Frivolidad
¿Cómo se mide la inmensidad de ese dolor? ¿Cómo se mide esa humanidad ultrajada tan masivamente y, por lo general, tan anónimamente? ¿Qué cicatrices pueden quedar en la psiquis de un país después de una barbarie de esas dimensiones?
A casi tres décadas del Informe Rettig: Fuerzas Armadas aún no devuelven recintos utilizados en violaciones a los DDHH
La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse. La Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.
La grotesca y triste explicación de un ex presidente chileno sobre la impunidad
En una carta respuesta del Ex Presidente Lagos al semanario El Siglo (texto completo se puede leer más abajo, a continuación de esta declaración) sorprende la ligereza y la falta de consideración con que el Ex Presidente reconoce después de tantos años que los Ex presos políticos se movilizan para exigir solución a sus problemas pendientes, pues los sucesivos gobiernos civiles, incluido el de su propia gestión, han hecho gala de un raro desprecio hacia ellos.
La Concertación debe explicaciones (LXIV): defensa de la impunidad de la tortura
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué desarrolló bajo sus sucesivos gobiernos políticas destinadas a consagrar la impunidad de la tortura sistemática llevada a cabo por la dictadura. Desde ya, pese a que el Informe Rettig concluyó en 1991 que la tortura había sido un método sistemático de represión usado por la dictadura (Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pp. 111-4), el gobierno de Aylwin no inició ninguna investigación destinada a identificar y reparar a sus víctimas, ni menos a buscar la sanción penal de sus victimarios.