El Sáhara Occidental, antigua provincia del Estado español, lleva más de 45 años entre el exilio, la represión y ocupación, sin que se le haya dado una solución de conformidad con el Derecho Internacional. El Estado español, como potencia administradora, tiene la obligación, no solo de proteger a la ciudadanía saharaui, sino de facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para que el territorio deje de ser la última Colonia de África.