La Corte de Justicia de la Unión anula los acuerdos de pesca y los relacionados con los productos agrícolas —aunque sobre estos últimos da una moratoria de un año para que sigan en vigor— debido a que el pueblo saharaui no dio su consentimiento para la firma de esos tratados entre la Unión Europea y Marruecos, potencia que ocupa la gran parte del territorio del Sáhara Occidental.