Dos gárgolas de extrema derecha han defendido en los últimos días la tesis de que la dictadura representaba un estado de derecho y comparan la fuga del torturador y asesino sentenciado Iturriaga Neumann con lo vivido por la presidente Bachelet en tiempos de la dictadura.
La dictadura nunca fue un estado de derecho, sino un estado de usurpación y crimen dirigido por delincuentes y matones inhumanos pagados por las clases ricas del país. Que estas clases innobles y sus senadores y diputados chulos quieran ahora defender a sus matones a sueldo y pretendan evitarles los castigos que merecen, es de algún modo comprensible, pero pretender que sus acciones se comprenden o justifican en el marco de un estado de derecho es realmente un acto de una vileza sin nombre.

Romo, uno de los torturadores más despiadados y detestables que estuvo a su servicio, recibía oficialmente el Ejército de Chile alrededor de US $ 380 mensuales mientras que las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Valech, sólo perciben el equivalente a unos US $ 213 al mes.  En otros términos, el Ejército de Chile financiaba a Romo con fondos que pertenecen a todos los chilenos, entregándole mensualmente una cantidad susbstancialmente mayor a la que perciben sus víctimas por concepto de reparación de los daños físicos, sicológicos y morales sufridos a sus manos.

Las legiones romanas [12] se preparaban para la guerra bajo dos modalidades: debían tomar las posiciones enemigas por asalto o por asedio. Ninguna de ellas eran incompatibles entre sí, sino que se imponía una sobre la otra de acuerdo a las circunstancias, con la flexibilidad que aconsejaba el terreno. Se cuenta de un general romano, que a la solicitud de rendición exigida a la guarnición enemiga, obtuvo como respuesta de los asediados que estaban dispuestos a resistir 10 años, porque tenían pertrechos y víveres suficientes para tal eventualidad. Se dice que el general replicó: “Entonces tomaremos la posición en el 11º año".