Pinochet: procesado por la Operación Colombo

El juez Víctor Montiglio encausó al ex dictador por su responsabilidad en el secuestro calificado de tres miristas, desaparecidos desde 1974.

El general en retiro Augusto José Ramón Pinochet Ugarte casi no alcanzó a disfrutar de su libertad bajo fianza en el caso Riggs, pues el juez que indaga la Operación Colombo determinó procesarlo por la desaparición de tres miristas en 1974, por lo que definitivamente pasará con arresto domiciliario su cumpleaños número 90, este viernes 25 de noviembre.
 
La resolución del magistrado Montiglio, que era esperada por los querellantes de la causa, es por el secuestro calificado de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas, y Bernardo de Castro, tres antiguos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
 
Pinochet Ugarte deberá seguir bajo arresto domiciliario, bajo la custodia de personal del Batallón de Policía Militar del Ejército.
 
Este mismo destacamento era el que el pasado miércoles asumió la vigilancia de la residencia del retirado general, luego que el juez Carlos Cerda lo procesara por cuatro delitos relacionados con las cuentas secretas que mantenía desde mediados de 1980 en diversos bancos extranjeros.
 
Fuentes de la defensa de Pinochet reconocieron que el encausamiento no es algo que los sorprenda, pero aún no definen cómo enfrentar la situación judicial, por lo que no se descartó la presentación de un recurso de amparo.
 
Según consta en el Informe Rettig, Carlos Freddy Pérez Vargas, de 25 años, fue detenido el 10 de septiembre de 1974; mientras que su hermano, Aldo Gonzalo, de 23, cayó en manos de militares el 23 de septiembre de 1974.
 
Tras pasar a un centro de detención clandestino, el rastro de ambos se perdió para siempre. La misma suerte corrieron tres otros hermanos del matrimonio Pérez Vargas, al que de sus seis hijos la dictadura eliminó a cinco.
 
En tanto, Bernardo de Castro López, de 34 años, fue apresado el 14 de septiembre de 1974.
 
Los nombres de los tres aparecieron en la lista de 119 militantes de izquierda que murieron "a raíz de enfrentamientos entre facciones opositoras a la dictadura", según la versión que dio a conocer en la época la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para así tratar de encubrir sus crímenes.
 
La operación de la DINA  incluyó la publicación, por única vez, en junio de 1975, de las revistas Lea, en Argentina, y O Novo Dia, en Brasil, en las que se difundieron los nombres de las víctimas, bajo el supuesto que habían muerto en sangrientas purgas internas del MIR.
 
La prensa nacional de la época acogió ampliamente las falsas versiones, bajo titulares como "Miristas se exterminan como ratas", pese a que los 119 opositores habían sido detenidos meses o semanas antes en Chile y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.
 
La decisión de Montiglio era un paso seguro para muchos juristas, sobre todo luego del histórico careo que enfrentó a Pinochet con su antiguo leal colaborador Manuel Contreras, general que dirigió la DINA.
 
En la diligencia, el casi nonagenario militar en retiro reconoció que era el superior jerárquico de Contreras, quien desde hace años ha declarado que el organismo represivo dependía directamente de la cabeza de la junta militar que gobernó el país entre 1973 y 1978, tras lo cual Pinochet asumió la dirección del país con el título de Presidente de la República.
 
Los procesos de Pinochet
Después de su detención en Londres, en 1998, a raíz de una orden de extradición emanada de la Audiencia Nacional de España, Pinochet Ugarte ha debido enfrentar varios procesos judiciales en el país, pero en algunos logró ser sobreseído por razones de salud, a raíz de una "demencia subcortical leve a moderada", que ahora los tribunales no consideraron como un argumento válido.
 
De hecho, esta tesis se impuso para lograr la inimputabilidad de Pinochet en los casos Caravana de la muerte, Operación Cóndor y Calle Conferencia.
 
En tanto, respecto del crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, -registrado en 1974 en Buenos Aires, Argentina-, el Poder Judicial estimó que no había méritos para indagar la responsabilidad del acusado.
 
Además, aún hay pendiente una petición de desafuero en contra del general (r), debido a su eventual responsabilidad en las torturas practicadas contra opositores detenidos en la llamada Villa Grimaldi, una de las cárceles secretas de la DINA.