Las condiciones infrahumanas de las cárceles chilenas no sólo han sido sino son ampliamente conocidas. Lo sabe el Parlamento, la administración del Estado y el Poder Judicial que, por definición y naturaleza, y sin detenerse a cavilar acerca de los alcances de sus resoluciones, envía periódicamente a los condenados a vivir en ese infierno terrenal. Y no lo saben sólo porque se han informado sobre el particular, sino por ser, precisamente, ellos quienes han provocado tal situación, artífices y realizadores de una tragedia cuyas consecuencias aún se desconocen.