«Urgente, urgente» hoy a las 7 AM fue robado por parte del estado todo el equipamiento de Radio La Victoria de nuestra Población, denunciamos al estado por no democratizar el espectro radioeléctrico y ayudar a su concentración en manos de los grandes consorcios y transnacionales de la comunicación.
La pregunta es ¿A quién le conviene que existan menos radios comunitarias y canales comunitarios?
Hoy el estado gasta más de mil millones de pesos en equipamientos para detectar y cerrar todas las radios comunitarias que no tienen concesión, asegurando así que no exista pluralismo en la comunicación.
Subtel inicia una nueva y tecnológica forma de fiscalización.
Con el objetivo de fiscalizar a las compañías que entregan servicios de telecomunicaciones, la Subtel presentó el denominado Centro de Radiomonitoreo, con el cual se supervisa la estabilidad de las señales de los proveedores.
En conversación con CNN Chile Pedro Huichalaf, subsecretario de Telecomunicaciones, se refirió a este nuevo sistema donde una de las primeras tareas de la iniciativa fue la búsqueda de radioemisoras ilegales. Un forma en la que la fiscalización es efectuada a través de sondas y se aplicará en todo el país.
*Fuente: Señal 3 La Victoria (Población La Victoria, Santiago, Chile), Canal Comunitario
El hambre que derrota al lenguaje
30 de junio de 2025
«Esto no es una retirada de la escritura. Es una parálisis total.
Ya no tengo los medios para expresarme.
Ya no tengo el cuerpo para sentarme.
Ya no tengo la mente para formar una frase completa.
Tengo miedo de morir antes de poder escribir mi propia muerte.»
Villa Grimaldi invita a Conversatorio Digital «¡Alto al Genocidio en Gaza!»
30 de junio de 2025
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi les invita a participar en este importante conversatorio.
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Chiloé: por conducta maliciosa demandan declarar inválido el permiso para Ecopower
30 de junio de 2025
Para las comunidades afectadas, que llevan 15 años resistiendo el proyecto y para la propia SMA, el uso de antecedentes falsos por ECOPOWER SAC representa «un peligro para la institucionalidad ambiental chilena», y se espera una sentencia que avale la legislación ambiental y evite que las empresas se burlen de las entidades encargadas de velar por su cumplimiento.