La Armada en un mar de sangre

La peor tormenta de que se tenga memoria en Valparaíso no se formó de garúa o de nubes grises, sino que en las profundidades del mar un martes de tardío invierno. Ni siquiera la estupefacta luna alcanzó a derramar una lágrima de plata por el temporal de terror que se avecinaba, tal vez porque nunca se imaginó la ferocidad de los militares que salieron a matar en una guerra inventada. Cuando remeció su asombro y quiso gritar para que la gente común y corriente del puerto escapara por los cerros hacia el cielo, le perforaron el pecho, le destrozaron la mirada y le enturbiaron para siempre su luz de faro eterno. Y en medio del  miedo cayó Miguel, irremediablemente y para siempre, pues la Armada lo hizo desaparecer, como a muchos. Porque los ricos no perdonan, simplemente matan cuando tienen que matar, y los marinos torturan cuando tienen que torturar, para luego ocultarse en las sombras del olvido. Y a Miguel Woodward, sacerdote del pueblo, lo torturaron en la Academia de Guerra Naval, lo asesinaron en La Esmeralda y lo desaparecieron en la bruma porteña hasta que su hermana Patricia Woodward y el esposo de ésta, Fred Bennets comenzaron el sinuoso periplo para desentrañar la verdad de lo sucedido a Miguel y hacer justicia en un país sin justicia.

La resultante de sus esfuerzos – 34 años después del golpe y 6 años después de haber presentado una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso – ha sido la resolución de la ministra Eliana Quezada quien declaró reos a los Vicealmirantes (R) Adolfo Walbaum Wieber; Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; a los capitanes de navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann y  Ricardo Riesco Cornejo, así como al Dr. Carlos Costa Canessa. Walbaum era jefe de la I Zona Naval y, además, intendente designado de la dictadura, por su parte, Aldoney era jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso, el capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y el doctor Costa firmó el certificado de defunción de Woodward sin jamás haber examinado o visto el cadáver del sacerdote. Lo hizo en el antiguo Hospital Naval de Playa Ancha, donde se habilitó una sala en el último piso del recinto para albergar a prisioneros políticos torturados en la Academia de Guerra Naval y que requerían atención médica para, posteriormente, continuar siendo interrogados y torturados por el Servicio de Inteligencia de la Armada. Allí, doctores, enfermeras, sacerdotes y marinos colaboraban con los servicios de seguridad intentando obtener información de los detenidos.

La utilización de diversos recintos navales, la participación del Alto Mando en la planificación e implementación de la represión implican, sin lugar a dudas, responsabilidad institucional en la represión. Para Patricia, “la Armada debería hacerse responsable, como institución, de todas las violaciones de derechos humanos infligidas bajo su mando en todas sus dependencias en Chile”. Más aún, señala categóricamente Bennets, la Armada “debe  reconocer que no tiene sentido alguno – y nunca lo tuvo –  insistir en la tesis  articulada por el actual comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina,  que las responsabilidades podrían llegar hasta el nivel de ‘mandos operacionales’, pero nunca hasta los Altos Mandos”. La resolución de la jueza Quezada “ya ha llegado a este último nivel y los Altos Mandos, por definición,  sí tienen autoridad, y por lo tanto responsabilidad institucional en el sentido político y moral, y en todos los demás sentidos, salvo, evidentemente, en lo puramente judicial, puesto que la Ley Penal sólo es aplicable a personas”. Además, sostiene Fred Bennets, “el Almirante Codina ha dicho que él es el único Alto Mando de la Armada que estaba en servicio en septiembre de 1973. No es así. Y puesto que la Armada tiene plenos poderes para investigar a sus funcionarios en servicio activo para garantizar que ninguno de los oficiales del Alto Mando actual participaron en las acciones represivas después del 11 de septiembre de 1973”,  debería investigar “a nivel del  Consejo de Almirantes, a los vicealmirantes Mariano Sarratea Saint-Lawrence, director general de Finanzas;  Cristián Gantes Young, director general de los Servicios y, Sergio Robinson Prieto, jefe del Estado Mayor General de la Armada”. Quizás se desentrañaría el misterio y el secreto que circundan a la acción represiva de la Armada en la región y se ensancharía el horizonte de justicia.

Un poco de justicia en medio de la impunidad de la Armada
De repente son sólo ramalazos de luz esculpidos en la neblina porteña de esos días, minúsculos fragmentos de verdad, retazos de memoria y atisbos de justicia. Sin embargo, para Patricia Woodward, el fallo de la ministra Quezada constituye, “definitivamente un paso adelante, un paso muy esperanzador”, no sólo porque identifica y procesa a oficiales del Alto Mando, sino porque  “es significativo que la base de los cargos sea secuestro, no asesinato”. Efectivamente, el fallo judicial los somete a proceso y declara reos por secuestro calificado y torturas a varios prisioneros políticos lo cual, para Jaime Contreras, integrante del Grupo de Amigos de Miguel Woodward y amigo personal del sacerdote, significa “un paso de primera importancia hacia la verdad y la justicia, no sólo respecto al caso de Miguel, sino de todos los torturados y muertos por la Armada. Es claro que este paso debería ser seguido por declarar reos y procesar a los mandos medios, ejecutores y encubridores del ‘secuestro calificado’ – entiéndase asesinato –  de Miguel y por resoluciones similares en otras querellas en curso”.

No obstante este alentador paso, y el coraje de la ministra Eliana Quezada, subrayado por los querellantes, toda vez que ha sido amenazada de muerte y, además,  sometida a presiones por parte de la Armada, todo puede quedar en nada debido al clima general de impunidad que se ha entronizado en el país y, en particular, por la conspiración de silencio verificada en el caso de Woodward. Conspiración, según Patricia, “difícil aún ahora de descifrar, pero ciertamente la Armada no actuó sola.  Yo diría que los vínculos entre distintos estamentos de la sociedad chilena todavía siguen vigentes”, por lo demás, afirma Bennets, esta “conspiración de silencio tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es pieza clave en el supuesto apoyo del gobierno en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, pero el caso de Miguel ha dejado claro que este Ministerio ni siquiera está permitiendo que toda la información que custodia dentro del Archivo de la Comisión Rettig sea facilitado a los tribunales cuando éstos la requieren”.

Asimismo, se ha sabido que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría por hacerse parte del proceso lo cual es rechazado por los familiares del asesinado sacerdote, toda vez que “el papel de este organismo ha sido muy cuestionable en materia de derechos humanos. Es motivo de escándalo entre la propia gente del CDE que su Procurador Fiscal en Valparaíso, Enrique Vicente, es imputado en el caso Miguel Woodward y ha hecho grandes esfuerzos para informarse sobre el contenido del expediente. El Teniente (R) Vicente, ex-Fiscal Naval, se encuentra bien acompañado en el CDE: otro ex-Fiscal Naval, Luis Winter fue nombrado por el actual gobierno como Consejero Abogado a pesar de las quejas de las organizaciones de derechos humanos. En años anteriores entre los Consejeros Abogados nombrados por el gobierno de Lagos estaba Gonzalo Vial – falsificador del “Plan Z” y manipulador del Informe Rettig – tal como fue denunciado en páginas de Punto Final. Por si fuera poco, el CDE cuenta como Gerente con un ex-oficial de la Armada quien hace pocos años, cuando comandaba la Esmeralda en un crucero a Halifax, dijo de Patricia Woodward, por unas declaraciones suyas a la prensa canadiense : ‘la Dama miente’”.
 
El manto de silencio y encubrimiento de las atrocidades cometidas por la Armada no se circunscriben  a la institución  o a órganos del Estado, sino que se extienden, también, a la Iglesia a la cual pertenecía Miguel. Es en este contexto que Patricia asevera que “en 1986 intentamos conseguir información sobre Miguel en el Obispado de Valparaíso. No conseguimos nada.  En una conversación por teléfono con el ya anciano y enfermo ex Obispo Tagle, me dijo que no recordaba si lo habían muerto o fusilado. Y ahora, aunque pueda parecer que los tiempos cambian, la Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna declaración para restituir la dignidad y  el trabajo entre los pobres de mi hermano. Muchos católicos en este país todavía creen las historias que contaban de los curas ‘comunistas’, puras falsedades y mentiras”. Fred, por su parte, indica haberse  “enterado recientemente que un sacerdote amigo de Miguel, preocupado por su detención, contactó al Obispo Emilio Tagle y fue informado por éste que estaba bien.

Por lo demás, el entonces Vicario General de la diócesis, Jorge Bosagna – que tenía una oficina en el buque Lebu, centro de detención y tortura de la Armada, – hoy en día Director del Hogar de Cristo – es imputado, por encubrimiento, en el sumario de Miguel”. Del mismo modo, Jaime Contreras  es crítico del accionar de la Iglesia, afirmando que la iglesia podría haber defendido la vida y, posteriormente, hacerse parte de la investigación del asesinato de un sacerdote, uno de los suyos, “sin embargo, la jerarquía ha tenido un rol encubridor. Por Ejemplo, nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward y, como es sabido, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, anunció en el Vaticano, en 2001 que había adoptado la decisión de no presentar querellas en los casos de ‘uno u otro sacerdote que sufrieron torturas y hasta la muerte’. Asimismo, el Servicio de Inteligencia Naval habría tenido acceso al archivo privado del Obispo de Valparaíso que contenía información confidencial acerca de los sacerdotes de la diócesis”

Pero, además, existe una especie de blanqueamiento sistemático de la imagen de la Armada y de su rol real en la represión post-golpe, por parte del Estado y de sus principales autoridades políticas que se expresa, por ejemplo, en que la “presidenta Bachelet  no contesta las cartas enviadas  sobre el caso de Miguel Woodward.  No sabemos qué relaciones puede tener el Gobierno con el Alto Mando de la Armada,   sólo los vemos a ambos en eventos públicos: en la llegada de nuevos barcos, en la despedida de la Esmeralda en cada crucero de instrucción, como si nada hubiera pasado en el barco”. De hecho, parece haberse estructurado, desde el Estado, y particularmente del gobierno,  un espeso manto de olvido sobre todo lo acaecido en Valparaíso, a pesar de todas las evidencias disponibles acerca de la violenta represión ejercida por la Marina.

La presidenta Bachelet, a la sazón ministra de defensa, se refirió en discurso pronunciado con ocasión de la inauguración del “Mes del Mar” en 2003, a lo que definió como “ una cierta continuidad conceptual en las dos misiones primarias que la Armada de Chile había ejercido históricamente: aquella vinculada al uso de la fuerza para el efectivo ejercicio de la jurisdicción del Estado sobre nuestro territorio marítimo, sea en misiones de defensa o de control policial; y aquella vinculada a la proyección del poder naval para respaldar los intereses del Estado”. Es decir, ninguna mención a su participación y responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, por el contrario, se omite ex profeso, su rol represor en la historia de Chile, con anterioridad y posterioridad al golpe militar de 1973.

La Armada miente y sigue mintiendo
Por lo mismo, la resolución de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, constituye un importante paso en la dirección de desarticular la operación de blanqueamiento de la Armada, sea por acción u omisión, agenciada  por distintas instituciones y personas. La principal de ellas, por cierto, es la misma Armada que siempre negó que se hubiese torturado en reparticiones navales aduciendo, en el improbable caso que se hubiesen producido “excesos”, que estos eran de responsabilidad individual y no institucional. No obstante, ello es desmentido por la acuciosa investigación llevada  a cabo por Quezada donde queda judicialmente establecido que Woodward fue detenido por una patrulla naval en el cerro Placeres, conducido a la Academia de Guerra en el cerro Artillería y, luego de haber sido brutalmente torturado, a la Esmeralda. Debido a lo anterior es que la ministra Quezada consideró necesario  realizar una reconstitución de escena en el buque-escuela que, por cierto, suscitó la furia del cuerpo de almirantes en retiro – cuyo vicepresidente es  uno de los imputados – que interpeló al actual comandante en jefe por, supuestamente,  haberles abandonado.

El que no les ha abandonado es Jorge Arancibia, ex comandante en jefe de la Armada y actual senador por la derechista Unión Demócrata Independiente UDI, quien declaró recientemente tener “la más absoluta convicción de la inocencia de varios personajes que ahí aparecen”, agregando que “es un momento muy duro para ellos y en lo humano quiero darles mi apoyo”. No obstante, Fred Bennets sostiene que “lo que el Senador Arancibia manifiesta en publico tiene poco que ver con lo que hace tiempo dice en privado. En una entrevista que nos concedió hace ya varios años, admitió que probablemente sí se habrían ‘apretado las gomas’, explicándonos que en el lenguaje de los marinos significaba ‘habrían torturado’. En la misma reunión nos habló de haber visto ‘una hilera de cuerpos’  en el molo de la Armada el 17 de septiembre de 1973 (‘lo recuerdo porque es mi cumpleaños’, dijo). Posteriormente, comprobamos que este hecho no lo informó a los juzgados navales ni lo denunció más tarde en la Mesa de Dialogo que él mismo promovió. Eran detenidos desaparecidos”.

Y fueron millares los detenidos y torturados por la Armada y más de un centenar los asesinados y desaparecidos por la institución que, hasta ahora, ha permanecido en la más absoluta impunidad, iterando un discurso de inocencia y negación que ofende la memoria y la dignidad de los caídos. Esto contrasta, dice Bennet,  con la angustia que siguen sufriendo los miembros de la  tropa de la Armada, simplemente por haber tenido que cumplir las órdenes criminales de sus oficiales. Un ex-cabo nos contó en una carta como él y un compañero fueron obligados a cargar en una furgoneta los cuerpos torturados de varios presos que luego desaparecieron. Seguía leal, de alguna manera, a la Armada ‘que me ha dado todo en la vida’. Sin embargo, nos había escrito para descargar su conciencia y, muy particularmente, porque su antiguo compañero había muerto recientemente, todavía abrumado por lo que sus oficiales le habían obligado a ver y hacer”.
 
Entierros clandestinos
Pero no sólo a miembros de la Armada se les obligaba a participar en actos inmorales y criminales. Con motivo del descubrimiento de una fosa común clandestina en el cementerio Nº 3 de Playa Ancha y con posterioridad a una apelación pública de Patricia Woodward para suministrar información a fin de identificar las osamentas halladas junto a proyectiles utilizados en esa época por la Armada, “un ex-enterrador del Cementerio, actualmente diácono de la Iglesia, testificó que, inmediatamente después del golpe, en una zona ubicada a unos 20 metros del sitio del memorial que se erigió para honrar a Miguel, fue obligado, mientras unos marinos le apuntaban con armas, a enterrar seis cuerpos (uno fusilado con la sangre aún fresca en su pecho) en dos sepulturas, tres en cada una. En esa ocasión denunciamos los hechos a la juez, que hizo interrogar al testigo, pero hasta ahora, presumiblemente por falta de tiempo, no ha tomado medidas de oficio, afirma Bennets. O quizás, como mantiene Contreras,  “si no se investiga más a fondo los crímenes de la dictadura es por el poder que tienen las instituciones armadas – y la presión que ejercen – por sobre los poderes del Estado, el encubrimiento y apoyo que encuentran en estos mismos poderes e incluso el miedo y la falta de recursos y de voluntad por parte de las víctimas y sus familiares”. Voluntad, tesón y paciencia que ciertamente han tenido aquellos que han bregado por esclarecer la verdad del asesinato de Miguel: sus familiares, el Grupo de Amigos, organismos de derechos humanos, como Fasic y Amnistía Internacional y cristianos de base, entre otros. Tal vez ha sido una forma concreta de honrar la memoria de un hombre concreto.

“Miguel solía leer la Biblia antes de dormir”, recuerda Jaime, quien compartía una modesta casa con el sacerdote. “Una vez, leimos juntos un texto y lo comentamos. Miguel no era hombre de comentarios abstractos, sino concretos y útiles para el quehacer inmediato. No es que no fuese capaz de hablar de cosas generales, pero de lejos prefería lo práctico. Ingeniero, hijo de padre inglés, creyente en que el amor ha de ser eficaz y concreto, era un hombre pragmático. Su comentario fue entonces que el texto leído significaba que mañana teníamos que hacer tales y cuales cosas, que debíamos llevar a cabo tales y cuales tareas en el resto de la semana. Era capaz de traducir la palabra evangélica a la vida inmediata”. Y la tarea ahora es que el pequeño paso dado por la justicia no se diluya en consideraciones políticas, en temores o en las mentiras que sigue esgrimiendo la Armada para ocultar lo inocultable: que fueron sus oficiales y marineros los que detuvieron, torturaron, violaron y asesinaron en recintos navales. Y, queda aún mucho camino por recorrer para hacer justicia.
Abril 2008

-El autor es Sociólogo y Director Centro de Estudios Interculturales ILWEN
CHILE
Publicado originalmente en revista Punto Final, Chile