La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos y dejar en libertad al dirigente de las FARC Jesús Santrich, causó un verdadero tsunami político en Colombia, que comenzó con la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y un urgente llamado del presidente Iván Duque a su gabinete.