Categoría: Denuncia

El día 1 de julio recién pasado, mientras negociaba el Royalty para la Reconstrucción, el Sr. Golborne, actual ministro de Minería de Chile, afirmó en la red social Twitter que “las reservas [mineras chilenas] son de quiénes las encuentran. No son nuestras”. Es fácil verificarlo.
Semejante declaración en un medio público es gravísima. En primer lugar, por anticonstitucional: El dominio eminente y exclusivo del Estado sobre los recursos mineros está consagrado en el Cap. III, Art 19 Nº24 de nuestra Ley Fundamental.

Miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara emplazaron al Gobierno a destituir inmediatamente al embajador en Panamá, Alberto Labbé, por haber declarado en calidad de inculpado en la fatídica Operación Cóndor.
Los diputados expresaron  que no sería improvisación lo que está haciendo el Gobierno, sino una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos humanos. Esto, por los casos de Iván Andrusco en Gendarmería, Miguel Otero en Argentina, Luis Castillo en el ministerio de Salud y ahora Labbé en Panamá, todos vinculados al régimen militar.

La lenidad y desidia del organismo regulador explica la fiscalización tardía [a instalaciones] que colapsaron vertiendo más de 40 mil metros cúbicos de relaves con contenido tóxico, con material químico que se utilizan para la separación de zinc, plomo, plata y cobre en los ríos adyacentes [al río Escalera —y, por consiguiente, a sus afluentes Huachocolpa (también conocido como Totora Pampa) y Opamayo] envenenando la flora y fauna de los ríos afectando la reproducción de los campesinos que recién el domingo 27 pudieron constatar los miles de peces muertos, y el grado de contaminación de las aguas que ya no se pueden utilizar en los regadíos ni para los animales ni para la vida cotidiana. Es decir, son ríos muertos.

Graciela C. Gómez es abogada y escribana, nacida en Romang, Santa Fe, Argentina. Actualmente vive en Buenos Aires. Es una mujer que personalmente admiro profundamente por su tremendo coraje para denunciar públicamente el agrodicio y genocidio que cometen algunos grandes productores, y las multinacionales. Ella me dice: “Sufro de amenazas verbales o usan a terceros para hacérmelas llegar, típico de cobardes. Me molestó, y mucho, el “apriete“ de un funcionario público, pero como bien decía Quevedo: “Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”, a lo que quiero agregarle: los ignaros también.»

Un reporte especial
Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los pueblos de México. Los  gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de resonancia lo negaron una y otra vez.
Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.

Quinientos años después de la Conquista de América, las empresas multinacionales españolas, con el apoyo de la diplomacia, de los organismos financieros internacionales y de los medios de comunicación, se hacen con los sectores clave de las economías de América Latina.
Es el segundo desembarco. Modernización, generación de empleo, disminución de la pobreza… fueron solo mitos.
Vea un video de 40 minutos denunciando esto.

Las asociaciones usamericanas por los derechos civiles y la defensa de la libertad de los ciudadanos se hallan seriamente preocupadas por el riesgo de militarización de las redes informáticas nacionales.
Disparó la alarma la decisión de la administración Obama de transformar la conocida Oficina para la Seguridad Nacional (NSA) – el Gran Hermano que espía todas las actividades y las comunicaciones electrónicas de la población de los EEUU – en un comando militar interfuerzas enteramente dedicado a la guerra cibernética.

Desde el año 2006, los Estudiantes Secundarios han denunciado la inoperancia y el fracaso del actual sistema educativo, que pretenden solucionar con subvenciones especiales o preferenciales.  Ante este panorama, la respuesta de los gobiernos y del mundo político ha sido la de instaurar mesas de diálogos, formular “promesas” y luego decretar leyes, que hacen crecer la brechas de desigualdad social, favoreciendo los intereses de los grandes empresarios, cuyo fin último es siempre la ganancia, dejando el ámbito de la Educación en territorio de empresarios inescrupulosos que especulan con el futuro formativo de nuestro país.

US$ 200 millones de presupuesto estimado
Con el argumento de cuidar las arcas fiscales y tener mejor control de las campañas informativas, el gobierno pretende centralizar la adjudicación de contratos publicitarios a través de un convenio marco. La Asociación Chilena de Agencias de Publicidad estudia el caso con sus abogados y los críticos afirman que las bases de la licitación están hechas para que ganen las tres agencias más grandes y desincentivan la libre competencia. El monto involucrado equivale al 20% del total de la inversión publicitaria realizada en el país en 2009.

Estoy aquí porque niños de todas partes están sufriendo y porque 40.000 personas mueren cada día de hambre. Estoy aquí porque la mayoría de esas personas son niños. Debemos entender que los pobres están a nuestro alrededor y los estamos ignorando. Debemos entender que estas muertes pueden evitarse. Debemos entender que las personas de los países del Tercer Mundo piensan y se preocupan y sonríen y lloran, igual que nosotros. Debemos entender que ellos son nosotros y que nosotros somos ellos. Mi sueño es que el año 2000 el hambre haya terminado. Mi sueño es dar a los pobres una oportunidad.
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