El Estado alemán –no sólo el Gobierno de turno, sino también las instituciones que regulan la vida nacional en el territorio germano– ya había sido criticado en el pasado por la pasividad con que responde a los actos de violencia racista y a la discriminación de las personas que no son blancas, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero, desde hace un año, se han intensificado esos reproches, debido sobre todo al tardío descubrimiento de los nueve asesinatos xenófobos perpetrados impunemente por el grupo de ultraderecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, sus siglas en alemán) entre 2000 y 2007.