Hace justo un año, la Corte Suprema ratificó una verdad que en círculos de los derechos humanos, nunca fue cuestionada y que, incluso, se establece en el informe Rettig, tras la recuperación de la democracia. Y esto es que la ejecución -hoy derechamente asesinato- de los máximos dirigentes del Partido Socialista, se hizo por resolución de un ilegal Consejo de Guerra verificado en Pisagua, el 29 de octubre de 1973. En la madrugada, enfrentan las balas de la dictadura Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y  Freddy Marcelo Taberna Gallegos. Los antecedentes en su contra se dieron en el contexto del también falso “Plan Zeta”.