29 de julio de 2016
Esa noche había bebido. Venía a «medio vestir» y con dinero. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía.
Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote.
Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla.
Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama «egresos» de su sistema.
Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
Pero el caso de Guillermina parece no ser una excepción un sistema que está «en estado terminal», según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, entidad creada por la actual presidenta Michelle Bachelet para revisar y diseñar una nueva política de infancia.
El caos estadístico
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe.
Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016.
Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe.
El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra sólo incluye a los menores del área «protección».
Como la mayoría de los brazos estatales a cargo de niños vulnerables, el sistema chileno se divide en dos grandes áreas: «protección», que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, según lo determina un juez de familia; y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia,darían un total de 395.
Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
«Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio», explica Ortiz.
El Estado de Chile ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales»
Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y el año pasado presentó un informe con 200 medidas urgentes. «Ninguna se han cumplido», asegura el diputado.
El diputado históricamente perteneció a la coalición actual de gobierno, pero recientemente renunció a su partido por «falta de apoyo» en la investigación que una segunda comisión realiza sobre las muertes de menores.
BBC Mundo intentó conversar con la actual directora del Sename, Solange Huerta, para aclarar las cifras y para que ofreciera su versión de la situación. Sin embargo, Huerta no estuvo disponible para entrevistas esta semana, según su equipo de comunicación.
«No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos», le explica a BBC Mundo Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename.
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores.
«Este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen», le dice Ortiz a BBC Mundo.
Por primera vez este año y a partir de una seguidilla de muertes bastante cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro.
El factor «Lissette»
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Estos son los casos más «críticos», asegura Ortiz. Eso sin considerar los otros programas que dependen del Servicio.
Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado violencia.
Lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados.
En la lista hay una causa «indeterminada» de muerte que fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette.
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename.
Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono.
Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón»
Lissette
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus «pataletas» y una fuerza que ni cinco «tías» (cuidadoras) podían contener.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus «pataletas». Pero no.
Según el testimonio de una de las cuidadoras que estaba con ella ese día al programa de televisión «Contacto», del Canal 13, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido.
«Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar», le dijo la cuidadora a «Contacto».
Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos.
Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, fueron a buscar a los bomberos que estaban a una cuadra, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia. Pero Lissette ya estaba muerta.
Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel (…) no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual»
Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, la que le dio a la prensa la noticia del fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una «crisis emocional» causada porque un «familiar muy cercano» no la fue a ver el domingo.
La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
Sobremedicación
«Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada», le dice a BBC Mundo el psiquiatra Rodrigo Paz.
El médico, que es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas que sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico.
Además, la menor estuvo «expuesta a antidepresivos por años», a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños.
Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos «más agresivos, impulsivos e irritables», explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la «poca prolijidad« con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es «generalizada«.
El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. «
El problema es grave, considerando que la mayoría de los menores requieren medicación, según dijo el senador Alejandro Navarro cuando estalló la crisis.
«El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado. Hay que llevarlos a un centro asistencial infantoadolescente de manera urgente. Ya no basta con los oficios», afirmó.
Sin embargo, la situación se extiende más allá de las puertas del Sename.
«Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil«, asegura Estrada.
Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente.
«El bebé fue a un proceso de adopción porque no estaba capacitada para ser madre», cuenta el abogado querellante, quien calcula que la menor tenía 14 años.
Guillermina estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, según el abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave.
«Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay», explica Ortiz.
¿Solución?
Precisamente un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Estrada.
«Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle», explica el abogado.
El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen.
«Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos«.
Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones «muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño».
Estela Ortiz coincide en este punto.
«¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?«.
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada «que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo».
Acá existe una diferencia sustancial entre los menores «infractores de ley», que cuentan con «muy buenos defensores», y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema.
«Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho».
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera «dejar instalado» en este gobierno, es decir, antes de 2019.
El problema es que los niños no pueden esperar.
«Se pueden por lo menos tomar algunas medidas de transporte, poner un vehículo equipado las 24 horas por hogar, técnicos en enfermería», enumera Estrada.
El psiquiatra Rodrigo Paz asegura que tiene un plan concreto para apoyo psiquiátrico para los casos más críticos de menores internados el cual le presentó al gobierno anterior y al actual, desestimado por ambos.
Sin embargo, desde ambas administraciones explican que su propuesta tiene un presupuesto alejado de la realidad pública y que Paz «dejó de ser un interlocutor válido» por la beligerancia con la que ha planteado su crítica.
Tras el escándalo provocado por la seguidilla de muertes del primer semestre de este año, la fiscalía chilena ordenó una operación coordinada para investigar las muertes.
«En caso de muertes evitables, que se investigue a fondo y, si hay responsabilidad de personas, aquí no vamos a ocultar absolutamente nada».
Más allá de remediar el daño y exigir justicia para los niños más vulnerables del país que el Estado no logró proteger, hay coincidencia en que el gran desafío hoy es cómo evitar que esos casos se repitan.
«La situación del Sename está en una crisis grave que es horrorosa. Es una cuestión que nos debiera dar vergüenza a todos y (empujarnos a) que, de una vez por todas, hacer todo lo que tengamos que hacer para que nunca más un niño que está bajo la tutela del estado sea vulnerado en sus derechos», remata Ortiz.
*Fuente: BBC Mundo
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