Vuelve a constatarse el escándalo de las privatizaciones
por Hugo Fazio (Chile)
19 años atrás 10 min lectura
Los parlamentarios de derecha miembros de la Comisión se restaron a la redacción del documento final, no asumiendo la magnitud del daño producido al patrimonio público e identificándose así en los hechos con los procedimientos utilizados. Una conducta aún más descarada la tuvo el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, que envió un documento a la comisión investigadora -posteriormente publicado por el semanario Qué Pasa- de abierta defensa del proceso de privatizaciones, en el cual desempeñó un papel protagónico. La fase de las privatizaciones más aguda, que incluyó a empresas que siempre fueron estatales -como Endesa y CAP- se efectuó bajo su dirección. Büchi, como otros responsables del proceso privatizador se negaron a concurrir personalmente a la comisión investigadora. Julio Ponce Lerou, Roberto de Andraca y José Yuraszeck, beneficiarios directos en el traspaso de recursos públicos, tampoco concurrieron.
Las pérdidas más grandes producidas se registraron en Endesa (US$895,6 millones), CAP (US$706 millones), Soquimich (US$261,9 millones), Chilgener (US$171,1 millones) –cuyo nombre actual es Gener-, Chilectra (US$96,4 millones), y el Banco de Chile (US$66,9 millones). El presidente de la comisión investigadora, diputado Carlos Montes, subrayó al entregar el informe que si bien hubo "grupos económicos previos, que se vieron favorecidos, especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política y que en definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos".
El enriquecimiento de Yuraszeck
El enriquecimiento de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet
Este traspaso de recursos del Estado es uno de los factores impulsores en el proceso de gran concentración de la propiedad que se registra actualmente en la economía chilena, al favorecer a grupos ya existentes o dando lugar a otros nuevos (Véase, "Mapa de la Extrema Riqueza al año 2005"). La comisión destacó, en sus conclusiones, que en las privatizaciones se utilizaron mecanismos especialmente diseñados para efectuarlas, que favorecieron su adquisición a "un costo muy depreciado". Se actuó, por lo tanto, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo. Peor aún, se utilizaron recursos recibidos por el Estado fruto de las privatizaciones para conceder préstamos destinados a financiar nuevas cesiones de propiedad. Un 30% de los recursos percibidos por Corfo -que era dueño o tenía participación accionaria en muchas empresas privatizadas- se utilizaron en créditos concedidos para financiar otros traspasos. En Chilectra Metropolitana Yuraszeck tuvo el desparpajo de incrementar su participación accionaria con un crédito obtenido en el Banco del Estado ascendente a US$ 65 millones. Es decir, con recursos públicos se financió parte de las privatizaciones.
El llamado “capitalismo popular”
En ocasiones, la toma de control de las empresas privatizadas fue aprovechado, luego de consolidar sus formas de dominación, para traspasarlos haciendo un alto diferencial entre su adquisición inicial a un precio muy bajo, con cargo en los hechos a un subsidio público, y su posterior venta a valores de mercado. Un ejemplo de ello lo proporciona la estructura de control creado en el sector eléctrico por el grupo Yuraszeck y su venta ya reseñada a Endesa España.
"Fue legal -dice el informe- vender en forma directa sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Nada estaba prohibido y todo podía decretarse a fin de concluir con rapidez los objetivos privatizadores… Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura". Es claro que una tiranía es la negación de la legalidad.
En los procesos de privatizaciones, entre los grandes beneficiarios estuvieron los mayores grupos económicos internos. En su primera etapa, que transcurrió entre 1974 y 1978, se expandieron espectacularmente los grupos Vial y Cruzat-Larraín, que luego se derrumbaron durante la crisis de comienzos de los ochenta. Igualmente creció el grupo de Ricardo Claro, que con los anteriores habían conformado la asociación conocida como "los pirañas" en la dé
cada de los sesenta. En la segunda etapa (1985-1989), entre los ganadores figuraron el grupo Angelini, al tomar el control de Copec con elevadas ventajas, y el encabezado por Andrónico Luksic en la reprivatización de CCU. A su turno el grupo Matte tomó el control en el sector forestal de Inforsa.
Lo más grave es que la Concertación no ha hecho nada por corregir esto
El informe recuerda otro antecedente que es conveniente tener presente para destruir imágenes que se han tratado de crear de los años de dictadura, entre ellos el supuesto crecimiento económico experimentado. El documento constata que en ese período el crecimiento promedio de la economía fue sólo de 2,9%. Hasta mediados de la década de los ochenta la economía prácticamente no creció, sufriéndose dos virulentas recesiones, inmediatamente después del Golpe y a comienzos de la década siguiente. Las tasas de crecimiento alcanzaron niveles elevados únicamente en los últimos años de dictadura, cuando se reanudó el ingreso de recursos desde el exterior, al percibirse por dichos capitales un tipo de salida como la que finalmente se impuso, no rupturista, pactada.
El informe consigna, además de las privatizaciones, que la Corfo quedó descapitalizada por los préstamos castigados, es decir que nunca se pagaron, y por las deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas, así como distintas otras determinaciones adoptadas de apoyo al sector privado. A ello debe sumarse los millonarios pérdidas sufridas por el Banco Central para impedir la quiebra de bancos comerciales durante la crisis de 1982; la recepción de pagarés de la deuda externa en montos muy inferiores a su valor real para estimular la inversión extranjera; y que la "República de Chile" se hizo cargo de la deuda externa privada del sector financiero.
Lagos: “deberíamos ser capaces de plantearnos un desafío sobre cómo abordar aquello”
Reviste mucha gravedad que quince años después se continúe hablando que se tiene el "desafío" de "cómo abordar aquello". El gobierno del Presidente Lagos finaliza sin haberlo enfrentado. La candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, no ha efectuado ningún planteamiento en esta dirección. Menos puede esperarse de Sebastián Piñera, uno de los favorecidos con el traspaso de empresas estatales, y de Joaquín Lavín que desempeñó un activo papel durante los años de dictadura, para luego transformarse en un panegirista de su gestión desde las páginas de "El Mercurio".
(24/07/05). "La decisión del Gobierno -señaló por su parte el ex vicepresidente de Corfo, René Abeliuk- fue mirar hacia delante y no hacia atrás. Si el Gobierno hubiese iniciado un pleito con los empresarios, habría sido una señal económica confusa. Las inversiones se habrían paralizado. Habría una decisión política que tomar -concluyó Abeliuk- y no había donde perderse"
(24/07/05). En otras palabras, políticamente se resolvió no seguir adelante, a pesar de lo concluyente de los antecedentes. Es de esperar que la historia no se repita. Es la exigencia a efectuar por todos los sectores democráticos.
Las privatizaciones no pueden ser consideradas sólo cómo una tarea propagandística o un material de reconstrucción histórica. Si muchas de ellas adquirieron expresiones escandalosas debe retomarse la formulación efectuada antes de ser Gobierno por la Concertación de revisarlas. El pacto Juntos Podemos propuso la realización de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre su eventual revisión. Las autoridades no han dado respuesta a esta propuesta.
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