Las reacciones a las duras condenas contra los saharauis de Gdeim Izik han sido contundentes: ausencia de pruebas, declaraciones obtenidas bajo tortura y un tribunal marroquí sin jurisdicción para juzgar hechos ocurridos en un territorio pendiente de descolonización, el Sáhara Occidental; una pantomima, un juicio farsa, y piden al Gobierno de España que se pronuncie.
La mayoría de los partidos políticos españoles han coincidido en rechazar la sentencia del Tribunal de Apelación de Salé -ocho cadenas perpetuas, tres de treinta años de cárcel, cinco de veinticinco, tres de veinte y otras cuatro de seis años y medio a dos-, similares a las que en 2013 impuso un tribunal militar de Rabat por los hechos ocurridos durante el desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento que 20.000 saharauis levantaron para pedir mejoras sociales en octubre de 2010, a 15 kilómetros de El Aaiún, en el que según Marruecos murieron 11 agentes. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación.
En las reacciones españolas ha habido una ausencia significativa, el Partido Popular, a la que hay que sumar la del que siempre calla si se trata del Sáhara Occidental y Marruecos: el Gobierno de Mariano Rajoy.
Diputados de Podemos, IU, En Comú Podem, En Marea, Equo, ERC, Compromís y Bildu firmaron una declaración pidiendo la nulidad del juicio, que el Ejecutivo intente que Marruecos indulte a los condenados y que la ONU investigue si los condenados sufrieron torturas o malos tratos; los diputados del PP, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron al considerar que el intergrupo para el Sáhara no tiene capacidad reglamentaria para hacer declaraciones, ya que los diputados miembros no pueden vincular a sus respectivos grupos y que si querían aprobar una posición política debían proponer una declaración institucional o una proposición no de ley.
El PSOE dijo que antes de emitir su posición política tenia que hablar con los observadores internacionales, precisamente los que no mandó al juicio como hicieron otras formaciones políticas, y Ciudadanos alegó que preparaba preguntas parlamentarias.
Un día después de la declaración del intergrupo, PSOE y Ciudadanos denunciaron irregularidades y falta de garantías en el juicio y que, citando a los observadores internacionales, no quedo acreditada la autoría material de las 11 muertes de agentes marroquíes, asó como que hubo obstáculos para el ejercicio de las defensas y que se admitieron confesiones obtenidas bajo tortura.
Quien tampoco envió observadores fue el Gobierno de España, a pesar de que se lo pidió al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, la responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que puso como ejemplo a Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza, que enviaron representantes de sus embajadas en Rabat.
Marina Albiol, eurodiputada de IU
La eurodiputada escribió al ministro de AAEE que “los delitos de los que se acusa a los detenidos son más que cuestionables, no habiéndose presentado ninguna pruebao, ni tan siquiera, los certificados de defunción de los miembros de las fuerzas ocupantes supuestamente asesinados, a lo que se suma que las autoridades judiciales se han negado a un peritaje de las supuestas pruebas presentadas”.
Una vez conocida la sentencia, Marina Albiol recriminó al Gobierno no haber atendido su petición y denunció “la complicidad política del Gobierno de Mariano Rajoy con las autoridades del Reino de Marruecos”, que con esta acción “ejemplarizante y disuasoria” continúa “con la represión a todo el movimiento saharaui democrático”.
A pesar de las peticiones de los partidos para que el Gobierno intente que Marruecos indulte a los condenados, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre las fuertes condenas a los saharauis de Gdeinm Izik, que han estado casi siete años presos sin sentencia firme.
Periodistas que no preguntan
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 21 de julio el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, habló de Cataluña, de becas, de ayudas para la amortización de largometrajes… y en su balance de la actualidad semanal se refirió a las visitas del Presidente del Gobierno a las tropas españolas desplegadas en Estonia y Letonia, pero no dijo ni palabrasobre la sentencia contra los 23 presos políticos saharauis.
Los periodistas presentes en la rueda de prensa tampoco preguntaron. ¿Hablará Mariano Rajoy de la sentencia en la próxima rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la última antes de las vacaciones, en la que tiene previsto comparecer? ¿Volverán a pasar del caso los periodistas acreditados en Moncloa?
Quien ha hecho una serie de preguntas al Gobierno para que se pronuncie sobre el juicio y la sentencia ha sido la senadora de Podemos María Vanessa Angustia. Afirma que en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik fueron asesinados cinco saharauis y que ante la acusación de la ONU a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Ginebra en este proceso judicial, el Gobierno español ha guardado un “silencio cómplice”.
Señala que Marruecos ha puesto trabas a las organizaciones internacionales que querían estar presentes en la vista, y destaca el caso del juez español Jesús Martín, deportado a su llegada al aeropuerto de Rabat; pide al Ejecutivo que aclare si va a solicitar a Marruecos el indulto para los activistas condenados, como ha hecho un grupo de parlamentarios marroquíes del partido Justicia y Desarrollo (PJD),
Por su parte, Fernando Maura, de Ciudadanos, ha preguntado al Gobierno qué gestiones ha hecho ante Marruecos para que cumpla la legalidad internacional con estos presos saharauis condenados y encarcelados en Marruecos, “lo que supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales”.
También se han pronunciado, entre otros, el Consejo General de la Abogacía Española, (“desprecio hacia las reiteradas denuncias de torturas”), la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (“la Comunidad Internacional debe imponer la aplicación del Derecho Internacional”), la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (condena “infame” y “juicio ilegal” por un “tribunal marroquí parcial y dependiente”), y el Consejo de la Juventud de España (sentencia “vergonzosa e infame”).
La directora de Investigación de “AI”, para el Norte de África, Heba Morayef, organizacion que con Human Rights Watch (HWR) pidió a las autoridades judiciales marroquíes que las sentencias no se dictasen por confesiones obtenidas mediante la tortura o malos tratos policiales, dijo una vez conocido el fallo judicial que si el tribunal hubiera querido darles un juicio justo “habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas” y que el hecho de que “durante más de seis años las autoridades judiciales no hayan investigado de manera adecuada las denuncias de tortura en esta causa empaña la sentencia”.
*Fuente: Contramutis