochet en un negocio ilegal con el ejército. Este escandaloso asunto denominado los “pinocheques” fue detenido y de los tres millones de dólares por los que el primogénito del dictador tenía que responder, nunca más se supo.

Patricio Aywin fue el primer Presidente de la Concertación. Cuando se hizo cargo del gobierno aún flotaba en el ambiente la brutalidad de los crímenes cometidos por el régimen militar, su preocupación central, sin embargo fue poner el énfasis en que la sociedad conociera de las violaciones de los Derechos Humanos, oficialmente, y no que los culpables fueran condenados por sus crímenes. Fue en esa época que se publicó el Informe Rettig que sirvió para que los defensores de los Derechos Humanos continuaran en su lucha, ahora con las pruebas concretas que los miembros de esa Comisión habían constatado. El impacto que produjo la publicación del Informe Rettig permitió que Aylwin acusara a los jueces de “cobardía moral” por la actitud complaciente que habían tenido con la dictadura. Pero, la constante sobre la violación de los Derechos Humanos continuó siendo la denuncia de los hechos y no la consecución de la justicia para las víctimas.

En el periodo presidencial de Ricardo Lagos, el tercero de la Concertación, se produjo un ascenso en la lucha para que se hiciera justicia a las víctimas de la represión, como producto de la detención de Pinochet en Londres y aunque el dictador estaba de vuelta en Chile había quedado en evidencia que no era un personaje intocable. Este es el tiempo en que la sociedad chilena sabe de que lado se encuentra cada uno de sus componentes en el objetivo de conseguir que se haga justicia. Nada más ni nada menos.

Posiblemente Ricardo Lagos sea el Presidente que más hizo para detener los procesos contra los militares acusados de violar los Derechos Humanos, en particular de Pinochet. Como está es sólo una opinión no un relato pormenorizado de la situación de los Derechos Humanos en Chile, señalo los datos que son más relevantes. Lagos en su gobierno, especialmente en los últimos años, intentó de manera reiterada, bajo distintas formas de encubrimiento, crear una ley de “punto final” para evitar “el desfile de miembros de las Fuerzas Armadas” antes los Tribunales de Justicia, en este empeño contó con el apoyo entusiasta de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en esos momentos Ministra de Defensa. Lagos rechazó de plano cualquier intento de terminar con la injusta ley de amnistía creada por el dictador para salvarse de los crímenes que cometió. Cabe mencionar que por esta razón Chile, como Estado, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no oponerse a la aplicación de la autoamnestia de Pinochet. Pero, lo más vergonzante de todo este proceso de dilatación y amparo a Pinochet fue el proyecto de ley que el año 2000 [al regreso del dictador a Chile], que Lagos envió al Congreso para concederle el titulo de ex –Presidente de la República con su correspondiente inmunidad. El abogado español, Joan Garcés, doctor en Ciencias Políticas de la Sorbona y Especialista en Relaciones Internacionales, ex asesor del Presidente Salvador Allende, lo explica de esta manera: Lagos con esta ley “dio un manto protector, que posibilitó a este- Pinochet- los procedimientos. En cada ocasión se debía decidir previamente levantarle la inmunidad, y, si se hacia [–perdía la inmunidad-] se recurría de la medida, y así una y otra vez. No fue casualidad, fue algo buscado”. Garces a
ñade “si los Tribunales chilenos no hubiesen sido imposibilitados para dictar sentencia, habría supuesto un aporte a los valores democráticos”.

Finalmente, en el ultimo año de su gobierno, Lagos recibió de la Comisión Valech el documento que contenía el trabajo de su investigación. De nuevo en el país se produce una gran conmoción al conocerse los horrores por los que habían pasado miles de personas, prisioneras de la dictadura. El gobierno aplica la política que lo ha caracterizado: junto con no dar una solución realmente justa al problema de compensación a las victimas decide que los nombres de los torturadores no serán públicos y se conocerán en 50 años más, o sea, otra vez se ampara a los violadores de los Derechos Humanos.

En cuanto al rol del sistema judicial chileno, salvo pocas excepciones, desde antes del Golpe de Estado de 1973 apoyo a los que pretendían terminar con la democracia. Sus principales representantes jugaron un papel de opositores políticos al gobierno de Salvador Allende obstaculizando al máximo lo que tuviera que ver con la situación legal.

Cuando se produce el Golpe de Estado el poder judicial pasó a dar un apoyo incondicional a los usurpadores del gobierno constitucional. Nunca, en el periodo más represivo de la dictadura, el poder judicial curso un recurso de amparo, de haberlos acogidos podrían haber salvado la vida de algunos detenidos. Su política fue amparar y proteger a los violadores de los Derechos Humanos. Cuando la dictadura fue reemplazada por un gobierno civil y los militares tuvieron que “desfilar” ante los tribunales de justicia, los jueces que representan el pasado cumplieron a cabalidad la tarea de lograr que Pinochet no fuera condenado por los horrendos crímenes que cometió. El Poder Judicial chileno tuvo el deshonroso privilegio de ayudar a derrocar el gobierno más democrático de la historia de Chile: el gobierno del presidente Salvador Allende y en su reemplazo instalar una de las tiranías más perversas de América Latina. Por eso no es extraña su participación en la búsqueda de la impunidad para los represores, la que sólo la presión de la opinión pública ha logrado paralizar. Por eso no es extraño que dilataran los procesos para que Pinochet no pagara por sus crímenes.

Los funerales de Pinochet dejaron al descubierto que Chile sigue siendo un país dividido, que la conducción hipócrita de la Concertación no ha llevado al país a un verdadero sistema democrático, que su interés principal es administrar el modelo económico creado por la dictadura. El inmenso déficit democrático y la forma de gobernar manipulando a los ciudadanos, son su peor derrota. Recordemos, por ejemplo, que la Concertación ha gobernado estos 17 años con una Constitución “hecha a la medida de Pinochet”: antidemocrática en su gestación y en su esencia, a la que le han hecho algunos cambios que no alteran su contenido. Incluso, la Concertación ha abdicado de sus atribuciones o posibilidades de avanzar realmente hacia la democracia. Por lo demás, la Concertación ha participado y elegido a sus representantes populares [senadores, diputados, etc.] con una ley electoral antidemocrática. Esta forma de hacer política es la que ha permitido que el pinochetismo este vivo y eventualmente pueda resurgir y que aquella otra frase vacía del “nunca más”, no sea más que una ilusión.

El antídoto al pinochetismo es que los culpables paguen por sus crímenes y que se construya una auténtica y genuina democracia, que tenga una efectiva participación de la ciudadanía.