Según “fuentes dignas de fe”, Chile habría “comprado” con contratos del Estado a dos de los tres jueces arbitrales que el 13 de septiembre fallaron contra Víctor Pey, el dueño chileno-español del desaparecido diario Clarín, quien desde hace dos décadas reclama una compensación del Estado de Chile por la expropiación de su periódico, el edificio [ahora sede de los tribunales militares], maquinaria y propiedades inmobiliarias, practicada por la dictadura cívico-militar.