9 febrero 2016
La “ilógica” asociada en el fondo, esto es, la convicción de que lo privado merece apoyo estatal y lo público no, es verdaderamente risible. Lástima que su humorístico carácter no nos libere de tales razonamientos y tengamos que revisarlos en las páginas de algún diario, como si fueran cosa seria.Un excelente ejemplo en tal sentido, son los planteamientos de Álvaro Góngora, decano en la Universidad Finis Terrae, quien en una columna de opinión publicada en El Mercurio, a fines de enero recién pasado, utilizaba el concepto “estatizante” como un insulto (en una jerga propia del ortodoxo Cato Institute) y tildaba de “criterio arbitrario e ideológico” la decisión de subsidiar la oferta en la educación superior, no así la de subsidiar la demanda, por supuesto, que probablemente para él sea algo así como “lo que dios manda”.
Como puede apreciarse, el debate en torno a la reforma educacional en Chile no ha estado ajeno a ese sutil e invisible juego hegemónico. Durante estos últimos dos años, los promotores del principio de subsidiariedad han vertido litros y litros de tinta en la disputa de posiciones, para hacer creer a la ciudadanía que lo correcto es el sistema instalado en 1980, el que, apelando a la libertad de enseñanza, instauró la libertad de empresa en lo educacional y la retirada del Estado de su quehacer. A tal punto llegó la falta de mesura de esta línea argumental, que en 2014 el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile planteó que el Estado no debía dar un trato preferente a sus propias universidades, por cuanto aquello era una discriminación para aquellas privadas integrantes del Consejo de Rectores.
La educación en Chile necesita menos pensamiento único y mucho más diálogo, más debate amplio, más contraposición de ideas, en definitiva, más política.
Afortunadamente, después de diez años de la “revolución pingüina” y de cinco del “movimiento universitario”, la ciudadanía está mucho más espabilada frente a argumentos de tal naturaleza y, aunque aún falta mucho por avanzar, está más consciente de sus derechos, así como del rol que le cabe al Estado como garante de los mismos.
Las universidades del Estado, en la suma y la resta, han sido perjudicadas en el actual proceso, no por falta de voluntad del Gobierno que, por el contrario, ha buscado, a través de la reforma, devolverles el rol que deben cumplir como formadores y como actores del desarrollo regional y nacional, sino por la acción de los jugadores con poder de veto del sistema educativo, usando el concepto propuesto por Tsebelis, que no estuvieron dispuestos a perder sus posiciones de privilegio financieras, políticas o religioso-doctrinales. La “ilógica” asociada en el fondo, esto es, la convicción de que lo privado merece apoyo estatal y lo público no, es verdaderamente risible. Lástima que su humorístico carácter no nos libere de tales razonamientos y tengamos que revisarlos en las páginas de algún diario, como si fueran cosa seria.
La educación en Chile necesita menos pensamiento único y mucho más diálogo, más debate amplio, más contraposición de ideas, en definitiva, más política. La Ley larga de Gratuidad en Educación será una arena interesante para aquella disputa, pero también habrá otras igualmente trascendentes, como la creación del Sistema Nacional de Educación Pública. Como ven, el 2016 será crucial. Habrá que estar preparado para ello.
–El autor, Tito Flores Cáceres, es Doctor en Gobierno y Administración Pública y académico universitario
*Fuente: El Mostrador